El Frente Amplio (FA) no se siente con fuerza para impulsar una ley que amplíe la prescripción de los delitos de la dictadura más allá del 1° de noviembre, luego del fracaso de la anulación de la ley de Caducidad (amnistía) por la comisión de eventuales delitos durante la lucha antisubversiva en los años 70.
MONTEVIDEO (Texto Cortesía Diario El País) El fracaso de la norma interpretativa que dejaba sin efecto la ley de Caducidad caló hondo en el FA, porque en ese proceso se produjo la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y el alejamiento del senador Jorge Saravia, quien se declaró independiente.
Ahora, luego del anuncio del Poder Ejecutivo de que revocará los actos administrativos dictados en base a la ley de Caducidad, desde el FA se advierte que las heridas generadas tras el naufragio de la ley interpretativa complican la posibilidad de impulsar un proyecto que amplíe la prescripción de los delitos de la dictadura.
"Francamente no veo que el Poder Legislativo pueda tener aliento, energía y capacidad para transitar por una iniciativa del propio Poder Legislativo otra vez", dijo la senadora Constanza Moreira (Espacio 609) en la noche del martes 28 en el marco de una charla organizada por el Partido Socialista (PS) sobre las alternativas frente a la ley de Caducidad.
Moreira opinó que "solo será posible" que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura prospere a nivel parlamentario "si viene del Poder Ejecutivo".
Para la senadora, "si el Poder Ejecutivo lo manda, otro será el posicionamiento de la bancada parlamentaria frenteamplista, porque claro está que no contamos con ningún voto de blancos ni colorados".
En el mismo sentido, la senadora socialista Mónica Xavier, consideró que actualmente la vía legislativa en torno a la prescripción de los delitos "no es la que tiene mayores posibilidades", pero tampoco cerró la puerta a que el tema se plantee más adelante.
"La mejor solución será aquella que obtenga el mayor consenso político. No queremos volver a fracasar y queremos ir avanzando en la lucha por la verdad y la Justicia", expresó Xavier ante unos 30 militantes y dirigentes del PS.
"No podemos arriesgarnos hasta no tener consensos muy bien solidificados", dijo la senadora socialista, quien destacó que a pesar de que el proyecto interpretativo de la Caducidad no fue aprobado, inicialmente en el FA se habían logrado los acuerdos para votarlo.
En otro orden, Moreira informó que un grupo de legisladores del FA envió al Poder Ejecutivo un pedido para que les informe cuáles son los casos que, en función de la decisión judicial, podrían desarchivarse una vez que se revoquen los actos administrativos que ampararon las denuncias dentro de la ley de Caducidad.
"Si nosotros queremos tener alguna capacidad de seguimiento político de lo que está pasando a partir de este acto del Poder Ejecutivo, necesitamos por lo menos un listado de los casos", dijo Moreira.
"GRAN PROBLEMA".
Tras el anuncio formulado por el Poder Ejecutivo el lunes 27 en cuanto a la revocación de los actos administrativos de gobiernos pasados (por los cuales se ampararon en la ley de Caducidad denuncias por crímenes cometidos por militares), el foco se centra en la prescripción de esos delitos.
El decreto anunciado permitiría reabrir más de 80 expedientes judiciales archivados, indicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura prescribirán el próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985 para su juzgamiento.
Después de esa fecha no podrían producirse nuevos enjuiciamientos.
Si bien la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no se pronunció en cuanto a la prescripción, en una reciente sentencia condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravado" y no por "desaparición forzada", como pidió la fiscal Mirtha Guianze.
Ese fallo de la SCJ es lo que avala la tesis de que los delitos prescriben el 1° de noviembre, porque consideró que esos ilícitos fueron delitos comunes y no de lesa humanidad, situación en la cual sí hubieran sido considerados imprescriptibles.
El ex juez y militante del PS Federico Álvarez Petraglia, planteó que la única vía para evitar la prescripción de los delitos es la aprobación de una ley que así lo disponga.
Álvarez Petraglia remarcó que el Poder Ejecutivo, al revocar los actos administrativos basados en la aplicación de la ley de Caducidad, "estaría removiendo los obstáculos" que impiden el avance de las indagatorias, dijo el ex juez en el evento organizado por el PS, en el que también participó el periodista Roger Rodríguez.
El ex magistrado señaló que con esa medida, el Poder Ejecutivo cumple con lo que estableció en el pasado mes de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Álvarez Petraglia destacó el paso dado por el gobierno, pero dijo que "el pequeño gran problema" está en el Poder Judicial, por la no aplicación retroactiva de la figura de "desaparición forzada" y la prescripción de los delitos, para lo que restan solamente cuatro meses.
ley, no. La posición de Xavier y Moreira en cuanto a que el FA no puede volver a fracasar en su intento de dejar sin efecto la ley de Caducidad, también está presente en la comisión interna de la coalición de izquierda conformada luego del naufragio de la ley interpretativa.
Un integrante de esa comisión dijo a El País que con la decisión del Poder Ejecutivo de revocar los actos administrativos "se adelantó bastante", por lo que ahora la intención es seguir trabajando en base a ello porque existe "consonancia".
En la comisión "todavía no hay nada concreto" en torno a la prescripción de los delitos, aunque sí se está analizando el asunto. Se estima que el lunes, en la próxima reunión del grupo, habrá novedades.
"Por ahora no se piensa en hacer una propuesta legislativa. La idea es manejar decretos legislativos y no leyes. No hay propuesta de legislar en torno a la cosa juzgada ni la prescripción", dijo la fuente.
Constanza Moreira: "La Justicia está subordinada al poder político"
La senadora Constanza Moreira opinó que el Poder Judicial debe ser considerado como un poder político del Estado porque, a su juicio, en Uruguay la Justicia está "relativamente subordinada" al mando político.
Moreira sostuvo que el Poder Ejecutivo "es el que manda", mientras que el Poder Legislativo está "bastante subordinado" a él. Y el Poder Judicial "está allá al costado", expresó la senadora al realizar una exposición en la noche del martes 28 en la sede del Partido Socialista.
Por ese motivo, a juicio de Moreira, es claro que el Poder Judicial "escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando".
"El Poder Judicial es un poder político y tenemos que aprender a entenderlo como un poder político del Estado, y no una suerte de poder autónomo. Tenemos una Justicia relativamente subordinada", afirmó la senadora.
Moreira, politóloga de profesión, agregó que "la famosa autonomía de poderes no coloca a los tres poderes en situación de igualdad", sino que el Poder Ejecutivo "es el que manda".
