República Argentina: 6:01:13pm

Carta de lectores publicada en www.lanacion.com.ar

En 1976, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el poder político –dada su ineptitud– para “aniquilar” el accionar subversivo.

Como consecuencia de ese accionar, varias asociaciones ilícitas (entre ellas, ERP y Montoneros), alentadas, apoyadas y entrenadas en el exterior, declararon abiertamente una guerra en los años 70 contra el Estado argentino, con el fin de imponer por la fuerza de las armas “la patria socialista”, para lo cual se organizaron militarmente, con remedo de uniformes, grados jerárquicos, trapos por banderas y manuales propios, a tal punto que con ese bagaje se sintieron capaces de desafiar y derrotar a nuestras FF.AA., aunque no del todo de igual a igual, sino en los escenarios elegidos por ellos, según sus preferencias: en zonas urbanas los montoneros (entusiastas del “entrismo”) y/o en zonas rurales los erpianos (partidarios del “foquismo” guevarista). Perdieron en los campos de combate, pero se impusieron en la “revolución cultural”, encaramándose muchos de ellos en el desgobierno. Fue así como llegamos a 1983, el poder político ordenó juzgar a los comandantes del Proceso militar imputándolos de delitos comunes, pese a que los hechos se habían desarrollado durante una guerra y así se evitó que nuestro país se convirtiera en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Años después, los presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, buscando la pacificación nacional, promovieron leyes y decretos conmutando penas, indultos, amnistías a fin de llegar a esa tan necesaria meta.

A partir de 2003, con el gobierno kirchnerista se derogaron las leyes y decretos que buscaban dejar atrás los enfrentamientos, reabriendo los juicios hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, omitiendo juzgar por sus crímenes a los terroristas del ERP o de Montoneros. A estos se los indemnizó y muchos fueron premiados con cargos políticos.

Ya es tiempo de dejar atrás el pasado y la venganza kirchnerista. La Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación y el ministro Cúneo Libarona deben dar pronta solución a la injusticia promovida contra quienes lucharon para dar paz a la patria en los años 70/80.

TC (RE) VGM Lucio Candia

Unión de Promociones Mendoza


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