Al tiempo en que se empeñan todos los recursos del Estado para repoblar las cárceles con ancianos ex jefes militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de delitos durante la guerra antisubversiva –pese a que no pocos de ellos están privados de su libertad desde hace años sin proceso formal, juicio ni menos aún condena- pareciera ser que las instituciones castrenses de la República se han convertido en meras reparticiones administrativas donde –como infelizmente suele ocurrir en cualquier ente público- las sospechas de corrupción abren preocupantes interrogantes que, hasta el presente, nadie se esfuerza por aclarar.