Publicado por www.analiaisdigital.com.ar. Entre 2024 y 2026, el Ministerio de Defensa no ejecutó una sola obra de infraestructura en las unidades militares de Entre Ríos.
Un pedido de acceso a la información pública que ANALISIS presentó ante el Ministerio de Defensa dejó al descubierto que, entre 2024 y 2026, la única inversión de magnitud con destino a Entre Ríos fue la flota de aviones Beechcraft TC-12B Huron, con asiento en la II Brigada Aérea de Paraná. No hubo obra pública, ni inversión en bienes de uso, ni bajas de material.
Entre 2024 y 2026, el Ministerio de Defensa no ejecutó una sola obra de infraestructura en las unidades militares de Entre Ríos, no registró inversión en bienes de uso por fuera de un único programa y no dio de baja ni transfirió material mayor desde la provincia. El solo desembolso relevante con afectación al territorio entrerriano fue la llegada de aviones -una negociación hecha en el exterior- cuyo asiento operativo es la II Brigada Aérea de Paraná. Así surge de la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública que este medio tramitó ante la cartera.
La solicitud se presentó ante la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa, al amparo de la Ley 27.275, para conocer qué contrataciones, obras e inversiones había destinado el Estado nacional a las unidades del Ejército y de la Fuerza Aérea con asiento en Entre Ríos durante 2024, 2025 y 2026. El pedido abarcaba cinco puntos: las contrataciones registradas en los sistemas Compr.ar y Contrat.ar, las obras de infraestructura, los proyectos financiados por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF, Ley 27.565), el crédito de inversión en bienes de uso y el material mayor dado de baja o transferido. Las respuestas llegaron en dos notas: la de la Fuerza Aérea, firmada el 24 de julio, y la del Ejército, del 7 de julio.
De las cinco preguntas, la única que arrojó una cifra significativa fue la del FONDEF. La Dirección General de Planes, Programas y Presupuestos de la Fuerza Aérea informó un solo proyecto con afectación a Entre Ríos: la adquisición de diez aviones livianos Beechcraft TC-12B Huron, destinados a incrementar la capacidad de transporte y abastecimiento aéreo operacional. Por ese programa se ejecutaron 4.050.937.756 pesos en 2024, apenas 1.179.557 pesos en 2025 y nada en 2026.
Los Huron no son una novedad para la provincia. La flota -doce aeronaves compradas a los Estados Unidos con recursos del FONDEF, diez para la Fuerza Aérea y dos para la Armada- tiene su asiento en la II Brigada Aérea de Paraná y llegó para reemplazar a los veteranos IA-50 Guaraní II, de fabricación nacional. Estos últimos aviones prestaron servicio durante décadas en la unidad militar de Paraná e incluso, en el primer gobierno de Sergio Montiel y de Jorge Busti, fueron muchas veces utilizados como transporte anexo en LAER (líneas Aéreas de Entre Ríos) -hasta que se adquirió el costoso avión Saab-, la empresa estatal creada por el viejo caudillo radical y que hoy ya no existe en la provincia. Lo que expone la respuesta es la curva del gasto: un desembolso fuerte concentrado en 2024, una ejecución residual en 2025 -poco más de un millón de pesos, apenas testimonial frente a los más de cuatro mil millones del año anterior- y un 2026 sin ejecución alguna.
La familia C-12 Huron es uno de los aviones de enlace y transporte liviano más difundidos del arsenal estadounidense: lo operan la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con más de 300 aeronaves en servicio, en tareas de transporte de pasajeros y carga liviana, evacuación médica, apoyo a embajadas y hasta vigilancia. Entre los operadores extranjeros del C-12 figuran históricamente Grecia, Irán, Israel y Pakistán, aunque con otras variantes. La particularidad del TC-12B específico es que, al ser el entrenador que la Marina estadounidense fue dando de baja, el excedente terminó en manos de otros países, y la Argentina es hoy uno de los destinos más visibles de esos fuselajes retirados.
Dónde se usa en la Argentina
El país incorporó doce unidades: diez para la Fuerza Aérea y dos para la Armada. El asiento operativo de los de la Fuerza Aérea es la II Brigada Aérea de Paraná -de ahí el vínculo con Entre Ríos-, y desde allí se los distribuyó para dar apoyo a la II, III, V y VI Brigadas Aéreas, la Escuela de Aviación Militar y la Base Aérea Militar de Morón. Los dos de la Armada fueron a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima del Comando de Aviación Naval, recibidos en la Base Aeronaval Punta Indio, para control de espacios marítimos y sostén logístico.
Las aeronaves en sí no se compraron a precio de mercado: fueron una cesión del gobierno estadounidense. Estados Unidos las entregó a través del programa de Artículos Excedentes de Defensa, mediante una subvención, mientras que la Argentina financió los costos de preparación, remodelación y entrega. El jefe de la Fuerza Aérea lo dijo sin vueltas: los aviones fueron ofrecidos gratis y la Argentina no pagó nada por la cesión, pero sí afrontó los costos de inspecciones, mejoras y traslado al país.
El gobierno oficializó en el Boletín Oficial la compra por 16.671.767 dólares, cifra que -según se informó- abarca también las dos unidades destinadas a la Armada y los servicios de mantenimiento y entrenamiento de pilotos. Es decir, unos 16,7 millones de dólares por toda la puesta a punto de doce aviones: en torno a 1,4 millón de dólares por unidad, un valor bajísimo si se lo compara con un King Air nuevo de la misma familia, que hoy ronda los 8 a 9 millones de dólares. La contracara es la edad y el origen del material: son células ex-Marina de Estados Unidos estacionadas en el desierto de Arizona, de las que personal argentino fue a elegir las que tenían menos uso y menos problemas de repuestos. La negociación arrancó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con una carta de intención, y se cerró después bajo la gestión del excanciller Taiana.
Obra pública inexistente
En materia de obra pública, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Defensa fue categórica: no existen procesos licitatorios tramitados por el sistema Contrat.ar para la Guarnición Aérea Paraná en los tres años consultados. No hubo construcción, refacción ni mantenimiento mayor. Sobre el crédito de inversión en bienes de uso, el organismo respondió que no cuenta con registros por fuera de las previsiones del FONDEF ya informadas. Y respecto del material mayor dado de baja o transferido, la contestación fue igual de escueta: no se realizaron.
Buena parte de la información, además, llegó envuelta en una fórmula que la Ley 27.275 no admite con facilidad. Ante el pedido concreto de una planilla de contrataciones -número de proceso, objeto, proveedor, monto y unidad de destino-, tanto la Dirección General de Intendencia como el Comando de Adiestramiento y Alistamiento respondieron, en esencia, que Compr.ar y Contrat.ar son sistemas de acceso público y que el interesado puede consultarlos por su cuenta. Es la remisión al sistema abierto: en lugar de entregar el dato que el organismo posee, se invita al ciudadano a reconstruirlo.
El propio expediente desmiente esa negativa. Mientras dos áreas se excusaban en el carácter abierto de los sistemas, la Dirección General de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa hizo exactamente lo que las otras dijeron que no correspondía: consolidó y adjuntó la planilla de contrataciones del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela -con asiento en la provincia- para 2024, 2025 y 2026, con proceso, objeto, proveedor, monto y unidad. Si una dependencia pudo hacerlo, la remisión genérica al sistema abierto que ensayaron las otras no se sostiene como límite: es una decisión, no un impedimento.
Del lado del Ejército, la respuesta fue todavía más lacónica. La Inspectoría General del arma no consolidó información propia: se limitó a derivar el pedido al Comando de Brigada Blindada II -la principal unidad con asiento en Paraná- y a remitir su contestación como archivo adjunto. El resultado, leído en conjunto, dibuja un mapa conocido: por fuera de una capacidad aérea que la provincia ya tenía, el Estado nacional prácticamente no invirtió en sus unidades entrerrianas entre 2024 y 2026. Ni obra, ni equipamiento, ni movimiento de material. Y la porción que sí existe -las contrataciones corrientes- quedó, por ahora, del otro lado de una evasiva que este medio reclamará ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Porque en qué gasta el Estado no es secreto militar: es, en los términos de la propia ley, información de interés público.
