En el país de la libertad, nadie que aspire al cargo de procurador general de la Nación puede seguir manteniendo –como ocurre hasta ahora– la política instaurada por su extitular Alejandra Gils Carbó, que niega excarcelaciones, detenciones domiciliarias o libertades condicionales a personas por el solo hecho de estar acusadas de delitos ocurridos en los años 70.