La ministra de Seguridad avanzará con el protocolo ante la posibilidad de que la conflictividad social escale y se busquen las calles para las protestas. La orden de una de las carteras más calientes es no dialogar con las organizaciones sociales y sindicalistas.
De esto se encarga el Gobierno de la Ciudad. Al mismo tiempo, Bullrich pretende que la Justicia tenga mayor celeridad al momento de ordenar el levantamiento de un corte de calle o ruta. Planea que los cortes se den en las arterias y no en las avenidas principales de la Ciudad y una contención a través de distintos anillos.
En unas de las últimas marchas del Polo Obrero hubo un operativo que casi no apareció en los medios de comunicación. Un grupo nutrido de fuerzas federales interceptó una marcha del brazo piquetero del Partido Obrero que intentaba llegar al puente Pueyrredón para cortarlo. El operativo frenó la movilización a casi dos cuadras de llegar al ingreso neurálgico a Capital Federal. No hubo cortes. Y el Polo Obrero, que llevaba banderas grandes y militancia encapuchada, se tuvo que contentar con protestar en una calle aledaña de Avellaneda.
El botón de muestra es lo que se verá en las próximas semanas. Es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está convencida en profundizar su política anti piquetes –que incluyó un protocolo particular– y que, aunque haya más marchas, la consigna de no cortar rutas, autopistas y accesos, y de protestar “en la vereda” cada vez que se pueda sigue más vigente que nunca.
La ministra dialoga con Cúneo Libarona para que la Justicia acelere su accionar.
Es más: en los diálogos reservados que viene manteniendo Bullrich con el presidente Javier Milei la política de seguridad se transformó en uno de los hitos centrales de la gestión del libertario. Cada vez que puede en público pero también en privado el jefe de Estado pondera el trabajo de la “señora Bullrich” (como siempre la llama) y la ha empoderado para que las fuerzas federales tomen el control de la calle.
En este marco, en el Ministerio de Seguridad observan el escenario de mayor conflictividad social en los próximos meses. Tienen la orden de no dialogar con las organizaciones sociales, los partidos de izquierda y los sindicatos que se movilizan. Ese trabajo, en el caso de la Capital Federal, lo tiene en sus manos Waldo Wolff, el ministro de Seguridad porteño, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz.
“Patricia siempre fue muy clara: cortar es un delito y nosotros vamos a cumplir eso. Las fuerzas federales tienen la orden de evitar cortes de calles y les estamos dando todo el poder para actuar”, le explica a PERFIL una fuente calificada del bullrichisimo.
En ese contexto, la ministra de Seguridad viene dialogando con su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre un tema que le preocupa: la falta de celeridad, en algunos casos, de la Justicia.
En particular: cuando en medio de una marcha o un intento de corte de calle o ruta las fuerzas de seguridad detienen a alguien, es la Justicia la que decide si se lo lleva preso o si se lo libera en el acto. Como mucho, las fuerzas pueden demorarlo. Una de las cuestiones que se encontró, por caso en el operativo frente al Congreso, es que había militantes que aseguraban ser periodistas y, en otros casos, detenidos que planteaban que la Justicia no había dado la orden de mantenerlos en un patrullero.
Con todo, en Seguridad ya evalúan otros escenarios también. Por ejemplo, una marcha más masiva que implique algún corte. En ese sentido, la idea que tiene Bullrich, y que viene trabajando en coordinación con Wolff, es limitar la cantidad de cortes, que sean arterias y no grandes avenidas, y que el despliegue de las fuerzas sea compartido en base a dos o tres anillos donde cada fuerza se va intercalando las posiciones.
Por Exequiel Spillman. Publicado en www.perfil.com
