General Figueroa: “…Porque cuando los pastores miran hacia otro lado frente a sufrimientos tan concretos, la defensa de los derechos humanos pierde credibilidad y la palabra moral se debilita. La dignidad humana no puede ser defendida selectivamente…”
REDACCION TIEMPO MILITAR. Este medio accedió a la misiva enviada por el general de brigada (R) José Luis Figueroa, ex presidente del Foro de Generales Retirados, al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, como motivo del documento “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, fechado el 10 de marzo de 2026. Reproducimos textualmente el contenido:
“Buenos Aires, 20 de marzo de 2026
Monseñor Marcelo Colombo
Arzobispo de Mendoza
Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina
S / D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. con respeto, pero también con profunda preocupación, a raíz del documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina titulado “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, fechado el 10 de marzo de 2026.
Lo hago desde la convicción de que la Iglesia, y en particular sus pastores, están llamados a ser servidores de la verdad, especialmente cuando se trata de heridas históricas que siguen abiertas y dividiendo a los argentinos. Precisamente por ello, considero que el documento citado, aun cuando contiene expresiones valiosas sobre la paz, la fraternidad y la dignidad humana, incurre en una grave insuficiencia histórica, moral y jurídica al presentar el 24 de marzo de 1976 como si fuera el punto de partida de la tragedia argentina, y al omitir además las graves injusticias que todavía hoy se siguen cometiendo en nombre de aquella memoria.
El texto afirma que esa fecha “marcó, en un ambiente general de violencia, el inicio de esa oscura noche en nuestra historia”. Esa formulación, aunque reconoce un clima previo, termina instalando una verdad incompleta, porque relega a un segundo plano la violencia política, terrorista, ideológica y armada que asoló a la Argentina antes del golpe militar, especialmente entre 1973 y 1976.
No puede hablarse con verdad de los años setenta si se omite que la violencia ya se había desatado en plena democracia. Entre 1973 y 1976, la Argentina vivió una espiral de asesinatos, secuestros, atentados, copamientos, extorsiones, enfrentamientos armados y desapariciones que precedieron largamente al 24 de marzo de 1976. Diversos relevamientos registran en ese período aproximadamente 2.300 acciones terroristas o hechos de violencia subversiva y cerca de 700 desapariciones previas al golpe militar. Más allá de las discusiones sobre las cifras exactas, esos datos revelan una verdad sustancial: la metodología de la violencia clandestina, el secuestro, la ejecución ilegal, la desaparición de personas y la represión paraestatal no nacieron con el gobierno militar.
También debe decirse con claridad que la violencia previa al 24 de marzo de 1976 no fue obra exclusiva de las organizaciones terroristas. Junto al accionar de las organizaciones armadas, existieron también —bajo gobiernos constitucionales— formas de represión ilegal impulsadas, toleradas o encubiertas por el propio Estado: estructuras parapoliciales, persecuciones clandestinas, secuestros, asesinatos políticos, desapariciones y acciones ejecutadas al margen de la ley. Por eso, sería históricamente falso afirmar que los métodos ilegales de represión nacieron recién con el gobierno militar. Lo ocurrido después de 1976 no surgió de la nada: fue la profundización, ampliación y sistematización de una degradación previa.
Nada de esto disminuye la gravedad de lo ocurrido después de 1976. Los métodos ilegales y clandestinos son moralmente condenables. Pero precisamente por respeto a la verdad histórica, corresponde afirmar con claridad que el 24 de marzo de 1976 no fue el origen, sino una etapa posterior —más grave por su escala, por su sistematicidad y por la responsabilidad institucional del Estado— de una violencia que ya había desbordado a la sociedad argentina.
Resulta particularmente llamativo que el propio documento invoque la necesidad de una “memoria íntegra y luminosa” y advierta que “mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores”. Precisamente eso es lo que sucede cuando se recorta el proceso histórico, se separan los hechos de sus antecedentes y se ofrece a la sociedad una mirada parcial de una tragedia compleja. No puede haber memoria íntegra si se silencian o relativizan las responsabilidades previas al golpe.
La violencia es violencia, sea ejercida en democracia o en dictadura. El dolor de una víctima no cambia de naturaleza según el régimen político vigente al momento de su muerte. Un asesinato, un secuestro, una bomba o una desaparición no son moralmente menores por haber ocurrido antes del 24 de marzo de 1976. Si la Iglesia quiere iluminar la conciencia nacional, debe hacerlo con una vara moral pareja, sin parcialidades ni recortes.
Hay, además, una cuestión de fondo que interpela incluso el propio título del documento. Cuando se proclama “Nunca más a la violencia de la dictadura”, surge inevitablemente una pregunta: ¿y la otra violencia? ¿Acaso el “Nunca Más” debe limitarse sólo a una de las violencias que desgarraron a la Argentina? Si el rechazo moral es verdadero, entonces debe ser completo. El auténtico “Nunca Más” no puede ser selectivo ni fragmentario: debe ser un “nunca más” a toda forma de violencia política, terrorista, revolucionaria, parapolicial, clandestina o estatal. Nunca más al secuestro. Nunca más a la bomba. Nunca más al asesinato ideológico. Nunca más a la desaparición forzada. Nunca más a la tortura.
Nunca más al terrorismo. Nunca más a la represión ilegal. Y nunca más a una Iglesia que bendiga, de un lado o del otro, caminos de violencia entre hermanos.
También es necesario reconocer, con honestidad histórica, que el quiebre institucional de 1976 no fue un fenómeno caído del cielo ni una irrupción ajena a la sociedad. Fue, en gran medida, la consecuencia de una sociedad desgarrada, exhausta y atemorizada por años de violencia previa, y contó en su momento con un amplio consenso, tolerancia o aceptación inicial por parte de sectores significativos de la dirigencia y de la población, que lo percibieron —equivocadamente— como una posibilidad de restablecer el orden. Reducir toda la tragedia a una sola etapa y a un solo actor no sólo es históricamente insuficiente: también exime a la propia sociedad argentina de la autocrítica profunda que todavía nos debemos.
Pero hay además un aspecto decisivo que no puede ser omitido: si se opta por el camino judicial para revisar aquellos años, no puede hacerse de manera selectiva ni parcial. Juzgar sólo una parte del proceso histórico, dejando al margen la violencia terrorista previa, las desapariciones anteriores, las estructuras parapoliciales y las responsabilidades políticas que incubaron el conflicto, equivale a alterar el equilibrio mismo de la justicia. La Argentina, con enormes dificultades, había encontrado en un momento un camino imperfecto pero orientado a la pacificación: el juzgamiento inicial de responsabilidades y luego una salida política de reconciliación mediante indultos que alcanzaron a los distintos sectores involucrados en aquella tragedia. Sin embargo, años después, ese equilibrio fue roto. Se anularon esos indultos y se reabrió un proceso de juzgamiento selectivo, concentrado casi exclusivamente sobre miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias, mientras quedaban fuera de la misma severidad y del mismo reproche quienes habían protagonizado la violencia terrorista y revolucionaria previa. Y quizá hoy, después de medio siglo, la Argentina debería preguntarse con honestidad si no ha llegado la hora de buscar una solución política integral, verdaderamente reconciliadora y sin espíritu de revancha, en lugar de perpetuar una justicia parcial que divide sin sanar.
Y esa distorsión no pertenece sólo al pasado: continúa en el presente. Mientras se habla —con razón— de derechos humanos, dignidad de la persona y protección de los más vulnerables, no se entiende que los pastores, que invocan esos principios con tanta fuerza, guarden un silencio casi absoluto frente al drama de centenares de ancianos detenidos por causas de los años setenta, muchos de ellos sometidos durante años a prisiones preventivas excesivas, con procesos que se extienden de manera irrazonable, con personas que han pasado más de una década e incluso más de quince años sin condena firme, con enfermos graves sin adecuada consideración humanitaria, con muertes en cautiverio sin sentencia definitiva y con familias abandonadas. Ese silencio duele, desconcierta y compromete moralmente.
Porque cuando los pastores miran hacia otro lado frente a sufrimientos tan concretos, la defensa de los derechos humanos pierde credibilidad y la palabra moral se debilita. La dignidad humana no puede ser defendida selectivamente.
La tragedia argentina de los años setenta no comenzó en 1976, ni puede cerrarse con una verdad fragmentada ni con una justicia parcial. Fue el resultado de una degradación previa, incubada en el seno mismo de la sociedad argentina. Por eso, con respeto filial pero con franqueza, debo expresar que este documento produce tristeza. Porque en lugar de ayudar a sanar desde la verdad, vuelve a encerrar a muchos argentinos en una visión fragmentada, ideologizada o insuficiente de nuestro pasado.
La Iglesia no está llamada a repetir consignas culturalmente instaladas ni a consolidar relatos parciales.
Está llamada a ser columna y fundamento de la verdad. Y la verdad sobre los años setenta exige reconocer todas las violencias, todas las víctimas, todas las responsabilidades y también todas las injusticias presentes que se cometen invocando aquel pasado.
Sin verdad completa no hay memoria sana.
Sin memoria sana no hay justicia auténtica.
Sin justicia auténtica no hay reconciliación verdadera.
Necesitamos pastores que nos ayuden a mirar la historia sin odio, pero también sin mutilaciones; sin espíritu revanchista, pero también sin silencios selectivos; con caridad, sí, pero una caridad inseparable de la verdad y de la justicia.
Porque la mentira nos esclaviza.
Y sólo la verdad completa, la justicia sin selectividad y la misericordia sin parcialidades pueden ayudarnos a ser verdaderamente libres y reconciliados.
Con respeto, y con la esperanza de que la Iglesia argentina contribuya a una memoria auténticamente reconciliadora, a una justicia verdaderamente imparcial y a una paz fundada en la verdad, lo saludo atentamente.
José Luis Figueroa
General de Brigada (R)”
