República Argentina: 12:41:27pm

POR DANIEL ZOLEZZI Publicado en www.laprensa.com.ar

Fue más que adecuado que el 9 de julio volviera a festejarse con un desfile militar. Y fue un gesto simpático que Milei y Villaroel se subieran a un Tanque Argentino Mediano y anduvieran en él. Gesto reparador, porque durante las cuatro presidencias K – la de Fernández incluida – faltó ese tradicional desfile.

Quienes desde la Presidencia de la Nación lo cancelaron, al destratar a las Fuerzas Armadas, enlodaron también su alto cargo. En efecto, quien lo ocupa “es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación” (art. 99 inciso 12 de la Constitución)”. Pues si no merecería respeto un comandante de tropas que se negara a ponerse a su frente, menos lo merece quien, desde la cúspide de las Fuerzas Armdas, las menosprecia.

Bueno fue, pues, el gesto reparador. Pero el problema esencial sigue intacto: la inicua desigualdad de trato que se da, Poder Judicial mediante, a los militares y a quienes, por la vía de la violencia, quisieron imponer en nuestra patria el más crudo marxismo leninismo.

Que algunos emplearan, por un tiempo, la careta peronista no engaña a nadie. El primero que no se engañó fue Juan Perón quien, no por capricho, los expulsó de la Plaza de Mayo. Quienes, hoy por hoy, en su mismo partido, los consideran compañeros, lo hacen por complicidad, por cobardía o por estricto interés material. Hay mucha indemnización y muchos cargos para repartir.

Resulta que hoy, muchos años después, los crímenes que cometió la guerrilla –por terribles que hayan sido– no lo son de lesa humanidad. Y sí lo es, en cambio, que un militar respondiera a su fuego y causara bajas en esas filas (Formosa, Monte Chingolo y tantos enfrentamientos más).

Conviene aclarar que quien escribe jamás fue partidario del gobierno militar llamado El Proceso.

Al contrario. Creyó entonces que derribar a Isabel, a quien le faltaban meses para dejar la Presidencia, fue un error deplorable. Asumiera quien asumiera luego ese cargo, parece indudable que hubiera continuado aplicando el famoso decreto 261/75 que ordenaba aniquilar a la subversión. El radicalismo de Balbín, muy distinto al que vino después, de haber llegado al poder -cosa muy posible dado el desgaste del gobierno peronista de entonces- de seguro lo hubiera hecho sin que le temblara el pulso.

ESCUPIR AL CIELO

Dicho lo anterior, volvamos al presente. Purga cárcel, en muchos casos injustísimamente, un largo número de militares y miembros de las fuerzas de seguridad. Libres y habiendo cobrado jugosas indemnizaciones, se pasean guerrilleros que cometieron crímenes execrables. Los platillos de la Justicia se desbalancearon con un dolo, en el mejor de los casos, sólo intelectual.

No rever semejante injusticia es escupir al cielo.

La cobardía de Macri le impidió el menor intento en ese sentido. Hoy por hoy, la vicepresidente, hija de un militar, aboga por que la justicia condene los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla. Pero Milei enjuaga sus manos, sosteniendo que “no está en su agenda”. Por él lo dijeron su vocero presidencial Adorni y Francos, su jefe de gabinete.

Es decir, continuará la versión falsa de la historia de la que se han hecho cargo, con algún intervalo, los gobiernos que hemos habido los últimos cuarenta años. Versión a la que se ajusta, con una obediencia casi debida, el Poder Judicial.

No es ése el lugar para exponer los muchos argumentos jurídicos, históricos y éticos contrarios a esa visión falaz de lo ocurrido. Sólo apuntaremos dos hechos muy claros.

El primer es que la resolución 158/2007 de la Procuración General de la Nación –entonces a cargo del exministro del Interior de Cámpora, Esteban Righi– que sostuvo que los crímenes de la guerrilla no lo fueron de lesa humanidad y que no cabe perseguirlos como tales, es tan sólo eso. Un simple acto administrativo. Por lo tanto, basta para derogarlo apenas otra resolución. De ese modo, recuperarían libertad de actuación los fiscales, hoy maniatados.

El segundo. es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su art. 7 establece que esos crímenes puede cometerlos tanto un Estado como una Organización. Y entre ellos están el homicidio y la tortura. Delitos que la guerrilla prodigó sin tasa.

 

 

 


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