La exigencia gubernamental de que militares y miembros de las fuerzas de seguridad que accionaron judicialmente contra el Estado, deban devolver ahora parte de lo percibido según un cuestionable dictamen de la Corte Suprema de Justicia que borra con el codo lo que sus miembros habían fallado anteriormente, choca con jurisprudencia de cosa juzgada y, según los casos, sólo podría ser aplicable de aquí para adelante pero nunca con efectos retroactivos.
Así lo manifestaron a TIEMPO MILITAR calificados juristas que fueron consultados en las últimas horas a partir de que éste medio tuvo conocimiento de la resolución del Ministerio de Defensa, ordenando al Jefe del Estado Mayor conjunto para que instruyera a los Jefes de Estado Mayor y por ende a los departamentos contables de las fuerzas, para que procedieran sumariamente incluso hasta con la posibilidad de embargar bienes inmuebles de los involucrados.
