El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006 fueron condenados el miércoles (18 mar 2015) a dos años y a un año y ocho meses de prisión en suspenso, respectivamente por "incumplimiento de deberes de funcionario público". Además Rótolo deberá hacer un curso de 50 horas de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Los dos exmilitares estaban acusados por el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew (Chubut). El fiscal federal Fernando Gelvez y la querella que encabeza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían para ambos dos años de prisión, en suspenso para Rotolo y de “cumplimiento efectivo” para Godoy, según lo informó el sitio de noticias del Poder Judicial, cuyo texto se reproduce a continuación.
A un mes de iniciado el debate, a el juez federal Sebastián Casanello dio a conocer el veredicto y destacó la altura del debate y la conducta de las partes. Los fundamentos de la sentencia se darán el miércoles de la semana que viene.
El caso tuvo su puntapié en 2006 cuando el cabo Carlo Alegre escribió un correo electrónico al CELS y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. En 2012, trece marinos fueron condenados por estos hechos, ahora llega a su fin el juicio que tiene al banquillo de los acusados a quienes habrían dado las órdenes.
Godoy y Rótolo estaban acusados por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar”. En esos registros hay seguimientos, entre la década del 90 y hasta 2006, a las organizaciones que cada 24 se convocaban para denunciar el golpe, a referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas, por ejemplo, y también a funcionarios locales, provinciales y nacionales, como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré o el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Los pedidos de penas
“Lejos estaban los imputados de querer corregir deficiencias en el sistema de Inteligencia”, dijo Rodrigo Borda a cargo de sostener la acusación de la querella junto a su colega Lucía de la Vega. Durante los alegatos, el abogado recordó que dos años después de haber asumido la jefatura de la fuerza, en 2005, Godoy firmó el “Plan Básico de Inteligencia” y que, aún sin que llegara a entrar en vigencia trabajó en un nuevo reglamento de Contrainteligencia para reemplazar el de 1975, que llevaba la firma del represor Emilio Massera.
En esos documentos, por ejemplo, la “propaganda” era definida como “cualquier argumento o noticia que agrupada pretende influir en la Armada”. En el plan de 2005, por ejemplo, establece las llamadas "amenazas asimétricas" provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste”, cuya inteligencia explicó la querella está vedada a las Fuerzas Armadas. Y se convirtió en la puerta de entrada que vigilaran ilegalmente a la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, entre otros grupos.
En el caso de Godoy, tanto la querella como la fiscalía pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Para Rótolo, si bien sugirieron que la sanción quede en suspenso, requirieron que sea obligado a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública” y a realizar, durante cuatro años, una actividad no remunerada en una institución de bien público”.
“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Borda. Y, durante su alegato ante titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7, mencionó que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”. Además de solicitar la condena, pidieron que los documentos de Inteligencia secuestrados en la base cuando se inició esta investigación, se envíen a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados "sobre todo por quienes fueron víctimas”.
