Editorial publicado por la www.lanacion.com.ar
El reciente protagonismo del líder de la organización Montoneros coincide con la reapertura de la causa por uno de los más graves atentados terroristas
El nuevo y progresivo protagonismo en la vida pública argentina de Mario Eduardo Firmenich, asesino condenado por múltiples crímenes cometidos por la siniestra organización terrorista que comandaba, preocupa a gran parte de la sociedad. De relator en la reciente miniserie Argentina 78, pasó a arengar a barrabravas de clubes del fútbol argentino para que “acompañaran” a los jubilados en su marcha al Congreso, con el saldo de desmanes, agresiones, lesiones y daños producidos por ellos sobre las fuerzas del orden, vehículos, comercios y edificios.
Pretende tal vez con ello amenazar o atemorizar a los jueces que ahora deben juzgarlo, tal como lo hacía desde Montoneros en los años 70. Ocurre que Firmenich, como líder de aquella organización, fue llamado recientemente a indagatoria por orden de la Cámara Federal porteña por su participación en 1976 en el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó 23 muertos y más de un centenar de heridos y mutilados. La reapertura de la causa preocupa a los responsables de aquel ataque, pues resulta imposible ocultar su naturaleza terrorista. A diferencia de otros múltiples crímenes que cometieron, este brutal atentado –el mayor de la historia argentina, solo superado en muertos y heridos por el de la AMIA de 1994– nunca fue olvidado ni por la sociedad, ni por familiares, amigos y conocidos de las víctimas que lo evocan en cada aniversario.
Fue diseñado, programado y llevado a cabo por el entonces Servicio de Inteligencia e Informaciones, que reportaba a la jefatura de Montoneros, a cargo de Firmenich y Roberto Perdía. El servicio seleccionaba los blancos y reclutaba a los jóvenes que plantarían y activarían los explosivos. La bomba de 9 kilos de trotyl y bolas de acero fue presuntamente colocada por José María Salgado, un joven universitario de 21 años, reclutado y capacitado militarmente por la organización e infiltrado en la Policía Federal. Salgado fue acusado de haber ingresado al edificio ubicado en la calle Moreno aquel 2 de julio de 1976 y de apoyar sobre una silla que se hallaba en el centro del salón comedor un maletín con los elementos explosivos, que detonó remotamente luego de retirarse cautelosamente. Según distintas investigaciones que reconstruyeron el feroz atentado, su coordinación estuvo a cargo del más destacado miembro del servicio de información e inteligencia de Montoneros, el escritor Rodolfo Walsh, que había ingresado a Montoneros en abril de 1973 junto a Horacio Verbitsky y otros militantes, provenientes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Los homenajes y reconocimientos a Walsh pretendieron lavar su pasado terrorista. Fue su propia hija quien expresó públicamente que “Esteban”, su nombre de guerra, “estaba orgulloso de haber podido llegar a ser un combatiente. Y precisamente a él, que se ocupó tanto de sostener una versión de rigor con la verdad, mal podemos pretender arreglarle su biografía”.
No fue el único atentado con explosivos que llevarían a cabo los montoneros. En un solo día, el 26 de junio de 1972, habían hecho estallar más de cien explosivos. Pocos años después, distintas columnas de la organización reportaban la colocación de 85 cargas explosivas en distintos puntos urbanos. Imposible resumir aquí tantos aberrantes crímenes, muchos dirigidos a integrantes de las fuerzas policiales, mediante el reclutamiento de jóvenes seguidores del “Che” Guevara incitados ideológicamente a la violencia armada. En noviembre de 1974, un explosivo en una modesta embarcación del comisario Alberto Villar lo mató a él y a su esposa. En agosto de 1975 colocaron una bomba en un avión Hércules C-130 que transportaba a 114 gendarmes, con un saldo de 6 muertos y 23 mutilados. En junio de 1976, terminó con la vida del general Cesáreo Cardozo una bomba colocada bajo su cama por Ana María González, de tan solo 20 años, quien se había hecho amiga de la hija del jefe de la Policía Federal. En septiembre de ese año se hizo detonar una carga explosiva en el momento en que pasaba un micro con policías de Santa Fe que venían de cubrir un partido de Rosario Central contra Unión; murieron nueve efectivos, dos civiles y hubo decenas de heridos. Dos meses después Alfredo Guillermo Martínez, estudiante de abogacía de 24 años infiltrado en la policía bonaerense, colocaría un artefacto explosivo en el despacho del subjefe de esa fuerza de seguridad, lo que ocasionó la muerte de un oficial y 11 heridos y mutilados. Cuando una comisión policial fue a buscarlo a su domicilio, fue recibida por otra carga explosiva instalada en el lugar. Otro tanto ocurriría en 1978 con el almirante Armando Lambruschini: la bomba colocada en su casa hirió de muerte a su hija Paula, de 15 años, y a uno de los custodios, con secuelas de heridas graves e invalidez para numerosos vecinos.
Salgado y otros jóvenes llevaban bombas en maletines. Las cúpulas montoneras los cargaban con millones de dólares, producto de robos y secuestros con los cuales financiarían, entre otros, al Movimiento Sandinista de Nicaragua, entonces comandado por Daniel Ortega. Hoy Firmenich es asesor del dictador asesino que mantiene presos a muchos de sus opositores.
Los millones del erario público siguen repartiéndose sobre la base de leyes de reparación inexplicablemente vigentes para indemnizar a nuevas víctimas o familiares que reclaman a 50 años de los hechos. Muchos asesinos siguen libres y hasta gozan de indemnizaciones. Los años 70 no vuelven una y otra vez al presente argentino por obra de la casualidad. No hay casualidades, solo odio, corrupción y venganza.
