Nos referíamos ayer a la decisión del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, de trasladar la estatua del general Julio Argentino Roca, ubicada en el Centro Cívico de Bariloche, a una barranca más cercana al lago Nahuel Huapi en la que ya se ubica otro conjunto escultórico.

Desde hace 20 años, cuando se reabrieron las causas fenecidas por hechos ocurridos hace medio siglo durante la guerra revolucionaria de los 70, el Estado argentino decidió someter a los acusados al desamparo de los derechos mínimos fundamentales, creando un sistema paralelo y discriminatorio negándoles los derechos que se le reconoce a cualquier otro justiciable.

El Gasoducto Néstor Kirchner, la empresa Aerolíneas Argentinas y las inversiones de YPF en Vaca Muerta han sido utilizados por el Gobierno para hacer publicidad previa a las elecciones. El mensaje en común es la soberanía, como máximo atributo de la nacionalidad. Y, en la Argentina, soberanía es sinónimo de Patagonia.

Dentro de las “trampas legales” que montó la Justicia Federal para juzgar por lesa humanidad al personal militar que participó en la guerra antisubversiva sucedida en la Argentina,  sobre todo entre 1974 y 1983, se encuentra el desconocer la “obediencia debida” como eximente de responsabilidad penal del militar que cumplía órdenes de sus superiores, con la gravedad, en esta interpretación judicial, de que este principio es pulverizado en el nivel de Oficiales Subalternos y Suboficiales, quienes en el ámbito castrense son los que menos posibilidades tienen de revisar las órdenes dadas por sus superiores.