Librar a Santa Fe del terrorismo narco será una tarea difícil en una lucha de fuerzas asimétricas, pero hoy puede decirse que el rumbo es el correcto
La ciudad de Rosario se sumergió en un escenario de confrontación descarnada. En un abrir y cerrar de ojos, las mafias cobraron dos vidas de taxistas, mataron al conductor de un colectivo con un certero disparo en el cráneo, asesinaron a sangre fría a un playero de estación de servicio frente a una multitud de cámaras de seguridad, atacaron una comisaría y prendieron fuego un taxi.
No es la primera vez que arremeten de esta manera. Días antes, tirotearon dos autobuses que transportaban a policías y agentes penitenciarios. Y el sábado 2 de diciembre de 2023, el colectivero César Luis Roldán fue brutalmente abatido mientras guiaba un vehículo de la línea 116.
Los recientes golpes llevan consigo un objetivo ulterior vía mensajes: zapatillas abandonadas en los lugares de los crímenes de los dos taxistas, un arma idéntica y balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe, mientras que uno de los ataques aconteció en las cercanías del hogar personal del jefe de la fuerza. Es la represalia contra el orden.
La “guerra contra las drogas” de varias décadas y la más reciente “guerra contra el terrorismo” han encontrado un terreno común en la lucha contra la amenaza del narco-terrorismo, combinando así dos amenazas que tradicionalmente se han tratado por separado. El concepto de narco-terrorismo surge de la comprensión de que los dos fenómenos del tráfico de drogas y el terrorismo están interconectados y, por lo tanto, que una coordinación de políticas antidrogas y antiterrorismo puede ser utilizada, y es necesaria, para lidiar efectivamente con ambas amenazas.
El término narco-terrorismo se utilizó por primera vez para describir campañas de traficantes de drogas que utilizaban métodos para infundir el terror, como el uso de coches bomba, asesinatos y secuestros, contra la policía antidrogas en Colombia y Perú. Los narcoterroristas en este contexto se refieren a individuos como el narcotraficante Pablo Escobar del cartel de Medellín en Colombia y otros capos narco, la mafia u otras organizaciones criminales, cuyas acciones fueron definidas como “los intentos de los traficantes de drogas de influir en las políticas del gobierno mediante la amenaza o el uso sistemático de la violencia”.
¿Cómo se traduce esto en Rosario? El reciente accionar narcoterrorista, al que la ministra Patricia Bullrich y el gabinete nacional se refieren como “terrorismo urbano”, ha desencadenado una serie de eventos que claramente muestran una planificación y sofisticación superiores a los ataques y amenazas que se vienen sucediendo desde el 12 de diciembre, cuando Maximiliano Pullaro tomó la decisión de reubicar a los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde residen los principales cabecillas de las bandas.
El enfoque del Gobierno es que la ola de descarnada violencia intencionalmente publicitada tuvo siempre como objetivo paralizar la ciudad, generando un estado de conmoción que llevó al cierre de los servicios públicos esenciales (salud, educación, transporte, limpieza) y la paralización de la nocturnidad por temor a nuevos ataques.
La idea es resentir el funcionamiento de las instituciones fundamentales del tejido estatal ante una situación que cambia los incentivos de las organizaciones criminales. En primer lugar, porque la proliferación de la sombra narco en Rosario y Santa Fe se pudo dar por la connivencia de gobiernos -tanto en el estrato provincial con Omar Perotti, como el nacional con Alberto y Aníbal Fernández (quien, no olvidemos, el 2 de marzo de 2023 anunció que “los narcos ganaron”, luego de una balacera contra el supermercado propiedad de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo), por filtración permisiva de las instituciones, es decir, la paralización de las estrategias tendientes a la profesionalización, despliegue, desarrollo de inteligencia y disposición de las fuerzas de seguridad a combatir la criminalidad resultando en un estado de anomia, un vacío de poder en el cual se desarrolla la narcocriminalidad.
Tanto como es destructiva, la naturaleza de esta primera génesis lleva inherentemente a la disputa intracarteles, léase, ante la ausencia de fuerza de la ley que se oponga, hay tierra liberada y el foco de la violencia para a ser la disputa entre bandas por el territorio, el “saldo de las cuentas”, la posesión de mayor volumen de mercado de narcomenudeo, de negocios de logística con carteles internacionales, de lavado de dinero e influencia en la política.
Pero desde diciembre hay un elemento nuevo: el Estado, en sus estratos provincial y nacional, toma la decisión política de convertir la lucha contra el narcotráfico en causa de rigor, por compromiso y por narrativa. En el eje narrativo propuesto por la Ministra de Seguridad de la Nación está la premisa: “el que las hace las paga”, y en el del gobernador Pullaro el comando de las fuerzas para terminar con la inseguridad.
Las calles rosarinas respiraron de alivio en un enero donde el trabajo coordinado por la muy efectiva labor de Bullrich junto al Subsecretario de Intervención Federal, a cargo del Operativo Bandera, Federico Angelini, y el trabajo de Pullaro, logrando que se bajaran un 57% los homicidios en Rosario, se incautaran 56 kilogramos de cocaína y 890 kilogramos de precursores químicos.
Sumado a ello, el mandatario santafesino propuso la literal “bukelización” de la comunicación en seguridad, difundiendo un vídeo de como el GOEP santafesino requisa y controla las cárceles de la provincia, anunciando que los criminales apresados cada vez la van a pasar peor, y que van a cortar de raíz con el home office de narcotraficantes y maleantes que montan en nuestro sistema penitenciario sus oficinas de trabajo remoto.
Le dieron vuelta la cancha al narco, y estos respondieron en consecuencia. Su negocio es muy grande como para no responder, ergo su contraataque fue intentar poner en cuestión la solidez de las instituciones estatales intentando generar un caos que afecte los servicios públicos, que ponga en tela de juicio la capacidad de quienes toman decisiones y desarrollan la lucha contra la inseguridad. A la fuerza de la ley le responden infundiendo terror, y aunque se ponga difícil, no es momento de recular.
Desde la década de los ‘90 hemos presenciado en la ciudad y la provincia un profundo recrudecimiento de la narcoviolencia, que comenzó, por supuesto, con base en la venta y logística de “producto”, pero que concluyó en el macronegocio que hoy constituye el poder real de las bandas: el territorio.
A 2023, una investigación de los periodistas Hugo Alconada Mon y Germán de los Santos daba cuenta de que había carteles que se llevaban 5 millones de dólares al mes de ganancia neta en territorio rosarino. Una realidad posible gracias al dominio territorial que llegaron a ejercer luego de años de connivencia, falta de decisión política de combatirlos y cesión del monopolio de la fuerza por parte estatal.
El narco tomó las calles y se configura como un Estado paralelo. ¿Viene el Cirque du Soleil? Deben pagar la “cuota” de 100.000 dólares para que “no haya problemas”. ¿Los clubes de fútbol quieren evitar conflictos y mantener a los barras “en caja”? Habrán de pagar la “cuota” también. Ni hablar en aquellos barrios donde las organizaciones narcocriminales tomaron el control. Allí han reemplazado las funciones que provee el Estado, y son garantes de la seguridad de los vecinos, se configuran como benefactores, prestamistas y hasta “justicieros”, “ocupándose” de quienes atenten contra “su gente”.
La paraestatalidad es un fenómeno expansivo en Rosario, y ha -durante las últimas dos décadas- encumbrado su poder dentro de la formalidad del Estado también. El caso testigo ha sido la policía de Santa Fe, organización a la cual en el marco de las disputas entre los dos carteles más importantes de Rosario, los Cantero y los Alvarado, se empezó a corromper. Primero pagándole a las fuerzas para que haga la vista gorda frente al narcocrimen organizado; luego “incentivando” a la policía a perseguir a los “competidores” mientras la banda contratante se expandía con impunidad; y el tercer estadío fue no solo obtener protección y persecución a rivales, sino seleccionar a quienes querían a cargo de la institución policial como jefe departamental, sobornar a la Justicia para poner fiscales y comprar juzgados.
Así fue como, hasta 2023, 9 jefes policiales de Rosario estaban investigados y/o presos por vinculos con el narcotráfico. Sumado a que desde la década del 90, con el ex gobernador Obeid, que los gobiernos provinciales tienen documentos internos que dan cuenta de la “impresión de impunidad de los miembros de la PSF”, “anarquía evidenciada en el predominio de los objetivos individuales o grupales, legales o ilegales, frente a los objetivos institucionales”, “pujas internas” y “desconfianza del personal subordinado a sus superiores”, “desprestigio público en un contexto de creciente aumento de la criminalidad y sensación de inseguridad” (NdeR: al Ministro de Gobierno Rosúa, 1998), un proceso que nunca se detuvo, y que tuvo su punto cúlmine en el último dato disponible sobre policías en la provincia: fueron 120 efectivos santafesinos que terminaron presos en 2022. Uno cada tres días.
Es en este marco es que el pedido de la ministra Bullrich al Gobernador de que “limpie” la polícia provincial tiene especial importancia. Una requisitoria que no es nueva, porque se la realizó también al ex goberandor Miguel Lifschitz en 2016. Así como no hay novedad en ella, tampoco debería haber sorpresa.
Es fundamental comprender que no habrá comandos unificados ni volumen de fuerzas de seguridad que resistan la posibilidad de que la información del trabajo que realizan quienes nos cuidan termine en las manos equivocadas, ni habrá manera de sostener una política de seguridad activa que le ponga un freno a la crisis si entre los que le ponen el cuerpo a la situación de proliferación criminal más enquistada que hemos vivido existe la posibilidad de que haya impunidad para la comisión de ilícitos por parte de algunos.
A hoy los registros dan cuenta de más de 20 detenidos y allanamientos en curso que podrían ser de utilidad en cuanto al trasfondo y las responsabilidades detrás del terrorismo urbano que se desató con mayor intensidad en las calles rosarinas, mientras que a la creación de un Comité de Crisis entre Provincia y Nación para conducir la estrategia operativa en conjunto, al amparo de la Ley de Seguridad Interior, se le sumó el desembarco por estas horas de recursos de las Fuerzas Armadas para apoyo logístico.
Librar a Santa Fe del terrorismo narco será una tarea díficil en una lucha de fuerzas asimétricas, pero hoy puede decirse que el rumbo es el correcto. Todos los poderes del Estado están trabajando de manera coordinada, poniendo todos los recursos a disposición de la causa para traer la paz: ojalá estemos ante el principio de la resolución.
Por Nicolás Krapf
Publicado en www.infobae.com
