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Nacional

Las complicaciones que surgen en las liquidaciones de los haberes militares, a partir, en la mayoría de los casos, de un incorrecto parámetro para tomar la base sobre la que deben aplicarse los aumentos otorgados por el gobierno nacional, conforman el principal título de primera plana, en la edición mensual escrita de TIEMPO MILITAR, cuyo número 250 ganó la calle este jueves, cuatro de agosto de 2011.
 

En este plano, la página web (www.tiempomilitar.com.ar ó www.tiempomilitarweb.com.ar) arroja los primeros resultados de una compulsa que se irá incrementado con el correr de los días y que, inicialmente, permite concluir que prácticamente a la mitad de los beneficiarios, por una u otra razón se les liquidó incorrectamente el incremento (ver sitio digital).
La edición impresa de este jueves abarca también la recomendación de la organización VOTARUN (Votar Unidos) para apoyar al ex presidente Eduardo Duhalde en las próximas primarias si bien también marca algunas reservas en cuanto a la necesidad de que el candidato explique claramente cómo será su política y objetivos con respecto a TODOS los problemas que acucian a la familia militar y de las fuerzas policiales y de Seguridad.

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La organización Votar Unidos (Votarun) integrada en su gran mayoría por miembros de la comunidad militar y sus familias, decidió respaldar en las próximas elecciones primarias del 14 de agosto la candidatura del ex presidente Eduardo Duhalde al considerar que ex mandatario "fue quien más se identificó con nuestros objetivos".

La sociedad militar argentina esta conformada por aproximadamente 200.000 miembros, entre activos y retirados los que, sumados a sus familias, conforman una comunidad superior al millón de personas, a los que deben agregarse quienes pertenecen a las fuerzas policiales y de seguridad, en todo el país, también invitados por la entidad a sumarse a Duhalde.

Una carta dirigida este viernes por las redes sociales expresa

Leer más:Recomiendan, para las primarias presidenciales, orientar el voto de la comunidad militar en favor...

Un informe del Departamento de Estadodivulgado por la corresponsal en Washington del diario La Nación, de Buenos Aires, Silvia Pisani, sugiere que para los Estados Unidos la Argentina, en el plano militar, dejó de ser un aliado estratégico.

La corresponsal, de buena llegada a las fuentes del Departamento de Estado, estima que el detonante de una larga cadena de desinteligencias se dio precisamente en el caso del avión estadounidense interdicto en Ezeiza y su carga –destinada al adiestramiento de policías federales- secuestrada por la Aduana. Un hecho a todas luces atípico y publicitado por el gobierno nacional.

El artículo en cuestión, publicado este miércoles (27 julio 2011) por el mencionado rotativo, expresa:

“Un infolrme del Departamento de Estado parece reflejar el enfriamiento de la relación con la Argentina después del llamado "incidente del avión", por el que nuestro país decidió incautar material militar norteamericano llegado al aeropuerto de Ezeiza en febrero último para instruir al personal de la Policía Federal.

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SAN SALVADOR DE JUJUYTropas de Gendarmería Nacional fueron puestas desplazadas hacia la ciudad de Libertador General San Martín, luego de violentos choques entre ocupantes de predios del Ingenio Ledesma y fuerzas policiales que arrojaron un saldo inicial de tres muertos –uno de ellos uniformado- y decenas de heridos.
Los gendarmes recibieron instrucciones de establecer una franja de contención entre los pobladores y activistas sindicales y las fuerzas policiales que fueron replegadas para evitar nuevos enfrentamientos.

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El Ministerio de Seguridad eliminó el requisito administrativa para contraer matrimonio en el ámbito de la Policía Federal y en la Prefectura Naval Argentina, por La Resolución N° 548/2011, publicada este viernes (22 jun 2011)  en el Boletín Oficial, que lleva lleva la firma de la ministra Nilda Garré. La restricción ya no regía para Gendarmería.

Además instruye tanto al Jefe de la Policía Federal, como al Prefecto Nacional de la Prefectura Naval para que en el plazo de 30 días corridos, informen sobre el cumplimiento de la medida dispuesta.

En los fundamentos expresa que la obligación que pesa sobre parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad de solicitar la venia matrimonial implica una restricción que altera el ejercicio de un derecho reconocido en los diversos instrumentos internacionales de derechos.

Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el Estado tiene el deber “de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce”.

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