Desde hace demasiados años ya, el Estado argentino viene siendo responsable de una persecución contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios, sacerdotes y funcionarios de la Justicia que participaron en la lucha contra la subversión marxista en los años 70.

El juez Rafecas entendió que no había mérito ni para procesar ni para sobreseer a los funcionarios; en cambio, el fiscal Stornelli apeló la medida al entender que faltaron a sus deberes para preservar los bienes del Ejército y reclamó procesarlos.

Con motivo del proyectado traslado del monumento al general Julio A.Roca en Bariloche, surgen nuevamente las críticas a la campaña y los intentos de cambiar la historia.

El gobierno nacional acaba de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regula el régimen del personal militar. Los dirigentes opositores Eugenio Burzaco, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert calificaron la iniciativa como un nuevo intento de chavización de las Fuerzas Armadas con el propósito de politizarlas para ponerlas al servicio de los intereses del oficialismo.