Por Tomás Martino publicado por www.infobae.com
En la novena jornada del debate oral en Río Gallegos, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz anticipó que el ex comandante de la Fuerza de Submarinos ampliará su indagatoria este miércoles. La audiencia también dejó un nuevo frente abierto: el estado de salud del testigo Dardo Difalco, ex Auditor de la Armada, dividió a las partes sobre cómo recibirle la declaración
El ex capitán de navío Claudio Villamide, primer imputado en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz durante la primera semana del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, volverá a tomar la palabra este miércoles para refutar una serie de "inexactitudes" atribuidas al testimonio del ex Inspector General de la Armada Eduardo Pérez Bacchi.
En el marco de la novena jornada del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan (SUSJ), donde desde hace un mes se analiza si hubo responsabilidades penales en la tragedia naval, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, adelantó este lunes que es probable que el miércoles se reciba la declaración indagatoria del imputado Claudio Villamide, quien, por intermedio de su defensor, había solicitado deponer nuevamente para aclarar una serie de “inexactitudes” ventiladas por un ex inspector de la Armada durante una de las últimas audiencias.
El ex capitán de navío fue el primero de los cuatro oficiales de la Armada imputados en declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. En esa oportunidad se declaró inocente, dijo que las acusaciones eran “injustas” y negó todos los cargos en su contra. Llegó al debate acusado de “haber omitido las diligencias necesarias” para mantener en condiciones al buque en su calidad de Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) entre febrero y noviembre de 2017. También de “haber permitido” que “dicha unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS N° 04/17″, que delineó la última navegación del SUSJ en los meses de octubre y noviembre.
Desde su inicio a mediados de marzo, el juicio viene produciendo prueba testimonial con el fin de esclarecer el estado material del ARA San Juan para salir a navegar. Es por eso que gran parte de los testigos se pronunciaron con un fuerte contenido técnico, explicando los distintos mecanismos y sistemas del buque -clase TR 1700-, fabricado en Alemania e incorporado a la fuerza naval en 1985, e intentando precisar los alcances de las “novedades” que presentaba la embarcación antes de zarpar a su misión de adiestramiento y control del mar en el Atlántico Sur.
Tres hombres sentados en una mesa larga de madera en una sala de audiencia, con un monitor de computadora y micrófonos; dos banderas altas están detrás de ellos
El vocal suplente Guillermo Quadrini, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz Mario Reynaldi y el vocal Enrique Baronetto, tres de los cuatro magistrados que integran el tribunal que juzga a los oficiales de la Armada imputados por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El cuarto integrante del cuerpo es el vocal Luis Giménez
A lo largo de las distintas audiencias, ex comandantes y ex tripulantes del SUSJ, junto a ex titulares de la Fuerza de Submarinos y ex oficiales superiores con competencia presupuestaria o en arsenales, se expidieron respecto a la documentación que quedó en los archivos de la Armada referente al estado de alistamiento del buque, con pruebas pendientes y un pedido de ingreso a dique seco para concretarlas. Ahí aparece uno de los grandes ejes que deberá evaluar el tribunal: ya que si bien las defensas admiten que había tareas por ejecutar, la "seguridad náutica" no estaba en juego, en tanto lo que faltaba por realizar o testear no afectaba la “navegabilidad” del buque.
Uno de los testigos que declaró ante los magistrados Reynaldi, Luis Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, fue el contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ex Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022 y encargado, por su rol, de auditar los procesos internos de las diferentes áreas de la fuerza. En su exposición comentó y ratificó, entre otras cosas, una auditoría desarrollada en diciembre de 2016 por su antecesor en el cargo, el contralmirante Guillermo Lezana, que entonces había hallado “deficiencias” y “obras pendientes” que "dificultaban" el alistamiento del SUSJ “para cumplir con los Planes en vigor”.
El testimonio de este infante de marina fue el disparador que llevó al abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, a requerir un espacio en el cronograma de los testigos convocados por las partes para que su defendido pudiera poner en evidencia una serie de presuntas “inexactitudes” esbozadas por Pérez Bacchi a través de una ampliación de su indagatoria.
Ese planteo fue, en efecto, formalizado hace dos semanas. Este lunes a la mañana, al retomar las audiencias -que se llevan adelante semana de por medio- el titular del TOF detalló que, “conforme el cronograma”, la declaración del submarinista imputado “podría ser el miércoles 8″.
“Vamos a realizarla en el transcurso de la semana, conforme las disponibilidades“, dijo en un primer momento el juez Reynaldi. Luego precisó que el acto procesal podría llevarse a cabo este miércoles.
Por otra parte, y antes de comenzar la novena jornada del debate, el presidente del tribunal santacruceño informó a las partes que el martes 31 de marzo se había presentado personalmente en los astilleros TANDANOR para intentar contactar a representantes de la empresa alemana ThyssenKrupp, fabricante del SUSJ, sin obtener respuesta a los correos electrónicos enviados hasta el momento. En esa misma visita, el magistrado aprovechó para realizar una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -gemelo del ARA San Juan-, que se encuentra en proceso de desguace y cuya venta como chatarra es, según indicó, “muy probable”. Reynaldi relató que fue atendido por el ingeniero Ricardo Franceschelli, subdirector de Operaciones, a quien describió como submarinista, ingeniero naval e ingeniero electricista, y señaló que la visita le resultó “fructífera” en términos personales, ya que había podido observar desde el piso el balcón de baterías, las conexiones eléctricas que parten desde ese sector, la cañería que conduce al tanque de snorkel y los recodos de las tuberías de la nave. Todo eso le había permitido comprender, dijo, “el porqué se pueden llegar a producir pinchaduras por la acumulación de sarro”. A partir de esa experiencia, sugirió concretar en las próximas semanas una nueva visita al ARA Santa Cruz.
La novena audiencia
Este lunes, en una nueva sesión en los tribunales federales de Santa Cruz, ubicados en la avenida Presidente Néstor Kirchner al 900, se tomaron cinco declaraciones testimoniales. Una de ellas no fue transmitida de manera virtual porque el declarante pertenecía al área de inteligencia de la Armada y su alocución no podía ser difundida. Luego declararon tres suboficiales -ex tripulantes del SUSJ- y un exoficial de la Armada.
La audiencia duró casi cinco horas y giró en torno a los sistemas de medición de gases que tenía el submarino para evaluar la calidad de la atmósfera durante las navegaciones. También se analizaron las posibilidades de que la válvula E-19 -por donde habría entrado el agua de mar que generó el cortocircuito aquel 14 de noviembre de 2017- estuviera mal cerrada -por error-, averiada -por desgaste- o directamente abierta en virtud de una prueba puntual del equipo encargado de la ventilación del buque o por un accidente.
Por otro lado, el juez Reynaldi informó a las partes que había recibido documentación sobre el estado de salud del testigo Dardo Difalco, contralmirante retirado que fue Auditor de la Armada -jefe del cuerpo de abogados de la fuerza- al momento del naufragio del ARA San Juan y uno de los interventores del sumario disciplinario militar ordenado por el Ministerio de Defensa a los pocos días de la pérdida de contacto de la embarcación con sus 44 tripulantes a bordo. Según el certificado médico incorporado a la causa, sus condiciones clínicas desaconsejaban someterlo a “situaciones estresantes”.
ARA San Juan
El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur cuando cumplía la Orden de Operaciones COFS N° 04/17, que dispuso una navegación de adiestramiento, patrullaje y control de mar. Su casco fue hallado un año después en una zona del talud continental a 907 metros de profundidad
Ante ese escenario, el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras solicitaron que su testimonio fuera incorporado por lectura, aunque Carreras condicionó su apoyo a que la lectura se realizara en voz alta, al igual que el informe del exinspector Lezana -que se terminó leyendo más tarde-. La defensa de Villamide se opuso y pidió tiempo hasta este martes para estudiar la situación. “Queremos que venga acá o que declare por Zoom desde Buenos Aires, si es que está tan afectado como dice estar”, expresó el defensor, quien recordó que Difalco pertenece a un grupo de testigos sobre los cuales las defensas no pudieron ejercer control durante la instrucción penal de la jueza Marta Yáñez.
Las defensas del contraalmirante Luis López Mazzeo -ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada-, del Capitán de Navío Héctor Alonso -ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos- y del Capitán de Fragata Hugo Correa -responsable de operaciones y comunicaciones del COFS al momento de la pérdida de contacto con el ARA San Juan- acompañaron esa postura. El querellante Luis Tagliapietra no se opuso a la incorporación por lectura pero consideró que la posibilidad planteada por las defensas era “viable” e “interesante”, y se manifestó a favor de escuchar a Difalco “al menos por vía telemática”. La querellante Lorena Arias no se pronunció al respecto.
El interés de las defensas en interrogar a Difalco acaso no sea casual. El contralmirante retirado fue, al momento del naufragio del 15 de noviembre de 2017, el Auditor de la Armada y subordinado directo del entonces jefe del Estado Mayor General, el almirante Marcelo Srur. Cuando el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó el sumario disciplinario, fue Difalco quien lo ejecutó operativamente: designó al instructor, recibió la documentación y viajó personalmente a Caleta Olivia a entregarla en el juzgado federal el mismo día en que Srur firmó la resolución que suspendió a López Mazzeo y a Villamide. Ese expediente, que podía tramitarse en un plazo de seis meses, se resolvió en seis días. El propio Ministerio de Defensa anuló luego la parte de esa resolución que los declaraba presuntos infractores, al advertir que se habían omitido documentos clave y que los peritos designados nunca llegaron a dictaminar.
Años después, López Mazzeo denunció penalmente a Srur, Difalco y al oficial instructor Gustavo Piscicelli por abuso de autoridad, sosteniendo que el sumario no habría sido una investigación disciplinaria genuina sino un mecanismo para proteger a Srur de eventuales imputaciones penales y desplazar a López Mazzeo, quien -según la tradición institucional de la Armada- era el candidato natural a sucederlo al frente del Estado Mayor General, dado que el COAA era el escalón previo a esa jefatura. La justicia penal no avaló esa hipótesis: los tres fueron sobreseídos y ese sobreseimiento fue confirmado luego en Cámara y Casación.
