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Nacional

Por unanimidad, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba se declaró incompetente ante el planteo del fiscal general de la provincia, Alberto Lozada, quien solicitó el lunes último la indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, según lo informó en la tarde del jueves (19 dic 2015) en su edición digital el diario La Nación, en un informe fechado en esa capital provincial.

 El pedido del fiscal se dio en el marco de la causa que investiga el secuestro, en 1977, de Ramón Olivera, quien denunció que fue sacado de su casa de La Rioja por ocho personas, entre las que habría estado Milani.

 El hombre fue trasladado a una cárcel de esa provincia, donde dijo que fue torturado y, tres días después, tirado en la puerta de su vivienda, de donde se llevaron a su hijo Ramón Alfredo. Para Lozada había pruebas suficientes de que Milani acompañó a Olivera al Juzgado Federal donde recibió amenazas y advertencias y a la prisión, donde fue torturado.

 El requerimiento de citación alcanzaba también a ex policías y militares (todos retirados) y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. Lozada había calificado a las pruebas de "útiles, pertinentes y válidas". Por las torturas que recibió Olivera padre quedó hemipléjico y murió tiempo después sin haberse recuperado. El hijo fue enviado a una cárcel de La Plata, donde su detención fue blanqueada.

 El tribunal integrado por Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro consideró que es abstracta la apelación de la querella a la nulidad dictada por el juez de La Rioja, Daniel Piedrabuena, y también analizó que el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa debe ser resuelto por ese juzgado..

 

 

La Unión de Promociones (UP) informó sobre el fallecimiento en prisión, el miércoles 18 de marzo de 2015, del General de Brigada (R) José Luis Mazzeo, Promoción 78 Artillería CMN.

Con él se eleva a 287 el número de muertos en cautiverio como consecuencia de causas abiertas por la lucha antisubversiva de los 70.

Con un enfoque sobre las perspectivas salariales para el presente año, y un crítico análisis respecto del confiscatorio impuesto a las ganancias que licúa cualquier incremento, además del injusto aporte del 11% que pesa sobre los haberes de los retirados, ganó la calle el jueves (05 mar 2015) el número 293, correspondiente a la edición impresa de abril de TIEMPO MILITAR que la semana próxima cumple 22 años de vida junto a sus lectores.

También se incluyen notas de actualidad, la controversia por las nada claras intenciones de comprar material militar a China, y distintos análisis respecto a cómo debe encarse una genuina reforma militar.

Debido al feriado de Semana Santa de la primera semana de abril, la edición 294 de TIEMPO MILITAR llegará a sus lectores el jueves 9 de abril.

La Unión de Promociones informó el lunes (9 mar 2015) sobre la muerte, en prisión, del Suboficial Mayor (R) Octavio Tomás Méndez, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina (PNA) preso político en cautiverio.

Con él, se eleva a 286 el número de muertos privados de su libertad como consecuencia de causas abiertas por la guerra antisubversiva de los 70.

La UP precisó que el deceso del Suboficial Méndez, se produjo el jueves 12 de febrero. También dio cuenta del fallecimiento, igualmente en prisión, del Comisario Médico (R) de la Policía bonaerense, Aldo Antonio Chiacchieta.

Al expresar sus condolencias, la UP exhortó a la ciudadanía a redoblar sus esfuerzos en procura de revertir una situación marcada por la arbitrariedad y juicios ilegítimos en el marco de una inadmisible como inconstitucional persecución política

El ex jefe del Ejército, Teniente General ® Martín Balza, volvió a despegarse el miércoles (04 mar 15) de cualquier responsabilidad en el caso del contrabando de armas a Croacia. Culpó a la administración del entonces presidente Carlos Menem de los ilícitos denunciados y afirmó que es obra de “Pícaros, bandidos y corruptos”,el haber instalado en la opinión pública, la idea de que el Ejército fue desmantelado por estas operaciones ilegales.

La aseveración de Balza, publicada en la sección de cartas de lectores del diario La Nación, expresa:

Con relación a algunos artículos publicados en el diario La Nación, referidos al conocido caso de contrabando de armas a Croacia entre 1991 y 1995, en los que se alude "a armamento provisto por el Ejército", para esa ilícita operación, deseo, una vez más, resaltar: está cabalmente corroborado en el ámbito judicial que dicha fuerza ha sido totalmente ajena -y toda persona con estado militar con otrora desempeño en jurisdicción de ella- respecto de la comisión de delito alguno. Por cierto, no incluyo a oficiales que revistaban en la empresa Fabricaciones Militares, inicialmente dependientes de los ministros de Defensa Erman González y Oscar Camilión, y, con posterioridad -a partir de 1996-, del Ministerio de Economía, entonces a cargo de Domingo F. Cavallo. Pícaros, bandidos y corruptos, instalaron en la opinión pública un falso e inexistente desmantelamiento logístico del Ejército Argentino. ¿Podría haber pasado inadvertido un faltante de 60.000 fusiles livianos, 8000 fusiles pesados, 65.000 pistolas, más de 20 cañones de 10 toneladas cada uno, miles de misiles y minas antitanques y antipersonas, y miles de morteros y ametralladoras, entre otro armamento y material? Evidentemente, no. Todo salió de distintas dependencias de Fabricaciones Militares, aparentemente bajo el amparo de decretos "dibujados" del Poder Ejecutivo Nacional de ese entonces, propuestos por los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y la empresa citada. Nada anormal registraron, nunca, los inspectores de la fuerza, generales Jorge Halperín, Juan C. Mugnolo, Carlos Alfonso y Mario Castagneto; ni mis sucesores en la máxima instancia jerárquica, generales Ricardo Brinzoni, Roberto Bendini y quienes los sucedieron. Tampoco lo hicieron los ministros de Defensa Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy, Horacio Jaunarena, José Pampuro y Nilda Garré, entre otros. De ser cierto -lo falsamente aseverado en orden a la entrega de armamento para una operación delictiva-, todos ellos, por acción u omisión, habrían cometido, eventualmente, delitos tales como contrabando agravado de armas, asociación ilícita, encubrimiento, omisión de denuncia, falsificación de instrumento público y otros. Ello no fue así porque nunca existió, tal como se adelantó y fue desentrañado por la Justicia, participación alguna del Ejército en los eventos delictivos de mención; se consignó que, a la luz de lo actuado, se mostraba improcedente asignar responsabilidad institucional.

 

 

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