Bajo el título “Milani y la investigación sobre sus bienes”, el diario La Nación, en su principal editorial del martes (13 ene 2015) sostuvo que “parece difícil esperar que la objetividad y la independencia prevalezcan en la procuradora (Alejandra) Gils Carbó a la hora de analizar el patrimonio del cuestionado militar

El texto del editorial es el siguiente:

Alejandra Gils Carbó , la hiperoficialista procuradora general de la Nación, tendrá una nueva oportunidad de mostrar la real utilidad de la flamante Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec), por ella creada y que funciona en el Ministerio Público. La prueba de fuego obedece a un pedido del fiscal federal Jorge Di Lello a Gils Carbó para que la Ofinec analice los documentos que el cuestionado jefe del Ejército, teniente general César Milani , presentó a la Justicia en una investigación por su presunto enriquecimiento ilícito.

En efecto, a Milani no sólo se lo investiga por la desaparición en 1976 del soldado Alberto Ledo, que podría costarle la prisión, sino también por presuntas inconsistencias entre sus bienes y sus ingresos. En agosto del año pasado, el militar que se ganó la confianza de la Presidenta por su labor como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, fue denunciado por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Solanas por enriquecimiento ilícito y violación de la ley de defensa nacional y de los deberes de funcionario público.

El dato que más llamó la atención en su declaración jurada de bienes es el precio que Milani dice haber pagado en 2010 año en el que se hizo cargo de Inteligencia del Ejército por una importante propiedad en el barrio La Horqueta, de San Isidro, de 1150 metros cuadrados. Según el militar, habría pagado un millón y medio de pesos, pero el valor de mercado ascendería a 2,6 millones de pesos. Antes de mudarse a la casa de La Horqueta, donde realizó ampliaciones y refacciones como una cascada y un parque con especies exóticas, Milani, su esposa y sus tres hijos vivían en un pequeño departamento en el barrio porteño de Belgrano.

Además, en 2010, declaró contar con 1.494.610 pesos, cifra que se incrementó en 2011 a 1.785.889 pesos, a pesar de que su salario mensual sólo aumentó de 14.000 a 15.000 pesos en igual período.

En su momento, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido habían pedido que se incluyera en las investigaciones patrimoniales a los hijos del militar. Una hija es monotributista y se desempeña en el Ministerio de Seguridad, donde fue contratada en marzo de 2011 y, después, fue incorporada a la planta permanente durante la gestión al frente de esa cartera de Nilda Garré, una de las impulsoras del encumbramiento de Milani.

Ese pedido de investigación fue realizado sobre la base del análisis de la información patrimonial y del expediente de Milani en el Senado. Allí los legisladores pudieron verificar que declaró que durante una década mantuvo a toda su familia con 300.000 pesos, "un ejemplo de frugalidad que haría sonrojar a los generales San Martín y Belgrano", escribieron los denunciantes en su presentación.

Ocaña y Garrido reclamaron entonces que la investigación se extendiera a los hijos del teniente general, pues entienden que podrían actuar como prestanombres de su padre.

Como puede advertirse, pesan sobre el jefe del Ejército fundadas sospechas sobre su pasado y sobre su patrimonio del presente.

La avanzada del jefe del Ejército sobre la causa vinculada con la desaparición del conscripto Ledo en 1976 acaba de tener un nuevo capítulo: Milani intentará lograr la destitución del fiscal Carlos Brito, quien había pedido al juez que lo citara por haber falsificado el sumario en el que se hacía figurar a Ledo como desertor y por haber encubierto su secuestro y posterior asesinato. Para ello, los abogados de Milani presentaron ante Gils Carbó la apertura de un sumario por mal desempeño contra Brito, basado en que el fiscal realizó aquel llamado a declarar encontrándose en trámite un pedido de recusación en su contra.

A ello hay que agregar la abierta profesión de fe kirchnerista del militar y el encolumnamiento de su fuerza tras la política oficial. Cuando asumió, el jefe del Ejército no dudó en sostener que era preciso que las Fuerzas Armadas "acompañen con renovadas ansias el proyecto nacional", cuando es sabido que las Fuerzas Armadas no existen para apoyar políticas partidarias de los gobiernos de turno, sino para ocuparse exclusivamente de la defensa nacional.

También hay que tener en cuenta que fue bajo el mando de Milani cuando Inteligencia del Ejército se ganó la confianza de la Presidenta por presuntamente llevar a cabo labores de inteligencia expresamente vedadas por las leyes a las Fuerzas Armadas. Seguir sacando provecho político de esa grave violación de las normas explica la razón por la cual Cristina Kirchner sigue sosteniendo en su cargo a este militar de pasado oscuro y presente más que dudoso.

A la Argentina le costó mucho esfuerzo y sacrificio superar aquellas etapas en las que las Fuerzas Armadas constituían un factor decisivo dentro de la política nacional. Devolverlas a su función básica de defensa nacional fue todo un logro que, al mantener en su cargo a Milani pese a las sospechas de distinto tipo, la Presidenta retrocede peligrosamente en este campo.

Frente a la decisión presidencial, habíamos afirmado en estas columnas que, al elegirlo para comandar el Ejército, "la Presidenta ha cometido un grave error que puede acarrearle al país muy serias consecuencias".

En este contexto, el pedido del fiscal Di Lello a Gils Carbó para que actúe la Ofinec, obviamente en un marco de objetividad e independencia que debiera regir el funcionamiento institucional, evidenciará, una vez más, en qué medida la lealtad de esta funcionaria al Gobierno puede resultar en una nueva obstrucción en la búsqueda de la verdad y la justicia..