REDACCION TIEMPO MILITAR. La ONG Abogados por la Justicia y la Concordia emitió un comunicado con fecha 21 de abril acerca del emblemático caso de ex cabo de la FAA Julio Narciso Flores, quien en 1976 tenía 18 años. Transcribimos textualmente el comunicado, que lleva la firma del presidente y del secretario de esa ONG abogados Alberto Solanet y Juan Antonio Vergara del Carril:
“¡AY DE LOS JUECES QUE NO HACEN JUSTICIA!
La aritmética judicial parece regirse a menudo por reglas propias, esto es, no con fundamento en las matemáticas, sino en meras ocurrencias, cuando no en groseros exabruptos.
Esa aritmética se potenció a través de los años con el cuento chino de la Política de Estado de Derechos Humanos.
Un ejemplo emblemático de lo afirmado es el caso del cabo Julio Narciso Flores, quien en 1976 había cumplido apenas 18 años. Ocho meses antes había egresado como cabo en Mantenimiento de Aeronaves. Carecía de poder decisorio alguno, no mandaba. Era tan sólo un cabo mecánico, un técnico, que prestó servicios para la Fuerza Aérea apenas tres años.
Su superior absoluto en la cadena de mando, el brigadier Agosti, procesado como autor de delitos de lesa humanidad, recibió en su momento una condena de cuatro años y seis meses. El cabo Flores, con la misma tipificación, fue condenado a veinticinco años de prisión efectiva. Y el Tribunal de San Martín, que lo condenó, le acaba de denegar por enésima vez la prisión domiciliaria.
En estructuras jerárquicas las decisiones no nacen en los niveles más bajos. Salvo en este caso, en el cual quien ocupaba un rol técnico y subalterno, aparece soportando el peso mayor. La figura de un “cabo mecánico”, con ínfima antigüedad y mínima capacidad de decisión, contrasta con la desmesurada sanción impuesta.
Queda claro que la negativa a concederle tan siquiera un paliativo -como sería la reclusión en su casa- dice a los gritos, en su abominable parquedad, que el Cabo Flores debe morir donde se encuentra, esto es, en la cárcel.
Estos jueces tan obscenos como prevaricadores confirman lo que tantas veces hemos dicho. Sus sentencias no son el resultado de un análisis jurídico, sino lisa y llanamente la imposición de una dogmática ideológica.
Tampoco es un hecho aislado. El Tribunal de San Martín ha dado muestras abundantes de su perseverancia para sentenciar contra legem. ¿Quién puede olvidar, acaso, cuándo condenó a quien tuvo a su cargo la recuperación del Regimiento de La Tablada, bajo la siniestra mirada, audiencia tras audiencia, de los terroristas que intentaron coparlo?
Estos dramas, que sufren brutalmente los acusados de “lesa humanidad” y sus familias, contrastan con la indiferencia generalizada de la sociedad, que disfruta de una libertad que no ganó.
Quizás la historia pondrá las cosas en su lugar y bautizará a estos jueces con el mote que merecen: mercaderes de la ley, sicarios de una política de odio y venganza, perjuros, impostores, traidores.
Desde estas líneas, apenas una voz entre muchas, se intenta sostener algo de esa pálida y frágil llama de justicia, con la esperanza de que no llegue el día en que ya no queden justos a quienes salvar ni razones para librar una y otra vez el buen combate.
Alberto Solanet Presidente
Juan Antonio Vergara del Carril Secretario
Buenos Aires, 21 de abril de 2026”.
