Por Mariano De Vedia publicado en www.lanacion.com.ar
El ministro Luis Petri llevó la iniciativa a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en un debate que insumió casi cuatro horas.
A la luz de los momentos de tensión reflejados en la presentación del ministro Luis Petri en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que insumió casi cuatro horas de intenso debate y no estuvo exenta de chicanas, un complejo recorrido legislativo le espera al proyecto del oficialismo para reformar la ley de seguridad interior y habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir ante actos de terrorismo.
“Sáquense las anteojeras de los 70, que les impiden ver la realidad. Esta ley es absolutamente constitucional y necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas”, expresó el ministro de Defensa al defender la iniciativa ante más de 20 miembros de la comisión legislativa, cuyo titular, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) hizo esfuerzos en varios tramos para encauzar el debate.
Petri expuso durante más de dos horas y recurrió a la gimnasia parlamentaria para responder preguntas y reclamos de los miembros de la comisión, que el actual ministro integró durante ocho años. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y de bloques de la izquierda alertaron sobre las indefiniciones para determinar en qué circunstancias un país se encuentra frente a organizaciones terroristas. Recordaron las acusaciones de sectores del Gobierno que acusaron de terroristas a los manifestantes que se movilizaron contra el tratamiento de la Ley de Bases en el Congreso y denunciaron que el proyecto apunta a “desviar la atención de los problemas actuales”.
La vicepresidenta de la comisión, Agustina Propato (UP), planteó las principales objeciones y denunció que el proyecto de Petri busca desmantelar a las Fuerzas Armadas, al correrlas de sus misiónes principales. “Si hay que reforzar el combate contra el terrorismo se es conveniente fortalecer las fuerzas policiales y de seguridad”, dijo la legisladora, autora de un proyecto que va en ese sentido.
“Con la iniciativa del Gobierno se asignan a los militares atribuciones que corresponden a las fuerzas de seguridad. Es un golpe de muerte al corazón de las Fuerzas Armadas”, planteó Propato, quien presentó al ministro un documento con 500 preguntas formuladas por distintos legisladores. Además, transmitió su preocupación por “las políticas de desmantelamiento del complejo industrial de la defensa, los posibles remates de predios militares y el uso del Fondo Nacional de la Defensa para gastos corrientes”.
En la reunión surgieron reproches al oficialismo por la visita de diputados nacionales libertarios a represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31. Entre ellos se encontraban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.
Incluso, ante la ausencia de diputados de La Libertad Avanza, la oposición advirtió que el oficialismo “dejó solo al ministro Petri” en la defensa del proyecto ante la Comisión de Defensa. El proyecto debe pasar, además, por la Comisión de Seguridad Interior y se prevé que la discusión para la elaboración de los dictámenes llevará varias semanas.
Terrorismo y amenazas
“La definición de terrorismo está contemplada en el Código Penal y la República Argentina declaró organizaciones terroristas a Hezbollah y a Hamas. Nosotros no queremos pactar con los terroristas como pactaron con el memorándum con Irán”, asestó Petri, dirigiéndose al bloque kirchnerista. El ministro insistió en que “necesitamos a las Fuerzas Armadas contra el terrorismo, del lado de la gente”.
Y abundó: “Ni yo ni la inmensa mayoría de los argentinos tiene dudas de qué hablamos cuando nos referimos al terrorismo. Tampoco lo tienen los familiares de las víctimas de la Embajada de Israel ni los de las víctimas de la AMIA”.
La propuesta que el presidente Javier Milei envió al Congreso no es acompañada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y es resistida, incluso, en sectores de las Fuerzas Armadas, que alegan temores luego de la experiencia que afrontan con los juicios por delitos de lesa humanidad que aún hoy enfrentan los militares tras la represión de los años 70.
Tercera hipótesis
Al defender la iniciativa, el ministro de Defensa justificó la actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior cuando se pongan en riesgo los “intereses vitales de la nación”, entre los cuales mencionó la soberanía, libertad, la independencia y la integridad territorial. Explicó que la actual ley de seguridad ya prevé la participación de los militares en apoyo de las fuerzas de seguridad y ante casos de conmoción interior, previa declaración del estado de sitio. El Gobierno proyecta ahora incorporar una tercera opción, ante hechos de terrorismo.
El proyecto establece que la eventual intervención de las Fuerzas Armadas deberá ser solicitada por el Comité de Crisis constituido para enfrentar la amenaza del terrorismo o del crimen organizado. Fija que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal, dicho Comité de Crisis “podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armada realicen acciones para el restablecimiento de la seguridad interior.
La intervención de los militares podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detenciones en flagrancia. En el requerimiento se deberán especificar “las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. Además, se prescribe que “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales”.
También dispone que las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones previstas, con el fin de obtener “las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento”.
“Podríamos haber hecho un DNU (decreto de necesidad y urgencia) y modificar la reglamentación actual, pero queremos que este Congreso, que en su momento dictó las leyes de defensa nacional (1988) y de seguridad interior (1991), nuevamente discuta y debata el accionar de nuestras Fuerzas Armadas en relación a la agresión del terrorismo y del narcoterrorismo”, argumentó el ministro Petri.
