Editorial del diario La Nación publicado en www.lanacion.com.ar
La constante persecución kirchnerista a funcionarios judiciales ha tenido como claro y exclusivo objetivo buscar echarlos para colonizar el Poder Judicial
Debieron pasar 19 años de improcedentes e injustas acusaciones hasta que la Corte Suprema de Justicia ratificara recientemente y por unanimidad el sobreseimiento del juez Pedro Hooft, a quien el kirchnerismo le armó una causa para acusarlo de haber sido cómplice del último gobierno militar y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad en la llamada “Noche de las Corbatas”, en 1977, cuando hubo abogados desaparecidos.
El máximo tribunal de justicia del país declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por la querella: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Fiscalía General ante la Casación y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Lo hizo al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dispone que “con la sola invocación” de esa norma “podrá rechazar el recurso extraordinario por la falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
La causa había sido iniciada en 2006, impulsada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del hoy fallecido Eduardo Luis Duhalde, de amplia militancia en los 70 en las organizaciones político-militares que intentaron, mediante la lucha armada, tomar el poder y que fueron parte de la sangrienta tragedia de aquellos años.
La persecución judicial mediante el armado de causas a funcionarios judiciales federales se ha dirigido y se dirige en todos los casos contra quienes, estando en funciones, acusaron o condenaron a terroristas. Entre otros casos, cabe destacar el injusto hostigamiento que sufre el doctor Jaime Smart –quien cumple prisión domiciliaria– y, más recientemente, el padecido por uno de los más prestigiosos magistrados del fuero penal, tanto de instrucción como federal, el doctor Guillermo Rivarola.
Son más de 60 los magistrados y fiscales perseguidos por supuestos casos de lesa humanidad a casi medio siglo de ocurridos los hechos.
Hooft, juez federal de Mar del Plata, de conducta intachable, reconocido local e internacionalmente, había sido sobreseído en 2014 tras siete años de iniciada la vil causa contra su persona. En aquella oportunidad, ocho de los diez integrantes del jurado de enjuiciamiento fallaron en su favor. Previamente, un tribunal había declarado su inocencia respecto de los graves hechos que se le imputaron.
Apenas conocida aquella noticia, un enorme abanico de funcionarios judiciales, dirigentes políticos, legisladores de aquella época y uno de los abogados defensores de Hooft, el también intachable exfiscal Julio César Strassera, celebraron la decisión judicial y calificaron de “una verdadera persecución kirchnerista” la arremetida contra el magistrado. Strassera lo dijo claramente: la acusación fue una “verdadera canallada”, enmarcada en la estrategia del kirchnerismo “de querer echar a funcionarios dignos para colonizar el Poder Judicial”.
Hace 11 años y tras conocerse aquella absolución, también se solidarizaron con Hooft representantes del gremio de los trabajadores judiciales, miembros de la Federación Argentina de la Magistratura, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados, entre otras tantas voces que se alzaron contra el constante ataque del kirchnerismo contra las instituciones de la República y de sus integrantes más probos mediante la promoción de falsas acusaciones con el único fin de sustentar el relato parcial y revanchista que por todos los medios quiso imponer respecto de aquellos atroces años de plomo.
Como hemos dicho desde este espacio desde el principio de la causa contra el juez Hooft, su caso es, a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión.
Fueron víctimas de ese brutal ataque, entre otros, la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, la Justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas que, en su condición de jóvenes militares, enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte en ambos sectores.
La decisión de la Corte no puede más que ser celebrada. La Justicia, aunque lenta, ha sido justa en el caso del juez Hooft. Ojalá lo fueran siempre los gobernantes, cuya misión no es inventar acusaciones, sembrar la división ni sacar rédito político de hechos sumamente desgraciados, que todavía hoy causan tanto dolor.
