Una resolución de la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenando a los jefes de la Gendarmería y Prefectura Naval para que “suspendan los efectos” ocasionados por el cumplimiento de sentencias judiciales que equiparan a activos y retirados por orden de la Corte Suprema de Justicia (casos Salas y Borejko), pareciera ser la punta de lanza en una nueva estrategia gubernamental, ahora poselectoral, tendiente a impedir el cumplimiento de la Ley de Personal Militar y Fuerzas de Seguridad.
La disposición de la ministra (resolución 1066) de fecha 30 de octubre, establece, además, la creación de una comisión especial para analizar los reclamos de equiparación de haberes formulados judicialmente por retirados, señala la necesidad de “estimar el impacto en el Tesoro Nacional” que tales erogaciones implican, al tiempo que abre las puertas a una salida “jurídico legislativa” al tema.