República Argentina: 9:09:46pm

Solo así se recuperará el real estado de derecho y el pleno respeto por la constitución y las leyes en su conjunto.

Por Dr. Gonzalo Miño, publicado en www.prisionerosenargentina.com

Hace algunas horas, el Ministro de Justicia de la Nación anunció que auditará todos los pagos y pedidos realizados con motivo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado. Ello, motivado en que se han encontrado serias irregularidades en esos trámites, pues gente con documentos adulterados y mediante testigos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas; percibiendo por ese reclamo más de 150 mil dólares.

La auditoría en cuestión será sobre un total de 7.996 indemnizaciones, además del caso de 14.400 personas exiliadas.

Nada nuevo bajo el sol, si se tiene en cuenta que este fraude se ha venido denunciando desde hace tiempo y hasta hay una causa judicial, que duerme el sueño de los justos, en el Juzgado del Dr. Ariel Lijo, justamente el elegido por el oficialismo como candidato a integrar el Máximo Tribunal. En la misma se denuncia el pago de indemnizaciones a terroristas asesinados por su propia organización o que murieron en circunstancias no contempladas en las leyes reparatorias. Esto también debería ser auditado por el Ministerio de Justicia de la Nación.

En efecto, ello ya fue puesto en evidencia en el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, del periodista José D’Angelo; tremendo golpe al relato de los desaparecidos, que fue ninguneado por la casi toda la clase política y hasta prohibida su presentación en la Biblioteca del Congreso de la Nación en marzo de 2023.

Como decía el genial negro Olmedo: “si lo vamos a hacer…. vamos a hacerlo bien…”, es decir, si el gobierno nacional va a auditar el pago de indemnizaciones por el tema de los derechos humanos, debe revisar caso por caso, llegando hasta las últimas consecuencias en caso de detectarse una estafa.

Decimos esto, porque quien cobró fraudulentamente una indemnización por ese concepto, seguramente declaró en un juicio, pues ello es condición indispensable para el pago; juicio donde seguramente algún militar o policía resultó condenado por ese caso.

Entonces, no basta con revisar y detectar el pago fraudulento, sino también hay que revisar si como consecuencia de esa estafa un inocente resultó condenado penalmente por este ilícito. ¿Lo hará el Ministro de Justicia de la Nación? ¿Tendrá las agallas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias?

Y es que acá no solo está en juego las arcas del Estado, que tanto le preocupa al gobierno, sino también la recta administración de justicia, que también debería preocuparle a los nuevos gobernantes.

A su vez, comprobada la estafa, se debe investigar la responsabilidad de los funcionarios que ocuparon cargos relevantes en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ese momento, como de sus abogados; pues ellos tenían la misión de chequear la veracidad de la información que aportaba la persona. Como que también se debe investigar qué papel tuvieron los organismos de derechos humanos, pues los mismos a través de sus abogados u abogadas representaban a esa gente en los reclamos indemnizatorios, convirtiéndose luego en querellantes en las causas judiciales donde se investigaba el caso y donde de seguro salieron condenados los que resultaron acusados. Preguntamos sinceramente, ¿no es esto una verdadera asociación ilícita?

Justamente, auditar los pagos y pedidos realizados en el contexto de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, es solo la “punta del iceberg”, dado que bajo la superficie se esconde una espeluznante maquinaria técnica y legal para estafar al Estado y condenar militares y policías. Por ello también se deben auditar todos los juicios llamados de lesa humanidad.

Así, la ciudadanía tomará real consciencia de como en circenses juicios, aclamados por una furibunda minoría disfrazada de muchedumbre, se condena a inocentes de lo que se los acusa, mediante testigos que mienten descaradamente y aportando documentación apócrifa, ante la pasmosa pasividad y complicidad del Poder Judicial de la Nación. Ni hablar de que se caerá la burda mentira de los 30.000 mientras se mantiene invisibles los muertos por las organizaciones terroristas, algo que políticos y jueces se niegan a hablar y reconocer.

Está claro que de esta actual judicatura nada se puede esperar, nunca reconocerá haber cometido estos obscenos “errores”, más aún cuando sabe en su íntimo fuero de estas barbaridades, las cuales consintió con tal de complacer al poder de turno y no perder así los astronómicos sueldos que perciben y ni sus impúdicos privilegios que insólitamente aún detentan. Tanto, que se ha cansado de rechazar los recursos de revisión planteados por las defensas, cuando los mismos eran notoriamente procedente ya que las condenas se sustentan en prueba descaradamente adulterada y falsa.

Esperemos, no aparezcan los habituales voceros de los organismos de derechos, disfrazados de periodistas, a decirnos que solo buscamos impunidad. NO “MUCHACHES”, SOLO BUSCAMOS LEGALIDAD Y TRASPARENCIA. ¿SI TAN CONVENCIDOS ESTÁN DE QUE TODO FUE PERFECTAMENTE LEGAL Y EN DEBIDA FORMA, ACOMPAÑEN ESTAS AUDITORÍAS Y REVISIONES, CUÁL SERÍA EL PROBLEMA? ¿No son los paladines de la verdad? ¿O prefieren saciar su sed de venganza aunque se viole groseramente la ley?

Tampoco vengan con la “zaraza” de que esto busca como finalidad un indulto. Dejen de mentir. Se reitera hasta el hartazgo, solo se busca legalidad y trasparencia.

No nos cansamos de decir, con gusto se les demostrará todas las aberraciones jurídicas -las cuales son tantas que me llevarían muchos artículos exponerlas- que se cometen en esos juicios, con video y documentación incluida. Se les dará cátedra al respecto. Pero nada, nunca “recogieron el guante”. Indudablemente no aceptan ni quieren escuchar la verdad.

Una vez más, no se pide ni se mendiga nada, tan solo se reclama verdadera JUSTICIA y que se acabe con esta ignominia, para recuperar definitivamente el real Estado de Derecho y el pleno respeto por la Constitución y las leyes en su conjunto. Solo eso.

 

 

 

 

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