El oficialismo frenteamplista uruguayo tratará de imponer en soledad, la semana próxima, una polémica norma que desconoce una vez más dos pronunciamientos populares respecto a la prescripción de los hechos que se cometieron durante la represión de las fuerzas guerrilleras en los 70. Los parlamentarios de oposición advirtieron que podrían recurrir a la Corte Suprema para invalidar ese pronunciamiento .
MONTEVIDEO (Texto Cortesía diario El País) El proyecto que restablece la "pretensión punitiva" del Estado respecto de los delitos cometidos en la dictadura, y modifica además los plazos de prescripción, se votará el 24 en el Senado y el 26 en Diputados, solo con el respaldo de la izquierda.
El proyecto, que contiene tres artículos, fue acordado ayer en la reunión de la Comisión de Caducidad que funciona en el Frente Amplio y se remitió al Parlamento. Incluso, se le dio ingreso ayer mismo a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores.
La bancada del Frente Amplio ya agendó las fechas para tratar el texto. El lunes 24 se votaría en el Senado y el miércoles 26 en Diputados.
Ayer, en la reunión de coordinación de bancada de Diputados se pidió que los 50 legisladores estén presentes en sala al momento de la votación. Esto, como consecuencia de que la oposición no acompañaría el proyecto.
El Partido Colorado ya anunció su oposición, mientras que el Partido Nacional se comprometió a comunicar su postura lunes, cuando regresen los senadores Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional).
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que "el Frente Amplio se cortó solo" al enviar el proyecto sin consensuar con la oposición y agregó que el mismo "viola el principio de separación de poderes".
Además de "establecer un criterio de retroactividad que no es correcto", la iniciativa "es un mamaracho y debería ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia", aseguró Mieres .
El proyecto, en su primer artículo, restablece "la pretensión punitiva del Estado, para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985".
En el segundo se establece que "no se computará plazo procesal alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo uno".
De acuerdo con la legislación vigente, esos delitos prescribirían el 1° de noviembre.
En el tercero se declara que "los delitos que refieren los ar-tículos anteriores, son crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte". La ley "entrará en vigencia a partir de su promulgación", según se establece al final del texto.
En los hechos, el proyecto actúa en su artículo 1° como derogatorio de la ley de Caducidad, explicaron a El País fuentes del Frente Amplio. En la interna de la coalición hay acuerdo para que todos los legisladores comprometan su voto.
El diputado Víctor Semproni (Espacio 609), responsable del fracaso de la anulación de la ley interpretativa de Caducidad, dijo a El País que votará el proyecto, porque no supone la anulación.
Por otra parte, la declaratoria de la Asamblea General por la que se pretendía calificar a los delitos cometidos en dictadura como de lesa humanidad, quedó "en suspenso".
El coordinador de bancada del FA en Diputados, José Bayardi, dijo que "por el momento no se tomó ninguna resolución sobre el envío de una declaración. Fuentes de la coalición explicaron que perdió fuerza la idea debido al rechazo del Partido Colorado a acompañarla.
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