La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un pedido para reabrir una causa en las que estaban acusados el periodista Horacio Verbitsky y el fundador de Montoneros Mario Firmenich, por un atentado ocurrido en 1976 en el que murieron 23 personas. Los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo consideraron que dicho crimen está prescripto y no puede ser considerado como de "lesa humanidad".

Así quedaron absueltos no sólo Firmenich y Verbitsky, sino también los restantes acusados Laura Silvia Sofovich, Marcelo Kurlat, Miguel Ángel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Victoria Pastoriza, informaron fuentes judiciales. José María Scheri, uno de los querellantes de la causa, anticipó a Perfil.com que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El atentado. La Superintendencia de Coordinación Federal estaba ubicada en Moreno 1417, en el barrio porteño de Balvanera, a pocas cuadras del Congreso de la Nación y del Departamento Central de Policía. Desde el gobierno de Onganía funcionó como uno de los principales cuerpos de represión. Durante la dictadura fue sede de grupos de tareas activo y centro clandestino de detención.

El 2 de julio de 1976, José María Salgado, un ex agente de la policía que había ingresado a Montoneros, ingresó al edificio gracias a su vieja placa policial. En su bolso llevaba una "bomba vietnamita" con 9 kilos de explosivos y perdigones; a las 13 la dejó bajo un asiento, tapada con su abrigo y se retiró. A las 13.20, la bomba explotó en el comedor del edificio, donde había alrededor de 100 personas. Unas 20 fallecieron en el acto, y 3 murieron días después a causa de las lesiones.

Horas después, Montoneros emitió un comunicado adjudicando el hecho al pelotón de combate “Sergio Puiggros”. Como represalia, según denunció la CONADEP, unos 50 de detenidos-desaparecidos vinculados a Montoneros fueron asesinados entre el 3 y 7 de julio. Salgado fue "abatido" el 3 de junio de 1977.

Los periodistas Horacio Verbitsky y Rodolfo Walsh (detenido y asesinado por la dictadura el 25 de marzo de 1977) fueron acusados como autores intelectuales del crimen. En 2007, la jueza María Romilda Servini de Cubría sobreseyó a los imputados, por considerar que "es equivocado" sostener que el delito sea de lesa humanidad. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal porteña.