POR AGUSTÍN DE BEITIA publicado en www.laprensa.com.ar
El habeas corpus presentado la semana pasada en favor de militares ya ancianos que siguen retenidos en unidades carcelarias expuso no solo la ilegalidad de esas condiciones de detención o la indiferencia de la Justicia hacia los casos más delicados de salud, sino que deja al descubierto la controvertida actuación del fuero federal.
El habeas corpus “correctivo y colectivo” denuncia el incumplimiento de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional y obliga a los jueces a buscar alternativas a la prisión para los internos mayores de 65 años.
COMPORTAMIENTO OMISIVO
Fue presentado en la Justicia nacional porque el fuero federal ha mostrado un “comportamiento omisivo” cuando se trata de atender la situación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y del Servicio Penitenciario, sacerdotes y civiles que tienen más de 70 y hasta 86 años, según los abogados de Justicia y Concordia, una de las doce organizaciones que firman el recurso.
Ese comportamiento omisivo no es novedoso. Desde hace años hay denuncias contra estos procesos por prevaricato, pedidos de juicio político e incluso denuncias penales que no son atendidas, mientras los juicios siguen su curso y se acumulan las condenas.
Un rápido examen sobre las estadísticas judiciales arroja un sesgo negativo hacia estos acusados difícil de ocultar.
Según el último informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre de 2023, desde la reapertura de las investigaciones judiciales que alentó el kirchnerismo, en 2006, fueron juzgadas por crímenes de lesa humanidad 1357 personas, de las cuales 1173 fueron condenadas (86%) y 184 absueltas (13%).
Esto quiere decir que casi 9 de cada 10 personas juzgadas por estas causas son encontradas culpables, lo que se parece mucho a una condena automática.
CONTRASTE
El contraste con otros juicios es notable. Según un estudio de Justicia y Concordia (J&C) de 2018, último que se conoce al respecto, terminaba en sentencia condenatoria el 94,3% de estos juicios, frente a sólo el 5% de las causas por delitos comunes.
Pero el documento de la oficina a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos ofrece otros datos reveladores. Así, por ejemplo, se indica que en estos últimos 17 años desde la reapertura de los juicios son 3.744 las personas que fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal para ser investigadas.
De esas 3.744 personas, hay 1.357 que hasta ahora fueron juzgadas, lo que representa sólo el 36%. Esto augura todavía largos años de procesos por delante.
¿Cuántos años? El análisis de J&C de 2018 calculaba que, a este ritmo, quedaban 28 años para terminar estos procesos, en los que todas las personas que se presentan a declarar pueden luego cobrar indemnizaciones millonarias.
El mencionado sesgo del fuero federal se confirma también al revisar el porcentaje de mayores de 65 años mantenidos en prisión. Según el estudio que venimos citando, hasta el 2018 el 72% de los imputados por estas causas permanecía en unidades carcelarias, frente a sólo el 2% de los imputados de delitos comunes.
PRISIONES PREVENTIVAS
Sobre este punto de las prisiones preventivas, el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reconoce que el 50% de quienes están siendo ya juzgados por lesa humanidad aún no tiene sentencia. Durante el tiempo que duran los procesos, estos imputados son mantenidos en prisión preventiva, a pesar de que la ley 24.390 fija un plazo máximo de tres años.
La razón esgrimida para mantener a muchos en unidades carcelarias es que de otro modo podrían escapar. Un argumento insólito, según los abogados de J&C, que recuerdan que ya hay unos 800 militares, gendarmes y personal del servicio penitenciario que cumplen prisión domiciliaria y nunca hubo un solo caso de fuga.
Esta evidencia positiva es, sin embargo, omitida por la Justicia federal. Y así el promedio de tiempo que pasan en prisión preventiva las personas acusadas de estos cargos es, hoy, de más de 9 años, según el último cómputo de Unión de Promociones (UP). Los que excedieron ya los 3 años de prisión preventiva son más de 500. Entre ellos, 178 llevan entre 11 y 15 años, y 18 llevan más de 16 años.
La edad promedio de los detenidos por lesa humanidad asciende hoy a 76 años. No es extraño que ya hayan muerto 870 personas en cautiverio por estas causas, según la UP. Es lo que el obispo castrense llamó hace poco “fusilamientos biológicos”.
Todo esto, claro, en nombre de los derechos humanos.
