Los ex “presos políticos” entre 1974 y 1983 cobrarán una pensión mensual de 6 mil pesos si la Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto aprobado el miércoles (13 nov 2013) por el Senado a cambio del apoyo de los senadores kirchneristas para indemnizar a los soldados muertos en Formosa por el ataque de Montoneros a un cuartel, en 1975, según da cuenta hoy un pormenorizado artículo publicado en la revista Fortuna, escrito por su director, Ceferino Reato. El bochornoso tema también fue analizado el jueves (14 nov 2013) por el corresponsal parlamentario del diario La Nación.
Para Reato, fue una negociación política, un “ toma y daca ”, entre el oficialismo y la oposición que permitió la aprobación en la Cámara Alta de esos dos proyectos de ley.
Es decir que ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Carlos Zannini y Juan Carlos Dante Gullo podrán acceder a esa pensión graciable, cuyo monto más que duplica la jubilación mínima ( 2.700 pesos ), señaló el articulista.
“ Todos los llamados presos políticos cobraron ya una indemnización según una ley sancionada en el menemismo y de acuerdo con el número de días que permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, dijo el artículo que agregó que de acuerdo a los cálculos hechos por los presentantes hubo 10 mil “ presos políticos”.
Si el beneficiario ya murió, la pensión podrá ser cobrada por sus herederos, según uno de los párrafos del proyecto de ley, que había sido presentado por un puñado de diputados ultra K como Kunkel, Gloria Bidegain, José Mongeló y Martín Sabbatella.
El proyecto ya había sido aprobado pero Diputados, hacia donde volverá ahora porque el Senado le introdujo algunas modificaciones.
Reato explicó que “se trata de una vieja demanda de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, pero que no lograba consenso entre los legisladores hasta que apareció el proyecto de ley para indemnizar a los diez soldados formoseños, junto con el agente de policía, el sargento primero y el subteniente muertos por Montoneros en el ataque del 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón.”
Este último proyecto fue auspiciado por legisladores del radicalismo formoseño y beneficia a los parientes de esos uniformados muertos, que en su mayoría siguen siendo tan pobres como los fallecidos.
