El fiscal Carlos Stornelli analiza llamados de la ex jueza de la causa, la ex titular del INAI María Magdalena Odarda y el Ejército. La causa hubo investiga si existió un plan para que el Ejército no apelara a tiempo un fallo que entregó tierras a mapuches
La Corte Suprema de Justicia tiene bajo su estudio una apelación del Ejército Argentino para intentar revertir una decisión judicial que dispuso la entrega a organizaciones mapuches de 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la “Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón”, en cercanías en la zona de San Carlos de Bariloche. Pero en los tribunales de Comodoro Py se investigan los motivos que llevaron al Ejército a no apelar a tiempo esa resolución: el foco se posó ahora en el rol que tuvo la jueza de Bariloche (hoy jubilada) María Silvina Domínguez y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión de Alberto Fernández, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La entrega de tierras -ubicada en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez- no se concretó. Fue una orden de la Corte Suprema que tuvo lugar en marzo del 2023. “La decisión de ejecutar la sentencia en ese contexto no solo reviste gravedad institucional, sino que, además, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar una medida que preserve la jurisdicción del Tribunal, evitando que se produzcan agravios de muy dificultosa reparación ulterior que impidan el dictado de una sentencia útil en la causa”, dijeron los ministros de la Corte, contra la resolución que ordenaba entregar los terrenos, pese a que regía una medida de no innovar.
“Podríamos estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública - quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores- que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”, dijeron el año pasado los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens . Fue al hacer lugar a una apelación de la fiscalía contra la decisión del juez Daniel Rafecas, que entendió que no existió delito.
Y en noviembre pasado, la Cámara Federal redobló ese criterio: dejó al borde del juicio oral un grupo de funcionarios, al procesarlos por incumplimiento de sus deberes. “Hubo una maniobra que dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino”, sostuvo el fallo. Los jueces ordenaron averiguar si eso respondió a una orden de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración del Tesoro de la Nación. El fallo expone además una paradoja: precisamente los únicos que con este escenario podían haber apelado era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que, desde el Estado, representa a los mapuches y obviamente no lo hizo.
Sobre ese fallo, el fiscal Carlos Stornelli avanzó y le solicitó al juez Rafecas una serie de medidas de prueba: entre ellas, aparece el análisis del “legajo personal correspondiente a la jueza María Silvina Domínguez”, las circunstancias de su nombramiento como jueza subrogante del Juzgado Federal de Bariloche; y la remisión de copias de todas las sentencias e interlocutorios de mérito dictadas por los juzgados federales pertenecientes a la jurisdicción de General Roca vinculados a reclamos o pretensiones a favor o en contra de comunidades indígenas y/o en procesos penales vinculados a dichas comunidades. La jueza Domínguez se jubiló a inicios del 2023.
Puntualmente, el fiscal Stornelli le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que informe la totalidad de abonados telefónicos particulares y oficiales asignados a la jueza María Silvina Domínguez. Y la totalidad de abonados telefónicos particulares y oficiales asignados a María Magdalena Odarda, ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de políticas sociales destinadas a los pueblos originarios y destinado a garantizarle a esos integrantes sus derechos “consagrados constitucionalmente”. El listado incluye también a los teléfonos asignados a los funcionarios de Jurídicos del Ministerio de Defensa, revelaron a Infobae las fuentes consultadas. Puntualmente de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa y uno de los procesados en la causa.
No es un detalle menor que, tal como reveló Infobae, los jueces analizaron en aquella oportunidad los mensajes de los funcionarios involucrados: “Ya me bajaron la orden de no apelar, cualquier cambio de rumbo le aviso”, decía una de las pruebas que analizó la Cámara Federal.
También están analizando los documentos que manejó para este caso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de políticas sociales destinadas a los pueblos originarios y destinado a garantizarle a esos integrantes sus derechos “consagrados constitucionalmente”. Se trata de la copia de todos los expedientes administrativos vinculados al caso que firmó Odarda y los antecedentes de su renuncia. El ex presidente Alberto Fernández había dispuesto su salida en agosto del 2022, en medio de la tensión originada con el gobierno de Río Negro por la conflictividad mapuche.
En la causa declaró en diciembre pasado Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fernández, quien afirmó que se enteró por los medios que el Ejército no había apelado la entrega de tierras. Dijo que el tema no era su función pero consultó por un “interés profesional”. “Veíamos que en principio parecía una causa perdida porque no se había cumplido con la apelación. Los detalles de por qué no lo hicieron o que estrategia siguieron no los tengo”, dijo.
En su testimonio, Paleo dijo que ya desde la pandemia, cuando le tocó viajar a Bariloche, los militares le hicieron saber su preocupación por el conflicto mapuche y las tierras. Y subrayó la importancia de la preparación en esa escuela, para tareas de alta montaña. “Restringir la disponibilidad de esos campos tiene una afectación sobre el nivel de adiestramiento de la fuerza y la defensa”, aseguró.
Y confirmó que en otros puntos del país también con conflictos de ocupación en instalaciones del Ejército por grupos de pueblos originarios. “Se que en muchas provincias hay problemáticas de este tipo”, dijo. Y mencionó Vaca Muerta, a la que definió como un área estratégica como lo sería una central nuclear. “Si tuviéramos un ataque externo, seguramente son infraestructuras a ser plausibles de ser atacadas porque afectan el potencial de nuestro país”, dijo. Y recordó los “impedimentos para trabajar en la zona de Vaca Muerta porque los movimientos indígenas u otros no extractivistas que están en contra de la explotación de minerales, restringía el acceso a la zona de trabajo. Entonces como fuerzas armadas tenemos que defender los objetivos, pero no podemos estar ahí”, afirmó.
Todo se centra en un predio ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues. Este terreno pertenece desde 1937 al Ejército Nacional. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue aseguran que habitaban este territorio desde fines de siglo XIX, antes de que se establezcan las tropas militares en el lugar.
El predio fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del INAI del 2012. Pero estas tierras están en manos de la Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, y se usan para perfeccionar a las tropas de Montaña del Ejército Argentino, para preparar a las patrullas para el rescate de andinistas civiles y militares en las situaciones extremas de la alta y media montaña, y también para el pastoreo del ganado.
En Bariloche, la causa comenzó a fines del 2020. En la demanda, se sostuvo que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160″. Esa ley, sancionada en 2006, ordenó relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional y frenar los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas. En ese contexto, se disponía un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
La comunidad Millalonco dijo en la Justicia que el INAI ya había mensurado sus terrenos en 2011 pero que todavía la comunidad no tenía el título de propiedad comunitaria. Por eso solicitó “la inmediata transferencia directa a la Comunidad”. En el marco de la tramitación del amparo, tanto el Congreso como el Estado Nacional -a través del Ministerio de Defensa- rechazaron el planteo. Lo mismo hizo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Pero la jueza federal de Bariloche hizo lugar al planteo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el término de 60 días –a partir de que quede firme esta sentencia-, transfiriera a título gratuito el predio. El fallo podía ser apelado pero la apoderada del Estado Nacional, Silvia Cristina Vázquez, que depende de la Procuración del Tesoro, presentó el escrito y la Cámara Federal de General Roca advirtió que la abogada no estaba formalmente presentada en el expediente.
De inmediato, Marta Ranquehue (werken), representante legal de la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue, reclamó “rechazar la apelación del Ejército Argentino por haber sido presentada de manera manifiestamente extemporánea”. Los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego convalidaron esa decisión por una apelación tardía.
El Ejército presentó un recurso extraordinario con miras a que la Corte Suprema les abra la puerta a esa apelación. Hablaron de la “evidente arbitrariedad al no permitir el derecho de defensa al Ejército”, máxime teniendo en cuenta que en esa zona “se forma y perfecciona a las Tropas de Montaña que tiene asignadas responsabilidades de Defensa Nacional no solo en Bariloche sino en toda la Cordillera de los Andes y participan en las tareas de rescate a lo largo y a lo ancho de la zona de media y alta montaña”.
Mientras tanto, en Comodoro Py se radicó la denuncia para analizar por qué no llegó la apelación a tiempo. El juez Rafecas opinó que el caso debía tramitarse en el sur, pero la causa quedó en los tribunales de Retiro. Luego entendió que no había existido delito y dictó la falta de mérito de los involucrados, pero cuatro funcionarios terminaron procesados. La Cámara Federal porteña ordenó investigar si “los acontecimientos fueron producto de una actuación aislada de las personas aquí incriminadas, o eventualmente fue una decisión que se gestó en instancias superiores”. Por Patricia Blanco
Publicado en www.infobae.com
