El 5 de octubre se conmemoró otro aniversario del sangriento ataque del terrorismo montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Ese día apareció en un lugar destacado del diario La Nación una extensa nota firmada por el doctor Ricardo Gil Lavedra, quien formó parte del Tribunal que juzgó y condenó a los integrantes de la Junta de Comandantes en la Causa 13/1984 y que hoy preside el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Aludiendo a los dichos de uno de los candidatos en el debate del domingo 2 de octubre, dijo que “insistió en una discusión que ya no existe… como el accionar criminal de la última dictadura militar en la Argentina y la persistencia por traer ese tema a la agenda pública, cuando hay tantos otros asuntos más importantes de que ocuparse… está fuera de toda duda, que para reprimir los delitos cometidos por las organizaciones terroristas en la década del setenta, los entonces comandantes de las tres Fuerzas Armadas ordenaron a sus subordinados un plan criminal consistente en secuestrar a las personas sospechosas de estar vinculadas a esas organizaciones…hablar ahora de una guerra causa, cuanto menos perplejidad…”.
En primer lugar, afirmar que la cruenta guerra de los setenta, con sus horribles secuelas y la feroz persecución -implacable, vengativa y discriminatoria desatada contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”-, sea un tema del pasado y que “existan otros asuntos más importantes de que ocuparse”, denota un grado superlativo de cinismo.
¿Ignora acaso que a raíz de la ruptura del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema instalada por el régimen kirchnerista, muchos jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, cualquier caso, todos corruptos-, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”; y, mediante procesos viciados y por ello violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, casi todos sin condena, cuyo promedio de edad supera los 78 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos con más de 16 años en esa situación? 826 ya han muerto en cautiverio, la mayoría sin condena; es decir, inocentes.
¿Ignora acaso que hay decenas de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica? Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.
¿Ignora acaso que esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace más de cuarenta años? Es decir no se trata de hechos y discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia. Este señor miente.
DESMEMORIADO
En segundo lugar afirma que no se trató de una guerra, como si nuestras Fuerzas Armadas hubieran decidido desatar caprichosamente una persecución contra idealistas inocentes y raptar a sus hijos. Este señor tan desmemoriado, quien, como queda dicho, formó parte del Tribunal que juzgó a los miembros de las Juntas de Comandantes, firmó pues la sentencia que, entre otras aseveraciones, expresó lo siguiente: “En consideración a los múltiples antecedentes acopiados…y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que…éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…La actividad terrorista, se desarrolló en todo el territorio de nuestro país, predominantemente en las zonas urbanas; existiendo, asimismo asentamientos de esas organizaciones, en zonas rurales de Tucumán”.
En otro pasaje la sentencia analizó las características de estos grupos terroristas, afirmando que: “La actividad descripta fue producto de la actuación de una pluralidad de grupos subversivos que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, siendo sus características más importantes su organización de tipo militar, que incluyó la creación de normas y organismos propios de tipo disciplinario, su estructura celular, la posesión de un considerable arsenal …y abundantes recursos económicos, producto principal de delitos cometidos.” […] “La organización de tipo militar de esas bandas surge implícitamente de las acciones de mayor envergadura acaecidas contra instalaciones castrenses, entrenamiento previo en el manejo de armas y las modalidades de lucha adoptadas que evidencian a las claras un adiestramiento de ese tipo.”
Sobre el objetivo de dicha actividad terrorista, el tribunal sostuvo: “El objetivo último...fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, alguna de las cuales incluso intentó como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán...la obtención del dominio sobre un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional.”
EXTREMADAMENTE CRUEL
Es por eso que el señor Gil Lavedra miente cuando afirma que no se trató de una guerra. Fue una guerra cruel, extremadamente cruel. La operación de las Fuerzas Armadas, como bien indica la sentencia, obedeció a instrucciones impartidas por el poder político, en el marco de un gobierno democrático. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la orden de aniquilar el operativo terrorista, aunque hubiesen incurrido en extralimitaciones inadmisibles e ilegales, consecuencia de la metodología no convencional planteada por el agresor.
La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de aquel entonces que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. Recordemos, entre otros antecedentes, la irresponsable y ominosa ley de amnistía de mayo de 1973, que, votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2.000 cabecillas del terrorismo, condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Los amnistiados volvieron a tomar las armas, provocando en el país un verdadero baño de sangre.
Todo esto es de sobra conocido por el señor Gil Lavedra. Pero mientras la mentira sea la que provea figuración, canonjías y dinero, seguirá habiendo muchos como él.
Por Carlos Bosch y Alberto Solanet (*)
(*) Secretario y Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Publicado en La Prensa (www.laprensa.com.ar )
