El 10 de abril de 1972, un disparo de FAL terminó con la vida del general de división Juan Carlos Sánchez. En el asiento trasero de su auto quedó, ensangrentada, una carpeta con un informe contra el gobierno de facto del teniente general Alejandro Lanusse que iba a presentar poco después. De ese modo, la organización guerrillera evitó una crisis militar. Quiénes fueron los asesinos y cuál fue su destino.
El 10 de abril de 1972 la Argentina estaba gobernaba por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse y vivió otra jornada perturbadora. En un mismo día, en Rosario, fue asesinado el general de división Juan Carlos Sánchez, comandante del Cuerpo II, por un comando conjunto del PRT-ERP y las FAR y, en el barrio bonaerense de Lugano, fue asesinado la autoridad máxima de la empresa FIAT, Oberdan Sallustro, que estaba secuestrado por el ERP. El atentado a Sánchez fue denominado “Operación Sonia II”. Como silencioso testigo del asesinato del general Sánchez quedó un cofre de madera y vidrio que guardaba un secreto en su interior y que al abrirlo, cual caja de Pandora, salieron los peores momentos de un país al borde de la desintegración, atacado por argentinos con ayuda extranjera. En los primeros momentos, con la conmoción, nadie reparó en lo que había quedado en el asiento de su automóvil. El rodado fue rodeado por militares y policías para resguardarlo, hasta que fue sacado del lugar del crimen para realizar las pericias correspondientes. Ahí quedaron, como mudos testigos del drama, su gorra de diario y una carpeta manchada con su sangre.
Mucho antes del 10 de abril de 1972, el general Sánchez sabía que era un “blanco” primordial de las organizaciones terroristas. Santa Fe –Rosario más específicamente – era una de las usinas principales de la subversión en la Argentina. Lo mismo que Córdoba y Tucumán. En una ocasión, su amigo Ángel “Cholo” Peco le mandó decir que se cuidara a través de uno de sus hijos: “Lo quieren matar”. La respuesta de Sánchez fue muy simple, lo pintaba de cuerpo entero: “¿Qué querés que haga? ¿Que tenga una fuerte custodia, con motociclistas, mientras mis oficiales caminan solos por las calles? ¿Qué ejemplo es ese?”. Así fue como esa mañana la única y última compañía que tuvo fue la de su chófer, el suboficial Juan Berneche que fue gravemente herido. También murió Dora Elcira Cucco de Ayala, la dueña del quiosco de diarios, que estaba a pocos metros de donde cayó el alto jefe militar.
El “Operativo Sonia Segunda” fue fruto de un acuerdo entre la dirigencia del PRT-ERP con las FAR apuntando a un hecho que debía generar conmoción. Primero, durante varias semanas se hizo inteligencia sobre los pasos del jefe militar, y luego tras una votación se decide ejecutarlo, dejando de lado su secuestro para intentar canjearlo con detenidos de las organizaciones. El 10 de abril de 1982, Gabriela Yofre Newton (a) “Mecha” hace una señal tardía de la salida del auto de Sánchez de su domicilio obligando a una camioneta Chevrolet azul a cortarle el paso y su conductor se baja abriendo fuego. Desde la calle Alvear llega un Peugeot blanco y el acompañante sacando el cuerpo por el techo corredizo dispara con su fusil FAL que dan fin a la vida del general. También intervienen otros terroristas que se desplazaban en un Fiat 1500 y un Torino blanco. Luego del asesinato de Sánchez intervino la Cámara Federal Penal de la Nación (CAFEPE) y la causa cayó en el juez César Black y Martín Anzoátegui como secretario. Con la investigación judicial todos los responsables directos fueron juzgados y sentenciados.
Indagatoria a Gabriela Mecha Yofre
Tras semanas de investigaciones “Mecha” Yofre fue detenida y el acta policial reseña: “En el momento de proceder a retirar el Fiat 1500 del garaje de la calle Paraguay 834 de Rosario -- que estaba siendo vigilado por las fuerzas policiales-- se detuvo a “Mecha”, que dijo llamarse Gabriela Yofre, argentina, de 20 años, soltera… quien enterada de la visita policial no puso reparo alguno en que se inspeccionara el auto, secuestrándose en el baúl los siguientes elementos: una ametralladora PAM Nº 15605, con dos cargadores y 30 cartuchos; once cápsulas servidas calibre 11,25 mm; una pistola marca “Bersa” calibre 22 con su correspondiente cargador vacío; una pistola calibre 635 marca “Unión” con su correspondiente cargador vacío; una escopeta calibre 16 marca “Carlos Grassi”; una carabina calibre 22 marca “Beretta”; tres pelucas, una mira telescópica marca “Glanz”, dos agujas hipodérmicas, y una valija conteniendo libros y tres granadas de mano” (Acta Policial). Tras su detención se allanó el departamento “3″ del sexto piso de la calle Rioja 1418 y allí se secuestró numerosa documentación de las FAR: planos y trabajos de inteligencia sobre próximos objetivos, en los que figuraban otros militares, sindicalistas, empresarios; fichas médicas de los propios integrantes de la organización armada y panfletos. El 11 de junio de 1972, el juez, “existiendo méritos suficientes para ordenar el procesamiento”, pide la captura de: Nora Peña, Guillermo Reyna, Vilma Mores, Virginia Allede, Juan Julio Roqué, José Ramón Briggiler y la ubicación de paradero y captura de una docena de personas que son reconocidas por sus nombres de guerra. Algunos de los abogados defensores de terroristas que intervinieron fueron: Gustavo Roca, Felipe Manuel Rodríguez Araya (se deja entrever en la causa que era uno de los correos entre los miembros que iban a realizar el atentado y los dirigentes presos que fijaban las directivas), Mario Hernández, Hugo Vaca Narvaja Yofre (hermano de Fernando Vaca Narvaja), Roberto Sinigaglia, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. El juicio oral se realizó el 6 de febrero de 1973 y Gabriela Yofre, Luis Alejandro Gaitini y Jorge Emilio Reyna fueron condenados a prisión perpetua. “Paloma” Lavalle de Reyna fue sentenciada a once años de prisión, Reinaldo Ramón Briggiler a nueve años de prisión y Juan Julio Roqué no mereció ninguna condena porque se hallaba prófugo y cuando cayó el juicio se había sustanciado. De todas formas, absolutamente todos los que intervinieron en la “Operación Sonia II” salieron en libertad a las pocas horas de la asunción de Héctor José Cámpora. Juan Julio “Lino”, “Mateo” o “Iván” Roqué morirá durante un combate en Haedo, el 29 de mayo de 1977, cuando integraba la conducción de Montoneros. “Lino” Roqué el que le pegó el tiro fatal a Sánchez, fue el mismo que contribuyó –también al año siguiente—a sesgar la vida de José Ignacio Rucci. Gabriela “Mecha” Yofre desapareció en noviembre de 1976. “Ramiro” o “Pepo” Briggiler murió el 5 de octubre de 1975, durante el ataque al Regimiento 9 de Formosa. Muchos años más tarde, Reyna fue candidato a Presidente de la Nación por el “Frente de la Resistencia” en las elecciones de 2003.
Hay dos detalles que no se conocen y marcan la calidad profesional y coraje de los jueces de la CAFEPE. Entre los asesinatos de Sánchez y Sallustro se movía “el Tordo” Antonio Sigfrido De Benedetti, un cuadro del ERP que cae preso durante la investigación por la muerte del empresario de la FIAT. Al tomarse conocimiento en Rosario un grupo del SAR (Servicio Antisubversivo de Rosario) viene a buscarlo y salvó su seguridad porque el juez Jaime Smart se negó a entregarlo. Lo mismo sucedió con Julio Julio Roqué, la pareja de “Mecha” Yofre a quién él llamaba “la ratita” y al que el juez Esteban Vergara se negó a entregar a otro comando del SAR en febrero de 1973, cuando cayó preso en la Quinta “Dixie” con el “Monstruo” Konkurat, “Paco” Urondo, Luis Labraña y un hijo de Marcos Osatinsky.
De aquel 10 de abril de 1972 quedó una caja de madera con tapa superior de vidrio en la que podía verse un bulto de tamaño rectangular envuelto en papel seda y prolijamente atado con cintas con los colores nacionales, que descansaba sobre un fondo de terciopelo rojo (los colores de un General de la Nación). Sobre la tapa de vidrio resalta una placa con una dedicatoria de sus subordinados a su Jefe, en la que sobresalen las palabras “Testamento Político”. Se trata del cofre clásico que los subordinados entregan a su comandante, el día que deja la jefatura, conteniendo la insignia de mando en el caso de los oficiales superiores. Contiene la carpeta que llevaba Sánchez en la mano en el momento de morir. Muchos años más tarde se me solicitó que la resguardara y expresé la paradoja de lo que estaba viviendo en ese momento, que un “primo” de Gabriela “Mecha” Yofre Newton tuviera ese testimonio.
La carpeta contiene cerca de cuarenta páginas escritas a máquina pero hay también reflexiones manuscritas del propio jefe militar. El trabajo que sobresale es de 29 carillas y luego vienen tres informes de situación de fechas “Mes de Junio de 1971″; “Análisis sintético de aspectos políticos”, del 27 de Junio (1971) y “Algunas observaciones sobre el momento político”, del 1º de Noviembre de 1971″. Horas antes del 10 de abril de 1972, Sánchez comentó en familia que en la reunión de Altos Mandos, que se realizaría en Formosa el viernes 14, iba a discutir con Lanusse. Debe entenderse: Iba a decir cosas --que estaban en su ánimo y el de muchos de sus subordinados-- que al Presidente de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército no le iban a gustar. El desarrollo de su exposición iba a resultar demoledor. Su exposición llevaría como título: “Apreciación del Comandante Cuerpo Ejército II sobre la situación nacional existente en marzo de 1972 y proposiciones tendientes a regular su evolución a partir de abril 72″.
El Capítulo III se titulaba “La actual situación nacional”. Y está escrito:
“Al iniciarse la 3ra etapa del proceso de la Revolución Argentina, se conformó una situación inicial favorable, debido a la conjunción de las siguientes circunstancias:
1. Cambio de imagen de la figura presidencial.
2. Ubicación exacta de la verdadera fuente del poder revolucionario (FFAA).
3. Cohesión entre las FFAA y dentro del Ejército.
4. Desaparición de los 3 tiempos, de perspectivas de larga permanencia en el poder y de la imagen del nuevo estado corporativista.
5. Proclamación de lo político como verdadera esencia de la problemática argentina.
6. Profunda fe ciudadana en verdaderas actitudes revolucionarias.
7. Apertura y diálogo político, iniciación de los estudios para la reforma institucional y promesa de orden y seguridad.
8. Posibilidad de terminar con la antinomia existente entre la concepción política y la concepción económica.
9. Posibilidad de despolitizar la CGT, la Universidad y el Clero.
10. Posibilidad de terminar y castigar ostensiblemente el peculado económico.
“Pero paulatinamente, nuevos factores modificaron la situación ambiental, llevando a la masa ciudadana a una nueva frustración, caracterizada por su indiferencia ante lo político, su irritabilidad ante lo económico-social y su estupor ante el peculado económico y la subversión terrorista. Entre tales factores podemos citar los siguientes:
1. Pérdida de contacto directo entre el Presidente y la ciudadanía. 2. División dentro de las FFAA, particularmente en el Ejército. 3. Falta de drásticas medidas verdaderamente revolucionarias. 4. Aumento del grado de politización de la CGT, el Clero y la Universidad.
5. Inexistencia de castigos ejemplares – masivos o altamente selectivos – para peculado en sus formas más encumbradas. 6. Carencia de una doctrina económica definida, integralmente concebida, públicamente explicada y firmemente aplicada. 7. Apresuramiento del reordenamiento de los partidos políticos; simple búsqueda de soluciones electoralistas; falta de plataformas políticas verdaderamente programáticas; reaparición de dirigentes caducos y resurgimiento de Perón como figura rectora de la solución política. 8. Apoyo encubierto o indirecto a la subversión de parte del alto clero, de Perón y de dirigentes de la CGT, poniendo en un mismo ético al Gobierno y al terrorismo, bajo el capcioso lema de que “la violencia engendra la violencia”.
La exposición que iba a realizar no sólo trazaba un poco edificante diagnóstico del gobierno de Lanusse. Avanzaba sobre los errores y también proponía soluciones, fijaba objetivos. Ellos están contenidos en las siguientes nueve páginas. Cada párrafo era un mazazo al tiempo que reclamaba: “Energía antes que popularidad, eficiencia antes que legalidad, sentido práctico de las cosas antes que posturas estilistas o principistas; esto es lo que nuestro pueblo espera ahora de nosotros”.
El general Juan Carlos Sánchez fue macerando, en los meses anteriores, la presentación crítica que iba a leer ante Lanusse y los Altos Mandos cuatro días más tarde de la fecha en que lo asesinaron. Esto queda bien claro cuando se repasan los informes privados previos que están en la misma carpeta. Por ejemplo, en el que lleva fecha 1º de Noviembre sostiene: “El país no puede ser entregado a irresponsables, ladrones, cómplices en el intento de enajenar la Patagonia a la California Argentina, etc., etc. Al poco tiempo las fuerzas armadas –si todavía les es posible—se verían obligadas a salir de nuevo de sus cuarteles”. Hay algo más que surge de los inmutables escritos hasta ahora poco conocidos: Sánchez se encontraba crítico, muy crítico, con la gestión del presidente Lanusse. Lo que queda como interrogante es hasta dónde hubiera llegado para hacer valer su pensamiento – del pensamiento a la acción -- y si tenía aliados dentro o fuera del Ejército para torcer o condicionar el curso de los acontecimientos. Tomado el documento, hoy, con el pasado conocido, con la visión que otorga el siglo XXI, puede entreverse que Sánchez transitaba la velocidad crucero de una crisis militar o un golpe a su comandante en Jefe. Pero Lanusse no fue cualquier Jefe del Ejército. Fue el último caudillo militar del siglo XX y habría que ver cómo hubiera reaccionado frente a las palabras del comandante del Cuerpo II, y lo que es más importante es cuál habría sido la reacción de la sociedad civil ante la posibilidad –sostenida por Sánchez – de retrasar el calendario político. Es dable reconocer que el gobierno militar se sostenía con el respirador artificial de la promesa electoral y la fecha estaba fijada. Parecía casi imposible dar marcha atrás. Ocho meses antes de la muerte de Sánchez, más exactamente el 22 de agosto de 1971, el teniente general Julio Alsogaray, el jefe militar que se apersonó en el despacho de Arturo Íllia para deponerlo, había declarado que “la Revolución Argentina no existe.” La dio por muerta.
El mismo día que asesinaron a Sánchez y al empresario italiano Oberdan Sallustro, el gobierno de la Revolución Argentina le pidió a Juan Domingo Perón, a través del embajador argentino en Madrid, Jorge Rojas Silveyra, que hiciera una clara condena de los hechos y sólo obtuvo como respuesta el silencio. Fue un silencio “táctico”, no cómplice. Recién al año siguiente, ya como Presidente de la Nación, se encargaría de iniciar el largo – y no menos cruento – camino de la “depuración” de su Movimiento (en el caso de Montoneros y las FAR) y del “exterminio” al PRT-ERP, tras el ataque al cuartel de Azul.
Por Juan Bautista Tata Yofre
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