Desde hace 20 años, cuando se reabrieron las causas fenecidas por hechos ocurridos hace medio siglo durante la guerra revolucionaria de los 70, el Estado argentino decidió someter a los acusados al desamparo de los derechos mínimos fundamentales, creando un sistema paralelo y discriminatorio negándoles los derechos que se le reconoce a cualquier otro justiciable.

El Gasoducto Néstor Kirchner, la empresa Aerolíneas Argentinas y las inversiones de YPF en Vaca Muerta han sido utilizados por el Gobierno para hacer publicidad previa a las elecciones. El mensaje en común es la soberanía, como máximo atributo de la nacionalidad. Y, en la Argentina, soberanía es sinónimo de Patagonia.

Dentro de las “trampas legales” que montó la Justicia Federal para juzgar por lesa humanidad al personal militar que participó en la guerra antisubversiva sucedida en la Argentina,  sobre todo entre 1974 y 1983, se encuentra el desconocer la “obediencia debida” como eximente de responsabilidad penal del militar que cumplía órdenes de sus superiores, con la gravedad, en esta interpretación judicial, de que este principio es pulverizado en el nivel de Oficiales Subalternos y Suboficiales, quienes en el ámbito castrense son los que menos posibilidades tienen de revisar las órdenes dadas por sus superiores. 

Estimados Camaradas y Amigos

Luego del chequeo y ratificación de información que continúa siendo recibida, la Unión de Promociones lamenta tener que confirmar -con carácter retroactivo- los fallecimientos de 5 (cinco) Presos Políticos, según el siguiente detalle: 

Desde hace demasiados años ya, el Estado argentino viene siendo responsable de una persecución contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios, sacerdotes y funcionarios de la Justicia que participaron en la lucha contra la subversión marxista en los años 70.

Con motivo del proyectado traslado del monumento al general Julio A.Roca en Bariloche, surgen nuevamente las críticas a la campaña y los intentos de cambiar la historia.

El juez Rafecas entendió que no había mérito ni para procesar ni para sobreseer a los funcionarios; en cambio, el fiscal Stornelli apeló la medida al entender que faltaron a sus deberes para preservar los bienes del Ejército y reclamó procesarlos.

El gobierno nacional acaba de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regula el régimen del personal militar. Los dirigentes opositores Eugenio Burzaco, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert calificaron la iniciativa como un nuevo intento de chavización de las Fuerzas Armadas con el propósito de politizarlas para ponerlas al servicio de los intereses del oficialismo.

El martes pasado, 1º de agosto, se reavivó el recuerdo, al cumplirse 45 años de la bomba que le quitó la vida a Paula Lambruschini, amiga de Lau, mi hermana.

En una feria en Washington, en marzo, el embajador argentino en EE.UU. celebró la llegada de la inversión; ahora el ministro Jorge Taiana pide su “cancelación y suspensión definitiva”.