Seis integrantes de la Fuerza Aérea fueron procesados por entender la Justicia que son responsables del accidente del T-21 (Tango 21), un Learjet 35A que el 9 de marzo de 2006 cayó a tierra tres minutos después de haber despegado del aeropuerto de La Paz, Bolivia, y que determinó la muerte instantánea de sus seis ocupantes. Providencialmente, no formó parte de ese viaje el actual embajador en Chile, Ginés González García, que por entonces encabezaba una misión del Ministerio de Salud para la cual, precisamente, se había fletado ese avión. Así lo informó este viernes (10-jun-2010) el diario La Nación.
De acuerdo al rotativo, el juez federal Claudio Bonadio los procesó sin prisión preventiva por estrago doloso agravado por el resultado de muerte; el Código Penal establece para ese delito penas de entre 10 y 25 años de prisión; también les impuso a cada uno 100.000 pesos de embargo. La resolución recayó sobre el brigadier (R) José Luis Gabari Zoco, los comodoros Oscar Alberto Bergia y César Eloy Sprenger, el vicecomodoro Carlos Alberto Gzorna, el aviador (R) Sebastián Segura y el brigadier mayor Marcelo Ayerdi, actual número cinco en la cúpula del arma (es comandante de Adiestramiento y Alistamiento) y hermano de Jorge, que en enero pasado fue relevado de su cargo como jefe del aeródromo de Morón al estallar el escándalo del narcotráfico a España en un avión de los hermanos Juliá.
La causa nació por la denuncia del piloto y cineasta Enrique Piñeyro, quien tras aquella tragedia denunció a toda la línea jerárquica de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa por haber permitido que el Tango 21 operara en el aeropuerto El Alto, de La Paz, a 13.400 pies de altura, un 34% por sobre los 10.000 pies establecidos por el fabricante de la aeronave como límite de operación.
A todos los actualmente procesados se les enrostró haber operado la nave a través de un procedimiento irregular, que consistía en quitar determinados fusibles para burlar la aviónica del Learjet y evitar que operaran algunos sensores instalados como sistema de seguridad en la presurización del interior para una situación de emergencia, como sería un despegue por encima del límite de altitud establecido.
En ocasión de una investigación administrativa interna ordenada por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, el brigadier Miguel Antonio Cruzado consideró: "El procedimiento seguido para llevarse a cabo la operación de la aeronave [...] ha sido acorde a las normativas internas vigentes". Y agregó: "No se han observado faltas atribuibles al personal que ha intervenido en todo el proceso de la operación aérea, por lo que no existen responsabilidades que permitan discernir reproche de orden disciplinario".
La mayoría de los acusados, en sus indagatorias, mencionó la existencia de un procedimiento para operar el Learjet por sobre los 10.000 pies; dijeron que alguien lo había introducido en los años 80 y que los militares destinados a la tripulación de esa aeronave contaban con fotocopias que detallaban ese procedimiento.
Pero el representante de Learjet en la Argentina, Miguel Angel Doscokz, desconoció la existencia de ese apéndice; dijo que no había ningún procedimiento homologado para operar por sobre los 10.000 pies y que veía las fotocopias por primera vez.
Finalmente, Bonadio concluyó que no había tal procedimiento aceptado, como esgrimían los militares, por lo que "el curso causal dañoso se compuso de la actuación defectuosa, no de una, sino de varias personas que en sus respectivos ámbitos normativos [los puestos de comando de los acusados] desafiaron el riesgo tolerado en una actividad donde el más mínimo detalle debía entrar dentro del cálculo y la previsión".
