República Argentina: 6:42:52am

Nacional

Con un análisis crítico de la intención de cortar de un plumazo las medidas cautelares y exigir el reintegro de lo abonado, aún a costa de embargar bienes de los beneficiarios, ganó la calle el jueves (03 enero 2012) la edición impresa 267 de TIEMPO MILITAR que comenzó a distribuirse en los quioscos de todo el país.
También se informa pormenorizadamente sobre el alud de nuevas demandas judiciales que desató la aplicación del decreto 1305/12. En esta nueva edición se brindan pormenorizados detalles de cómo fueron algunas presentaciones en función de los cálculos efectuados por los letrados de los afectados.
El contenido de la edición impresa 267 abarca también otros tópicos entre los que sobresale la intención del Gobierno de recibir con bombos y platillos a la Fragata Libertad, en un giro de 180 grados cuando antes la propia Presidenta de la Nación había manifestado su voluntad de prescindir de ella. Igualmente se da cuenta de cómo funcionarios de carrera de la Cancillería, incluso uno de ellos raleado de las propias filas de la Casa Rosada fueron los verdaderos arquitectos de la liberación del navío.

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Pese a haber firmado el decreto que ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha armada contra la guerrilla en el marco del Operativo Independencia, la justicia federal de Tucumán mantuvo su postura inicial de dejar fuera de cualquier medida judicial a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, informó el diario La Gaceta, de Tucumán.

Por el contrario, el juez federal N° 1, Daniel Bejas, dispuso el procesamiento y prisión preventiva de medio centenar de personas, entre civiles y militares, en función del operativo militar que se desarrolló a partir de 1975 en Tucumán. En el proceso se investigaron 269 casos, en los que se describen las denuncias de vejaciones formuladas por quienes aseguraron ser víctimas de esos procedimientos.

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar a la citación para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, de Carlos Idelfonso Delia Larocca, de Mario Benjamín Menéndez, de Jorge Omar Lazarte, de Roberto Heriberto Albornoz, de Ernesto Nicolás Chávez, de Jorge Gerónimo Capitán, de Alfredo Alberto Svendsen, de Ricardo Oscar Sánchez, de Luis Armando de Cándido, de Ramón César Jodar, de Miguel Angel Moreno, de José Luis del Valle Figueroa, de Pedro Roberto Rojas, de Pedro Adolfo López y de Enrique José del Pino. Dispuso el levantamiento de la detención domiciliaria dispuestas respecto de Luis Rolando Ocaranza, Walter Edgardo Saborido, José María Menéndez y Miguel Angel Carrasco.

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