Medio centenar de pasivos de la Armada, que habían iniciado en Rosario una demanda contra el Estado Nacional en reclamo del efectivo cumplimiento del decreto 1490/2002  (entre otros ítems, obligatoriedad de incorporar a los haberes del personal retirado, los que se perciben para quienes revistan en actividad, entre ellos inestabilidad de residencia y adicional por decreto 628/92), se encontraron con la ingrata sorpresa de que perdieron sus demandas y que tienen que pagar, cada uno, 3.500 pesos en concepto de costas, tanto a los abogados del Estado como quienes los patrocinaron en sus reclamos.
Así lo manifestaron, a TIEMPO MILITAR, señalando que la mayoría deberá recurrir a la solicitud de créditos en las mutuales de las fuerzas para poder cumplir con el mandato judicial. Los ahora deudores, nucleados en el Círculo de Oficiales de Mar, filial Rosario, no ocultaron su extrañeza por la medida y por considerarse los únicos reclamantes que no tuvieron éxito en sus demandas y ahora encima tienen que hacer frente a todos los gastos.
 El decreto en cuestión, sancionado durante la administración Duhalde, expresa: