Es uno de los puntos incluidos en la reforma de la ley del personal de las Fuerzas Armadas, enviado al Senado; hasta ahora lo impiden normas de rango inferior; es difícil que el Congreso trate la propuesta antes de fin de año.
l Gobierno tiene previsto prohibir por ley a las Fuerzas Armadas la realización de homenajes públicos a los condenados por delitos de lesa humanidad y contra el orden democrático. El impedimento, que hoy rige por resoluciones de menor jerarquía, alcanzará a los oficiales y suboficiales en actividad y retirados y está previsto en el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández remitió al Congreso para una reforma integral al régimen legal del personal militar.
Es uno de los puntos incluidos en el paquete de 117 artículos y tres anexos del proyecto en el que trabajaron el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la conducción de las Fuerzas Armadas para actualizar la ley 19.101, que regula las normas a las que debe ajustarse el personal militar. la ley vigente fue sancionada en 1971, hace más de 50 años y a través del tiempo tuvo 174 modificaciones, mediante distintas disposiciones, lo que derivó en una dispersión normativa que ahora se busca corregir, explicaron a LA NACION fuentes gubernamentales.
Desde 2009, a partir de una resolución aprobada en la gestión de Nilda Garré, el Ministerio de Defensa prohíbe despedir con honores, por ejemplo, a los imputados en causas de delitos de lesa humanidad, aunque el caso no presente una condena firme. Esa restricción llevó en su momento a situaciones de extrema tensión, como ocurrió en la V Brigada de Montaña de Salta, cuando en junio de ese año se le impidió al jefe de la unidad, general Jorge Enrique Altieri, instalar una capilla ardiente para velar los restos del general retirado Rodolfo Wehner, fallecido cuando estaba procesado.
El caso más emblemático fue la orden impartida por Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004, cuando obligó al entonces jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar.
El tema recobra actualidad al incluirse en el proyecto del Gobierno, aunque en la actualidad no se esperan fuertes resistencias en los mandos militares.
También se prohíbe a los militares retirados “promover actividades proselitistas de carácter político partidario”. Al respecto, un oficial del Ejército que dejó la actividad comentó a LA NACION que “esa medida habría impedido a Juan Domingo Perón participar en actividades político- partidarias. Y a Sergio Berni también”. Algunos lo interpretan como un error en la redacción, ya que en el punto anterior menciona el impedimento de promover “actividades proselitistas”, pero “en unidades o instituciones militares”.
El texto remitido al Senado mantiene la incompatibilidad del estado militar con el derecho de sindicalización, a la vez que consagra principios de igualdad y no discriminación, el respeto a la intimidad personal, a la identidad de género y a la orientación sexual en las Fuerzas Armadas. Entre otras novedades, se facilitará el pase de soldados voluntarios y suboficiales a la categoría de suboficiales y oficiales, como un incentivo a “la capacitación continua, la igualdad de oportunidades y el progreso en la carrera profesional”.
El envío del proyecto al Congreso cristaliza uno de los objetivos de la gestión de Taiana, aunque se estima que resultará muy difícil que la propuesta reciba tratamiento legislativo en lo que resta del año, en virtud de la campaña electoral. Ello torna incierta la suerte del proyecto.
La propuesta del Ministerio de Defensa apunta a fortalecer el papel del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como el gobierno político de la defensa nacional, el compromiso con los derechos humanos y el principio de la acción militar conjunta, como un eje central de la modernización de las fuerzas, explicaron cerca del ministro.
Se propone, con esa finalidad, la creación de un Comando Operacional permanente, de naturaleza unificada, que velará por el cumplimiento de las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas.
Para elaborar la iniciativa, la gestión de Taiana tomó como base el trabajo que venía realizando el equipo de su antecesor, Agustín Rossi -hoy jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por el oficialismo-, quien había constituido una comisión de análisis y redacción de las leyes de personal y de reestructuración de las Fuerzas Armadas.
Participaron en esa comisión los exministros del área Nilda Garré y José Horacio Jaunarena y representantes del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero las reuniones se espaciaron y, finalmente, quedó desactivada. “Hay aspectos que se anunciaron en el proyecto, pero que nosotros no habíamos trabajado”, explicó el exministro radical Jaunarena, al ser consultado por LA NACION.
Con la idea de ratificar el “gobierno político de la defensa nacional”, el proyecto establece que el Ministerio de Defensa será la autoridad de aplicación de la nueva ley del personal militar, con competencias específicas.
Entre otras disposiciones específicas, el proyecto consagra el derecho a la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional del personal militar y, también, el derecho a la indemnización en caso de fallecimiento o de disminución de su capacidad laboral permanente, total o parcial, en cumplimiento de actos del servicio en tiempo de paz. Constituye una novedad y regirá en la práctica como una aseguradora de riesgos de trabajo, se indicó.
La cuestión salarial también está presente en el proyecto. Se fijan parámetros para el cálculo de haberes y se incorpora el pago de un suplemento general por título, como existe en las fuerzas de seguridad, otro suplemento particular por responsabilidad, para el personal designado al frente de un organismo.
Por Mariano De Vedia
Publicado en La Nación
