Aunque fuera temporalmente del primer plano informativo -monopolizado por la pandemia mundial del corona virus- la gran pregunta - en el ámbito específico y especializado de la Defensa- es :¿quién va a liderar en el futuro el mercado global de armamento y material bélico cuando todo esto termine? Y otra pregunta, aunque de respuesta remota, es a qué mercado abastecedor recurrirá la Argentina cuando –en algún momento- decida dar los pasos para resucitar competitivamente a sus fuerzas armadas.
La Unión de Promociones envió un saludo a todos los integrantes de la familia naval con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del Día de la Armada. La misiva, que lleva la firma del Coronel ® Guillermo César Viola, hace particular hincapié a los miembros de la institución que sufren prisión por causas de la guerra antisubversiva de los 70. Su texto es el siguiente:
A partir de la aparición de la guerrilla revolucionaria en la Argentina durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi, en 1959, su delictivo accionar fue reprimido en el marco de la ley por los Juzgados Federales de Sección, tanto en tiempos de gobiernos civiles como militares. Fue en 1971 cuando, ante la violencia armada que desataron distintos grupos guerrilleros, esos juzgados quedaron desbordados y el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación.
Bolivia está inmersa en una crisis política desde el 10 de noviembre pasado, cuando Evo Morales renunció a la presidencia presionado por la cúpula de las Fuerzas Armadas. El proceso electoral que fue puesto en marcha en enero para restablecer el orden constitucional en el país, está en suspenso desde el estallido de la crisis sanitaria, quedando pendiente la fase final de campañas, algunas tareas logísticas y la votación misma que estaba programada para el 3 de mayo. El Parlamento de Bolivia completo la sanción de una ley que dispone la realización de elecciones generales en un plazo de 90 días que correrán a partir del 3 de mayo, lo que implica que la votación se realizaría a más tardar el 2 de agosto. La norma ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno transitorio boliviano anuncia demandas contra la ley de elecciones.
El Gobierno dispuso que todos los agentes de inteligencia de las fuerzas armadas a partir de ahora pasen a cobrar sus sueldos con nombre y apellido en un banco del estado y desde la oposición pidieron la anulación de la polémica medida, argumentando que es una “sobreactuación que pone en riesgo a esos espías”, según lo describe el diario Clarín (13 may 2020) en una nota de su periodista Daniel Santoro
