Publicado por www.misionescuatro.com
El juicio oral comienza este lunes en Posadas. Entre los acusados está un exjefe del Escuadrón 9 “Oberá”. La presunta organización fue desbaratada en 2021 y habría operado durante años traficando soja y maíz hacia Brasil, evadiendo controles e impuestos.
El lunes a las 9 de la mañana dio inicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas el juicio oral y público contra tres exintegrantes de una presunta asociación ilícita dedicada al contrabando de granos a través de la frontera entre Misiones y Brasil. Entre los imputados se encuentra Marcos Antonio Duette (53 años), exjefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional.
La causa, instruida por el juez federal de Oberá Alejandro Gallandat Luzuriaga, expone el funcionamiento de una supuesta organización compuesta por doce personas, de las cuales uno falleció y ocho acordaron penas en juicios abreviados. Los tres restantes serán juzgados en este debate que se extendería por varias jornadas.
Los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Antonio Alonso y Juan Manuel Iglesias (en calidad de subrogantes) integran el tribunal que llevará adelante el proceso. La acusación estará a cargo del fiscal Pablo Ricardo Di Loreto, con asistencia de la abogada Gabriela Acasuso.
Una supuesta estructura criminal para el contrabando de soja y maíz
Según consta en el expediente, la organización operaba en zonas rurales del este de Misiones, como El Soberbio, Colonia Alicia y Colonia Aurora, donde los granos —principalmente soja y maíz— eran acopiados en forma clandestina y luego trasladados en balsas y canoas a través del río Uruguay hacia Brasil.
Para simular legalidad durante los traslados en camión, los implicados habrían utilizado Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidos por cooperativas o personas físicas sin capacidad real de acopio ni procesamiento. Estas documentaciones serian falsificadas o anuladas una vez que la carga estaba en tránsito, evitando así controles viales y tributarios.
La desarticulación de la supuesta red se produjo en noviembre de 2021, luego de meses de investigaciones llevadas a cabo por fuerzas federales bajo la órbita del Juzgado Federal de Oberá.
El caso reviste especial gravedad por la presunta participación de exautoridades de una fuerza de seguridad nacional, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de control fronterizo y el uso de recursos institucionales en beneficio de actividades ilícitas
