Editorial publicado por www.lanacion.com.ar
La decisión judicial de investigar el atentado contra el comedor de la Policía Federal en 1976 pone un punto final al ocultamiento de atrocidades terroristas
La bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 provocó 24 muertos y 60 heridos y mutilados
El reciente fallo de la Cámara Federal que ordena reabrir la investigación sobre el mortal atentado, planificado y ejecutado por la organización criminal Montoneros, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal en 1976, constituye un tan esperado como necesario aporte a la verdad acerca de los horrores que la violencia guerrillera produjeron en la república durante la década del 70.
Especial relevancia cobra esta resolución judicial luego del fenomenal despliegue del aparato propagandístico instrumentado por los gobiernos kirchneristas en los últimos veinte años, destinado a reemplazar la verdad histórica por una memoria parcial e ideologizada que abrevó convenientemente en el permanente recuerdo de la brutal represión estatal, escondiendo –cuando no enalteciendo– las atrocidades terroristas que le dieron origen.
La sentencia es lúcida y no se enreda en los obstáculos puestos por las defensas y también por el Ministerio Público Fiscal, que, inexplicablemente, auspició su archivo. Atado a las consideraciones del fallo emitido por esa misma cámara hace cuarenta años en la causa 13/84, seguida contra los comandantes –cuya directriz ha olvidado por completo la Justicia Federal a la hora de juzgar a los subalternos de las fuerzas empeñadas en aquella antigua lucha–, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia se ciñen a una evidencia que resulta irrefutable: el atroz atentado, que provocó 24 muertos, prácticamente no fue objeto de investigación por parte de la Justicia y, tratándose de una “grave violación de los derechos humanos” en los términos fijados por pronunciamientos de órganos internacionales, sus víctimas tienen el derecho a recibir respuestas del Estado acerca de lo acontecido.
El atroz atentado prácticamente no fue objeto de investigación por parte de la Justicia y, tratándose de una “grave violación de los derechos humanos”, sus víctimas tienen el derecho a recibir respuestas del Estado acerca de lo acontecido
La magnitud y la perversidad del atentado, destacadas en el fallo, permanecen vivas en el recuerdo de los sobrevivientes, los familiares de los muertos y también de la institución policial. Como contracara, sus autores materiales e intelectuales, es decir, la cúpula de Montoneros, los responsables de sus fábricas de explosivos y de su aparato de inteligencia, no sufrieron jamás ninguna consecuencia y, en muchos casos, cobraron suculentas indemnizaciones. La resolución tiene además la importancia de comenzar a abrir caminos hacia la verdad, especialmente a las nuevas generaciones contaminadas con el intencionado relato maniqueísta de lo ocurrido en aquellas épocas. No es posible seguir desconociendo que la Argentina vivió –tal como la calificó la mencionada sentencia en la causa 13/84– un escenario de “guerra revolucionaria” que tuvo su origen en la mudanza de la lucha armada durante la llamada “guerra fría” entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, hacia territorios no nuclearizados, comenzando por Corea y luego Vietnam, para trasladarla luego a otras regiones debajo del ecuador. La América Latina toda y el África septentrional fueron sacudidas por la acción de bandas militarizadas financiadas por los soviéticos y entrenadas en Cuba, que reclutaron miles de combatientes entre jóvenes compatriotas que creían ver en el socialismo la salida a la desigualdad social y la pobreza. La organización Montoneros, que pretendió en sus orígenes ser parte del movimiento peronista, terminó sucumbiendo por conveniencia y afinidad ante el terrorismo internacional marxista. Esa doctrina del pesimismo sobre la condición humana y el odio como motor de la historia fue la que inspiró finalmente la multitud de sus crímenes que todavía permanecen impunes en nuestro país.
El fallo de la Cámara Federal constituye un punto final para una época que pretendió ocultar tantas atrocidades, inoculando en la sociedad un espíritu revanchista que obstaculizó el camino a la pacificación.
