Los cinco marinos acusados de abusar de un joven haitiano, declararon este fin de semana ante un juez militar. Los efectivos navales regresaron a Montevideo desde el país caribeño y permanecen bajo arresto e incomunicados. Temen que se agrave aún más la situacion con los cascos azules basados en Haití.
MONTEVIDEO (Texto cortesía diario El País)Durante casi cinco horas, el juez militar Washington Vigliola tomó declaraciones a los marinos, que regresaron a Uruguay el viernes (16 sept 2011) al mediodía, e inmediatamente fueron trasladados a la Escuela Militar (ubicada en la zona de Carrasco) donde permanecen detenidos a rigor e incomunicados. Este fin de semana hubo nuevos interrogatorios.
"El juez Vigliola realizó los primeros interrogatorios, pero todavía falta, y por ese motivo la investigación va a seguir en los próximos días", informó a El País el presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty.
El militar dijo que por ahora no hay una estimación sobre el tiempo que demorará la investigación de la Justicia Militar. "Depende de lo que vaya surgiendo en el curso de los interrogatorios, que pueden dar lugar a que se cite a otras personas, que incluso pueden no estar en el país", explicó.
Por ahora, el juez militar tiene como principales elementos de prueba el video del hecho, la investigación que realizó la ONU y la indagatoria administrativa que llevó a cabo la Armada en Haití, señaló el presidente del STM.
Mientras se extienda la investigación, los marinos acusados permanecerán detenidos en la Escuela Naval. Según indicó Halty, los marinos podrían estar privados de su libertad durante 60 días.
En sus investigaciones preliminares, la ONU como la Armada descartaron que los marinos hayan violado al joven haitiano de 18 años.
El video del episodio donde los cinco marinos uruguayos someten al joven haitiano circuló en internet hace 15 días, pero en realidad el hecho ocurrió entre el 18 y el 20 de julio en el dique de la ciudad de Port Salut, a dos kilómetros de la base naval uruguaya, según la investigación de la ONU.
COORDINACIÓN. Halty dijo que la Justicia Militar ya acordó con la Justicia civil para actuar primero en el caso, de forma de determinar si los marinos cometieron o no un ilícito desde el punto de vista castrense.
Según Halty, la decisión de que primero actúe el juez militar obedece a que fue éste quien primero accedió a la información de los hechos, a través del Ministerio de Defensa.
La semana pasada, la secretaría de Estado presentó una denuncia penal ante el juez Alejandro Guido, quien deberá determinar si los marinos cometieron un delito civil previsto en el Código Penal.
La fiscal Diana Salvo declinó competencia ya que entiende que no es ella quien debe actuar en función de la fecha en la que ingresó la denuncia.
Por eso, su colega Eduardo Fernández Dovat será quien tendría que participar en la investigación. Pero ayer el fiscal no recibió la denuncia, y por eso espera tener acceso al caso la próxima semana.
El juez Guido no fue informado oficialmente sobre el regreso de los marinos denunciados a Uruguay. El juez esperará a que se defina quién será el fiscal que intervendrá en el caso para iniciar la indagatoria.
En la denuncia, el Ministerio de Defensa incluyó los antecedentes administrativos del caso, identifica a los implicados y agregó una copia del video.
La Justicia uruguaya es competente para indagar el hecho según un acuerdo firmado por los países miembros de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) que señala que los delitos que cometan militares extranjeros deben investigarse en sus países de origen.
La semana pasada, el general del Ejército José María Burone viajó a Haití por orden del ministro Eleuterio Fernández de Huidobro, para ampliar la investigación en torno a los marinos uruguayos.
Además, Burone también indagará otros episodios que podrían vincular a militares uruguayos, como intercambio de favores sexuales por alimentos y consumo de marihuana.
SEGUIMIENTO. El jueves, por orden del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el subsecretario general para apoyar las misiones de paz, Anthony Banbury, visitó Haití.
El jerarca dijo que Ban Ki-moon está preocupado por el episodio que implicó a los marinos uruguayos, por lo que quiere asegurar la credibilidad de la investigación.
"Una vez que los hechos se han establecido, tiene que haber un proceso judicial para determinar las sanciones a tomar contra los responsables. Es responsabilidad de Uruguay, y creemos que este país va a cumplir con su compromiso en esta área. Haremos un seguimiento de este proceso y se informará a las autoridades haitianas", dijo Banbury, según publicó el diario haitiano Lenouvelliste.
EN RIESGO DE NUEVA CRISIS
El jefe político de la Minustah, Mariano Fernández, advirtió ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se podría producir una nueva crisis en Haití debido a las tensiones políticas y las precarias condiciones socioeconómicas. Por eso, en su mensaje ante el organismo pidió a la comunidad internacional que mantenga el grado de compromiso con el país caribeño. "La situación en Haití continúa siendo frágil y algunos retrocesos podrían generar una nueva crisis", dijo Fernández, quien subrayó que "la estabilidad futura de Haití y su eventual prosperidad sigue dependiendo de la voluntad política de sus líderes y sus ciudadanos". Fernández recordó que de los fondos económicos prometidos por la comunidad internacional para el período 2010-2011, sólo han sido entregados el 37,8%. Aún viven en campamentos 634.000 personas afectadas por el sismo de enero del pasado año, según datos de Fernández, quien también alertó que la epidemia de cólera es todavía una amenaza a pesar de que ha disminuido algo la cantidad de enfermos.
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