No se trata de slogans electoralistas o de falsas opciones entre mano dura o mano blanda. Sino de hacer cumplir la ley en todas sus formas. Sin excepción
De algo todos estamos seguros, y el tiempo ya lo ha demostrado, sin orden no hay sociedad posible. El orden es uno de los pilares básicos y más importantes en cualquier sociedad del mundo. El orden no puede tener ideologías políticas, ni de izquierda ni de derecha. El orden debe ser innegociable e incuestionable.
En el mundo entero no hay sociedad que avance y que pueda funcionar correctamente si no hay un respeto hacia el prójimo, hacia la ley y por ende un respeto hacia las autoridades.
Durante muchísimos años en la Argentina se ha vivido prácticamente en una anarquía social. En donde diferentes grupos se adueñaban de las calles, de las rutas, de las propiedades, de los espacios comunes, y tomaban el control de estos lugares, muchas veces bajo la mirada pasiva e inactiva de los diferentes gobernantes de turno.
En paralelo a exigir e imponer el orden, debemos estar a la altura de las circunstancias y tener unas fuerzas de seguridad formadas, equipadas, depuradas y capacitadas para llevar adelante dicha tarea. Pero esas fuerzas de seguridad deben contar con el respaldo político suficiente y el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad. Ese apoyo también es innegociable e incuestionable. Sin ese apoyo no hay cambio posible.
Durante años se ha vulnerado absolutamente el derecho de muchos de los ciudadanos de bien, que somos la inmensa mayoría del país, a transitar libremente por las calles. Entiendo, como hombre de derecho, que protestar, reunirse, peticionar, y reclamar ante las autoridades son derechos consagrados por nuestra Constitución. Pero ese derecho mismo tiene un límite. Y ese límite es la ley. En este caso puntual el Código Penal Argentino.
El poder transitar no sólo es un derecho, sino que interrumpir las calles, cortar las rutas, es un delito penal castigado con pena de prisión en nuestra legislación vigente. Sin embargo se ha permitido durante años por cuestiones ideológicas que esto sea lo habitual, el reino del revés en el día a día. Este tipo de delitos son denominados delitos en flagrancia, es decir que habilitan a la fuerza de seguridad de turno a intervenir y reprimirlos sin orden judicial para poder restablecer el orden qué se vio alterado.
En cuanto a las formas del protocolo presentado esta semana por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, considero correcto que se involucren en este protocolo a las distintas fuerzas de seguridad del país.
Todas ellas están capacitadas y dotadas de los elementos necesarios tanto a nivel humano, contando con recursos logísticos, operativos y tecnológicos para llevar adelante dicha tarea.
Las calles y las rutas no pueden ser tomadas, tiene que haber un fuerte respeto a las autoridades para que este protocolo pueda ser llevado a cabo, es indispensable la coordinación de estas medidas con el resto de la jurisdicciones, no sólo por las fuerzas Federales, sino que cada provincia debería adherir a este protocolo y actuar en conjunto.
Pero lo más importante, y de lo que poco se ha hablado, es la coordinación con el Poder Judicial. Esto es clave. La Justicia deberá acompañar y apoyar a nuestras fuerzas y a la inmensa mayoría de los argentinos que deseamos vivir en paz. De nuestro Poder Judicial esperamos también que el sentido común prevalezca por sobre las grandes políticas ideológicas a las que nos tiene acostumbrados. Sobre todo en el fuero federal. Para esto tiene que haber un consenso y un respaldo a este modo de empezar a actuar, a poner orden.
El personal que actúe dentro de la ley deberá ser respaldado, no sancionado. Las personas que se nieguen a acatar a la autoridad deben ser detenidas y puestas a disposición de la Justicia, con todas las garantías constitucionales vigentes.
Por más decisión que tenga el Poder Ejecutivo de turno, sin el apoyo judicial será imposible de materializar el protocolo en cuestión.
Acá no se trata de slogans electoralistas que a nada llevan, de falsas opciones de mano dura o mano blanda. Se trata de hacer cumplir la ley en todas sus formas. Sin excepción. Esta debe ser cumplida y las personas que no la cumplan, como en toda transgresión a una norma, tienen que tener una sanción, en este caso de índole penal. Resulta inaceptable que un grupo minúsculo de personas por el motivo que sea entorpezcan la vida de todos los ciudadanos día tras día, la sociedad de bien no puede convalidar esto como algo normal y lógico por más que durante años haya resultado ser algo cotidiano.
El protocolo en análisis menciona que el uso de la fuerza sería graduado en función de la resistencia, pero la fuerza del Estado a mi juicio siempre tiene que tener mucho mayor despliegue que la delincuencia. El Estado debe tener mucha más fuerza que la delincuencia, y tiene que tener mucho mayor poder de fuego que esta, nunca inferior y ni siquiera igual, justamente porque es la autoridad. A la autoridad se la debe respetar y cuidar.
Hay un sector minoritario de la sociedad que ha pretendido durante años instalar una ideología donde solamente se cuida al delincuente, que el orden y la represión del delito son dos malas palabras, esto es absolutamente falso desde lo técnico operativo y desde lo jurídico. El delito debe ser prevenido y reprimido.
Bullrich, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad, no supo cómo controlar este tema, no supo encontrar el consenso, ni consiguió el apoyo político que se necesitaba para poder implementar un protocolo como este. Esperemos que esta vez aplique el rigor necesario para poder restablecer el orden perdido. En este sentido cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la gente que pide a gritos vivir y desarrollarse en paz.
Por Juan Pablo Fioribello
Publicado en www.infobae.com
