Rosario – la capital de los cereales – está sumida en el caos impuesto por el narcotráfico o, mejor diríamos, el narcoterrorismo, ya que las bandas de delincuentes realizan, sobre todo, actos violentos con el solo objetivo de imponer el miedo a la población, a sus fuerzas vivas y a las fuerzas públicas, para que nadie enfrente su vil negocio de las drogas.
El gobierno provincial sólo da discursos huecos propios de charlatanes, que no dejan de ser tal cosa, aunque los haya elegido el pueblo (ello no les da calidad de estadistas).
Las autoridades nacionales, primeras responsables de la lucha contra el narcoterrorismo, están también detrás de un discurso vacío, cuyo principal exponente es el propio Ministro del ramo.
La justicia de la Provincia de Santa Fe, con competencia para ciertos delitos vinculados a la droga – el llamado menudeo – esta frenada en su accionar por la corrupción que la va carcomiendo en complicidad con el Poder Legislativo – se habla de un conspicuo e intocable Senador que encubre la narcocriminalidad – y el Ejecutivo provincial tiene como burocracia policial, en muchos casos, a efectivos que a su vez son soldados, pero del crimen organizado.
Finalmente, la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal, que son por excelencia el ariete del Estado para el combate contra el narcoterrorismo ¿qué hacen con y por la sangrante Rosario?
Se quejan de la falta de medios, de los pocos juzgados, de las vacantes a llenar y aportan poco, o una ineficiente labor, en la lucha contra el narcotráfico, que sabemos está inundada de temor a sufrir atentados.
Esta Justicia dice que no puede para los temas candentes que requieren un compromiso patriótico, pero sí puede juzgar a todo aquello que le dé fama y espectacularidad, como son los llamados juicios de lesa humanidad.
Lo antes expresado es sencillo de comprobar. ¿Cuántos militares y agentes del Estado han sido juzgados por los llamados “delitos de lesa humanidad”? Cientos de ellos pasaron por los tradicionales Juzgados y Tribunales Federales de Boulevard Oroño y su anexo en la calle Italia, fueron vapuleados moral y jurídicamente, con total desconocimiento del debido proceso de nuestro de estado de derecho, y condenados sin que importara el contexto en que se llevó adelante la lucha contra la subversión.
A tal punto era y es el desprecio por los soldados de la Nación que la Cámara Federal local le negó a la “ejecución” del Coronel Larrabure – perpetrado en zonas próximas a Rosario – el carácter de lesa humanidad, expidiéndose en forma negativa con una llamativa ligereza. La razón resulta obvia: si admitían que en el caso hubo violación de derechos humanos, hubieran ayudado a la caída de la teoría de que el “único demonio” y portador de todos los males en la década del 70, estaba en los militares.
O sea, tenemos una Justicia Federal y un Ministerio Público embravecidos con “viejos soldados”, pero timoratos y llenos de pretextos, a la hora de enfrentar al mundo de las drogas. Saben que en esto se juegan la vida y por ello es preferible jugar con la vida de los militares enjuiciados por supuestos delitos de lesa humanidad, lo cual no implica ningún riesgo y aporta notoriedad.
Ahora bien, los futuros y posibles gobernantes del país, dentro de su campaña política, con Patricia Bullrich a la cabeza dicen que, a Rosario van a mandar el Ejército, luego aclararon que en función de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, para terminar con el flagelo del narcoterrorismo.
Ante esta propuesta nos preguntamos: ¿Militares a Rosario...?
¿No será en definitiva la manera de engrosar la lista de militares que hoy persigue la Justicia Federal por violar derechos humanos?
Ayer la lucha contra el terrorismo: en el gran Rosario en 1975 el ERP copó el Batallón de Arsenales 121, donde se asesinó al coronel Carpani Costa, y el resultado de todo fue que los guerrilleros están libres, y algunos integrando el gobierno, mientras tanto los militares son juzgados en forma “multitudinaria”, con condenas que desconocen el nivel de responsabilidad de cada uno en los excesos que se hayan producido en la guerra antisubversiva; y todo se hace con ánimo de humillación.
Hoy se pretende que el Ejército salga a combatir al nuevo terrorismo como lo es el narco crimen, sin pensar que una vez más se expone a las Fuerzas Armadas a ser mañana los chivos expiatorios del dolor en la Argentina.
Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, Facundo Manes, Gerardo Morales, etc., tendrán que aclarar muy bien qué política transicional van a adoptar respecto a la justicia venganza con que se juzga a los militares por la violencia de los `70 y para poner fin a la persecución que se desató contra los integrantes de las Fuerzas Armadas, para que esto no se repita, a partir de las operaciones militares – cualesquiera sean- que se desarrollen en la luchacontra el narcotráfico.
Aclaren esto muy bien futuros gobernantes ... no van a tener el “voto militar” con facilidad ....
Hasta ahora todos los sectores no oficialistas miran para otro lado en relación con los juicios de lesa humanidad. Si no hay una postura clara en cómo se va a poner fin al “curro de los derechos humanos” – expresión del ex -Presidente Macri – significa que, en los nuevos empeñamientos de las Fuerzas Armadas, los militares pueden ser “currados” una vez más.
ELABORADO POR EL EQUIPO DE LA UPMAC
Publicado por Unión del Personal Militar Asociación Civil (www.upmac.org.ar )
