La cobertura médica del personal civil de las Fuerzas Armadas y de seguridad quedó bajo fuego cruzado, luego de la exigencia de uno de los principales gremios de los trabajadores del Estado, para que ese universo de 23.000 afiliados pase a ejercer el derecho a la “libre elección de la obra social”.
El reclamo fue planteado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) al Ministerio de Defensa y encontró como respuesta el fuerte rechazo del directorio del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), luego de varias denuncias sobre recortes de prestaciones y un debilitamiento de los niveles de cobertura médica y social.
"Quieren montar una serie de mentiras para peticionar incorrectamente”, advirtió el presidente de Iosfa, Darío Díaz Pérez, al desestimar el reclamo gremial, en diálogo con LA NACION.
La libre elección de la obra social para el personal civil de las Fuerzas Armadas, de la Prefectura y la Gendarmería no está contemplada en el decreto 637 que en 2013 creó el Iosfa, al unificarse durante el gobierno de Cristina Kirchner las entidades que funcionaban en forma separada en cada fuerza. La afiliación es solo es optativa para los retirados y jubilados.
Acusaciones
“Los afiliados son rehenes de una obra social desfinanciada y con graves deficiencias en las prestaciones de hospitales y farmacias”, insistió un vocero de UPCN, al explicr a LA NACION las dificultades e irregularidades con que conviven los afiliados.
El malestar se exteriorizó en los últimos días con asambleas, protestas y batucadas frente al Ministerio de Defensa y en distintas reparticiones del interior. La conducción de la UPCN pidió al ministro Jorge Taiana que “atienda el reclamo y autorice la libre elección de la obra social, ante las restricciones en las prestaciones que ofrece Iosfa”.
Los delegados de UPCN transmitieron “la angustia de muchos afiliados que realizan sus aportes a Iosfa, sin recibir a cambio una adecuada y correcta atención, que llega en muchos casos hasta el cese de las prestaciones”. Insistieron en el derecho a la libre elección de la obra social.
Díaz Pérez, en cambio, alegó que “los directivos de UPCN deben atravesar un mal momento financiero con su obra social Unión Personal y buscan nuevos ingresos económicos de cualquier forma”.
Respondió, además, que la institución superó los momentos más graves de la crisis. “Nadie se quiere ir de Iosfa”, replicó, ante la queja gremial.
Con 585.000 afiliados, la obra social de los militares es la segunda obra social del Estado después de PAMI por sus dimensiones, y la tercera si se cuenta el IOMA.
En el ámbito sindical, la gestión de Díaz Pérez en Iosfa exhibe una relación más aceitada con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A fines de 2020 acordó con este gremio el pase a planta permanente de personal contratado de la obra social, pese a la crisis que jaqueaba a la entidad.
Mariano De Vedia (Publicado en La Nación)
