Por unanimidad, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba se declaró incompetente ante el planteo del fiscal general de la provincia, Alberto Lozada, quien solicitó el lunes último la indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, según lo informó en la tarde del jueves (19 dic 2015) en su edición digital el diario La Nación, en un informe fechado en esa capital provincial.

 El pedido del fiscal se dio en el marco de la causa que investiga el secuestro, en 1977, de Ramón Olivera, quien denunció que fue sacado de su casa de La Rioja por ocho personas, entre las que habría estado Milani.

 El hombre fue trasladado a una cárcel de esa provincia, donde dijo que fue torturado y, tres días después, tirado en la puerta de su vivienda, de donde se llevaron a su hijo Ramón Alfredo. Para Lozada había pruebas suficientes de que Milani acompañó a Olivera al Juzgado Federal donde recibió amenazas y advertencias y a la prisión, donde fue torturado.

 El requerimiento de citación alcanzaba también a ex policías y militares (todos retirados) y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. Lozada había calificado a las pruebas de "útiles, pertinentes y válidas". Por las torturas que recibió Olivera padre quedó hemipléjico y murió tiempo después sin haberse recuperado. El hijo fue enviado a una cárcel de La Plata, donde su detención fue blanqueada.

 El tribunal integrado por Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro consideró que es abstracta la apelación de la querella a la nulidad dictada por el juez de La Rioja, Daniel Piedrabuena, y también analizó que el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa debe ser resuelto por ese juzgado..