LA PAZ– Un alto funcionario de la cancillería Boliviana sostuvo que “Chile dista mucho de ser un país amante de la paz” y advirtió sobre el “increíble silencio” que guardan los países de la región frente a la decisión del Gobierno de Santiago de tener un “nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región” así como una estrategia que potencia “a sus Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de guerra en Sudamérica”.
El director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, dependiente de la Cancillería boliviana, se pronunció en ese sentido en un boletín informativo cuyos términos fueron recopilados por despachos de prensa internacionales, entre ellos la agencia española EFE.
“El Poder Legislativo chileno está considerando la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD 2012-2024), que tiene la finalidad de financiar y potenciar a sus Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de guerra en la región suramericana”, sostuvo Lanchipa.
Agregó que la actitud chilena “es preocupante para todos los países de la región, además de ser delicada, porque ese país ingresó a una serie de contradicciones entre lo que dice y lo que hace cada vez con mayor desparpajo, actitudes y medidas que parecen representar el preludio de una guerra”.
Lanchipa, ex presidente del Tribunal Constitucional, fue nombrado en octubre pasado por el presidente Evo Morales para alistar una demanda en tribunales con el fin de reclamar a Chile una restitución de la salida al mar, perdida en una guerra librada a fines del siglo XIX, en la que también participó Perú en alianza con los bolivianos.
Afirmó igualmente que la nueva norma debatida en el Senado chileno “contempla una exorbitante partida presupuestaria armamentista”.
Chile, según el funcionario boliviano, ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década, y mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años '70, pese a su compromiso de removerlas y desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997.
Lanchipa agregó que el proyecto de ley sobre la nueva estrategia “establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales)”. Ese proyecto también crea, según Lanchipa, un fondo de contingencia estratégico que dispondrá de 3.000 millones de dólares para financiar material bélico en “situaciones de guerra”.
El funcionario dijo además que la política exterior chilena “sólo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses” porque exige a Bolivia que se respete el Tratado de 1904, que fijó los límites con Chile tras la guerra, pero “transgrede al mismo tiempo todas sus demás cláusulas”. Sostuvo que hace poco el ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, “amenazó con usar sus Fuerzas Armadas para ‘hacer respetar los tratados’, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904”.
“Lo que demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país amante de la paz”, agregó Lanchipa, y manifestó que se debe avivar “la conciencia internacional para que el increíble silencio que guardan los Estados del continente se rompa y se pronuncien haciendo una exhortación al gobierno chileno”.
“Al parecer se podría esperar que en un futuro no muy lejano los gobernantes de Chile manifiesten una vez más su ‘vocación de paz’ y seguidamente, en un contrasentido –no esperado y mucho menos deseado– inicien otra guerra”, concluyó la autoridad boliviana.
Lanchipa también firmó el artículo “Chile, entre contradicciones y preparativos de guerra”, publicado el sábado 18 de agosto de 2012 en el diario La Razón, en el que reitera sus comentarios y añade que para Bolivia hay una “clara amenaza” porque la estrategia chilena cita necesidades de agua dulce, recurso que poseen los territorios vecinos bolivianos.
