Los relevos dispuestos en las últimas horas por la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, en mandos superiores de la Gendarmería Nacional, no tienen relación directa con el publicitado escándalo de espionaje interno, sino que forman parte de situaciones ya previstas y que, salvo algunas excepciones, se condicen con retiros cuya formalización ya era conocida desde fin de año. Un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad, dando cuenta de los pases a retiros y promociones no sólo en Gendarmería sino en Prefectura y Policía Federal, confirma implícitamente esta teoría.
La clave de que todo se trata de una maniobra de atenuación del impacto político que pudo haber provocado el episodio, es la permanencia en el cargo del propio jefe de la Institución como la del director del área de inteligencia criminal, quienes deberían haber encabezado automáticamente, por responsabilidad de comando, la lista de desplazados para el caso de que el mismo no hubiera sido avalado de antemano por el poder político.
Para analistas especializados resulta poco menos que imposible que la jefatura de la Gendarmería hubiera procedido en forma independiente en las tareas de inteligencia denunciadas, sin conocimiento y u ordenes de la titular de la cartera de Seguridad.
Las interpretaciones periodísticas que se dieron al tema fueron diversas y algunos analistas achacaron a la Policía Federal el haber filtrado a los medios la información en una manera de desquite por haber sido abruptamente desplazada por Gendarmería de tradicionales objetivos que esa fuerza supervisaba y regenteaba.
Pero el diario progubernamental Página 12 hace este domingo una interpretación más profunda y desnuda, una vez más, la existencia de sordos enfrentamientos entre antiguos sectores del kirchnerismo, por el ex mandatario, y el ahora cristinismo dominado por los integrantes de La Cámpora abroquelados en torno a la Presidenta.
Para Página 12, la oportunidad de impacto en la opinión pública que se ganó con la reproducción del reportaje hecho por un diario español al ex presidente militar Jorge Rafael Videla, se opacó casi automáticamente al estallar el escándalo del espionaje.
En cuanto al comunicado oficial dado por el ministerio de Seguridad en torno a los retiros y promociones en las tres fuerzas de seguridad federales, su texto es el siguiente:
El Ministerio de Seguridad finalizó el proceso de selección de personal superior de las fuerzas policiales y de seguridad federales, completando de esta forma el ciclo de ascensos y pases a retiro de oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía Federal Argentina (PFA).
Mientras que en policía federal no hubo pases a retiro de personal en el máximo escalafón correspondiente a comisario general, en Prefectura Nacional pasaron a retiro dos prefectos generales y en Gendarmería pasaron a retiro nueve comandantes generales.
En el escalafón siguiente se resolvió el pase a retiro de tres comisarios mayores de la policía federal y 10 comandantes mayores de la GNA. Por su parte, 4 prefectos mayores de la PNA pasaron a retiro.
En lo que respecta a la jerarquía inmediata inferior se pasó a retiro a 24 comisarios inspectores de la PFA.
En simultáneo ascendieron 12 comisarios inspectores a comisarios mayores de la policía federal¸ incluyendo a la primera mujer que llegó a esa jerarquía, y 34 comisarios a comisarios Inspectores, consolidando un proceso de renovación generacional en la fuerza.
En GNA se modificaron los titulares de las tres Direcciones Generales de la fuerza y se pasó a retiro a los oficiales que conducían el Servicio de Administración Financiera de la institución. Además, en esta fuerza ascendieron 6 nuevos comandantes generales y 38 comandantes principales a comandantes mayores.
Finalmente, en la PNA se aprobó el ascenso de 3 prefectos mayores a generales, 2 prefectos principales a prefectos mayores y 24 prefectos a prefectos principales.
El proceso de selección que se inició en septiembre de 2011 implicó que por primera vez autoridades políticas del Ministerio de Seguridad participaran como observadores de los procesos de las juntas de calificaciones que realizaron cada una de las fuerzas. Esto permitió evaluar los procesos y los criterios aplicados por cada una de las instituciones.
Luego de las propuestas enviadas por cada una de las fuerzas, se procedió a un análisis de sus legajos, antecedentes profesionales, denuncias judiciales donde estas existieran y no se ascendió a ningún oficial procesado en una causa judicial. Y en los casos de grados superiores se revisaron las declaraciones juradas presentadas durante los últimos 10 años, para chequear que estuvieran justificados sus patrimonios.
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