Se trata del general de división Horacio Mauro, quien había sido desplazado de su cargo para que pueda ser ubicado en ese lugar el general Mario Chretien, recomendado del general Martín Balza y considerado más afin a los intereses del Gobierno.
El General de División Horacio Mauro demandó al Estado – Ministerio de Defensa para que declare la nulidad de toda resolución que vulnere el decreto 737/03 por el que fuera designado, Subsidiariamente requirió la indemnización correspondiente por el cese incausado como Director del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. El militar actuó en su reclamo bajo el patrocinio letrado del abogado Juan Luis García Solòrzano.
Entre los fundamentos señaló que mediante el decreto 231/05 que resolvía el cese como Director del IAF, mediante un acto administrativo carente de fundamentación lo que constituyó un exceso del Ministerio de Defensa y del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, siendo su decisión arbitraria y viciada de nulidad absoluta e insanable por las razones puntualizadas y detalladas en la demanda.