Los aumentos dispuestos por el Gobierno, tanto para el personal de las Fuerzas Armadas como de Seguridad, tanto en actividad como en retiro, fueron liquidados irregularmente y, en algunos casos, no tenidos en cuenta, según lo comunicaron los propios afectados de acuerdo a una compulsa hecha por TIEMPO MILITAR.

 De acuerdo a lo informado por fuentes seguras, una fuerza de seguridad que tenía todo previsto para liquidar esos aumentos a su personal retirado, y que incluso había sido cursada la orden de pago, con fecha prometida para este miércoles (10 agosto 2011)  no pudo hacer efectivo ese pago debido a que el Ministerio de Economía no giró los fondos correspondientes. Al parecer, no había indicios de que esa partida fuese despachada en el curso de lo que resta de la semana.

 Una compulsa hecha por TIEMPO MILITAR  a través de su sitio de Internet, y corroborada puntualmente en base a consultas  en un muestreo testigo a casi 150 beneficiarios, permitió comprobar que el 44,6% de los encuestados no cobró correctamente el aumento prometido que debía regir desde el pasado primero de julio.

Veteranos “continentales” volvieron este lunes (8 agosto 2011) a reclamar para que se los equipare con los soldados que combatieron en las Islas Malvinas, en un nuevo capítulo de la controversia que miles de ex conscriptos llevan adelante en el objetivo de percibir los subsidios y beneficios para ex combatientes.

La demostración se cumplió frente a las oficinas del Ministerio de Acción Social sobre la avenida 9 de Julio en el corazón capitalino y provocó serios trastornos en el tránsito.

Los reclamantes libran una batalla pública para procurar que el Gobierno los equipare con los ex combatientes insulares, pero sistemáticamente su pedido fue rechazado.

Tras cinco años de penoso calvario, un matrimonio pudo demostrar que su hijo era biológicamente propio y no había sido apropiado a una pareja de desaparecidos. La decisión, mediante una serie de artilugios y chicanas legales, había sido demorada sistemáticamente hasta que un fallo judicial comprobó la falsedad de la denuncia.

Así lo dispuso el juez federal Norberto Oyarbide al sentenciar que “ha quedado demostrado que Carlos Ignacio Mancuso Giménez es hijo biológico de Carlos Angel Mancuso, y de su esposa,  Dora Ignacia Giménez.

El matrimonio había sido querellado por organizaciones de Derechos Humanos las que sostenían que el muchacho era apropiado. La querella fue llevada adelante por Jorgelina Azzari, en la cual sostenía que el joven Mancuso, nacido en el año 1978, podía ser su nieto y gestado durante el cautiverio de su hija Liliana Pereyra.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), a través de un comunicado que firma la señora Cecilia Pando, denunció el frustrado intento de destruir la muestra fotográfica que, sobre los hechos ocurridos en los 70, la entidad despliega frente al Palacio de Tribunales, en la Capital Federal.

La institución, incluso, identificó al que sindicó como autor material del fallido ataque, y sostuvo que éste, al ver frustrado su accionar agredió físicamente a una de las señoras de la Asociación.

Un comunicado al respecto, emitido con la firma de la señora Pando, expresó: