Editorial del diario La Nación publicado en www.lanacion.com.ar
Reforzar los controles en zonas limítrofes no es solo un deber del Estado, sino un mecanismo para impedir la expansión de la delincuencia hacia todo el país
En un país con la extensión territorial de la Argentina, las fronteras parecen un lugar muy alejado para la mayoría de los habitantes de grandes centros urbanos, donde el delito se enseñorea de las calles.
Algunas capitales provinciales se encuentran a apenas pasos de los límites fronterizos, pero para los habitantes del conurbano o de Rosario, por mencionar dos zonas golpeadas en forma recurrente por la violencia de bandas que atacan con múltiples modalidades, la referencia a la seguridad fronteriza puede representar algo abstracto. Sin embargo, ese pensamiento es un error estratégico. En las fronteras, en el primer metro de superficie del país, se desarrolla un combate decisivo cuyo resultado, finalmente, repercute en todas las ciudades de nuestro vasto territorio.
Detener la logística criminal en su origen debería ser, en consecuencia, un aspecto prioritario en la seguridad pública. En ese contexto surge ahora el debate por la propuesta de instalar un cerco perimetral a la vera del río Bermejo, en la localidad salteña de Aguas Blancas.
El PCC se volvió el mayor grupo criminal brasileño bajo el liderazgo de presos como Marcola, hoy recluido en una cárcel de máxima seguridad en Brasilia
El PCC se volvió el mayor grupo criminal brasileño bajo el liderazgo de presos como Marcola, hoy recluido en una cárcel de máxima seguridad en Brasilia
La idea nacida de las autoridades de la intervención municipal –el intendente quedó fuera de su cargo al ser procesado por una oscura trama que incluye el asesinato de su hermano– es alambrar un perímetro de 300 metros de extensión para evitar que los llamados bagayeros esquiven el puesto de control de Aduanas e ingresen en la calle principal de Aguas Blancas un centenar de pasos después de haber desembarcado mercaderías que, en improvisadas balsas, cruzan por un corto trayecto desde la ciudad boliviana de Bermejo.
Las autoridades nacionales avalaron esa iniciativa, pero trazaron su propio operativo para solidificar en ese lugar del norte argentino la presencia del Estado. El Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich al frente, conduce el llamado Plan Güemes para ordenar las hoy permeables fronteras y que en Aguas Blancas impondrá un mayor y diferente despliegue de fuerzas de seguridad.
En los límites con Paraguay y Brasil merodea la que tal vez sea la organización criminal más importante de la región tras la caída de los grandes carteles de drogas colombianos: el Primer Comando Capital (PCC), estructura delictiva surgida de las cárceles brasileñas
Uno de los puntos claves de ese plan será el control en la navegación del río Bermejo que ejercerá la Prefectura Naval. Es menester consignar lo llamativo que resulta el hecho de que la fuerza con especialidad fluvial nunca antes tuviese esa responsabilidad, dejada hasta ahora en manos de las autoridades de Bolivia. De la misma manera, se puede señalar que siempre es bueno corregir un rumbo si los resultados marcan un error.
Con los prefectos en la primera línea y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como auxiliar armado del personal de Aduanas, la intención oficial es que la Gendarmería redoble el esfuerzo en la profundidad de la zona fronteriza, donde las organizaciones delictivas dan el segundo paso para llevar sus cargamentos ilegales –cocaína, productos electrónicos, neumáticos, textiles, toda clase de mercadería que abastece a los circuitos delictivos en los centros urbanos– hacia sus zonas de acopio.
Insistimos: todo el trabajo que se haga para cerrar las fronteras al delito será una inestimable colaboración para empezar a revertir la proliferación en las ciudades de bandas que necesitan un constante flujo de mercaderías ilegales para obtener ganancias y crecer en número de miembros.
Frente a esa realidad, se insta a las autoridades nacionales a dar los pasos necesarios para asegurar los límites argentinos, no solo en Aguas Blancas, cuya escenografía de contrabando quedó expuesta por la propuesta de cercar una zona. Otro de los cruces internacionales con Bolivia, en Salvador Mazza, merece igual atención. A pocos kilómetros del puente fronterizo que es paso habilitado existe un área conocida como “El cañaveral”, donde los fondos de fincas argentinas y bolivianas están separados por una huella de menos de 30 metros. Informes de inteligencia criminal y datos emanados de causas judiciales dan clara cuenta del tráfico de mercaderías y personas en ese sector. La zona es patrullada, pero no puede dejar de mencionarse que se necesita aún más intensidad en el control para impermeabilizar las filtraciones de drogas. Una iniciativa que está en análisis por parte de la ministra Bullrich podría dar sustento a un cambio en un sector donde los integrantes de las fuerzas federales están obligados a convivir con bagayeros, contrabandistas y narcotraficantes.
Los funcionarios piensan en una alternativa: la rotación más rápida de efectivos instalados en las áreas de frontera. Se descuenta la vocación de los uniformados en la defensa de los ciudadanos y su compromiso y valor para enfrentar al delito, puesto a prueba en un aumento en los últimos meses de los enfrentamientos en zonas cercanas a los límites nacionales. No obstante, la participación de algunos efectivos como un engranaje más de la logística criminal quedó expuesta en varios expedientes y, en ese caso, la experiencia positiva durante el año pasado en Rosario establece las ventajas de mezclar personal nuevo entre la gente más arraigada en una zona, que de por sí suman el plus de sus conocimientos, pero pueden recibir una mirada más fresca sobre lo que ocurre en el lugar.
Sin miradas sesgadas por ideologías propias del pasado, debería estudiarse también el aporte que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar, ya que contabilizaron en las últimas décadas sobradas muestras de capacidad en la protección y vigilancia bajo mandato de la ONU.
El objetivo trazado hoy respecto de la frontera con Bolivia no debería, tampoco, poner en un segundo plano el necesario refuerzo de la presencia del brazo armado del Estado en los límites con Paraguay y Brasil. Especialmente, porque en esos territorios merodea la que tal vez es la organización criminal más importante de la región tras la caída de los grandes carteles de drogas colombianos: el Primer Comando Capital (PCC).
Se sabe que el PCC, surgido de cárceles brasileñas, es una estructura delictiva que lleva adelante una agresiva expansión. Tiene buena parte del control de la logística narco, sobre todo, de sus redes aéreas con avionetas que despegan desde Paraguay y “bombardean” ya no solo marihuana, sino también cientos de kilos de cocaína en territorio argentino. Sus miembros tienen una diferencia sustancial con otros traficantes y contrabandistas: no dudan en disparar y portan fusiles de asalto. Por ahora, solo se detectó la presencia de sus exploradores en los límites argentinos, pero, frente a un grupo de esas características, no puede perderse más tiempo. Fortalecer las fronteras es una decisión estratégica.
Sin miradas sesgadas por ideologías propias del pasado, debería estudiarse también el aporte que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar, ya que contabilizaron durante las últimas décadas sobradas muestras de capacidad en la protección y vigilancia de sectores en las misiones internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas.
Dar seguridad en las fronteras no solo es una misión primaria del Estado, sino también la forma de presentar la primera batalla contra el delito que golpea en las ciudades.
