Con motivo del proyectado traslado del monumento al general Julio A.Roca en Bariloche, surgen nuevamente las críticas a la campaña y los intentos de cambiar la historia.

El juez Rafecas entendió que no había mérito ni para procesar ni para sobreseer a los funcionarios; en cambio, el fiscal Stornelli apeló la medida al entender que faltaron a sus deberes para preservar los bienes del Ejército y reclamó procesarlos.

El gobierno nacional acaba de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regula el régimen del personal militar. Los dirigentes opositores Eugenio Burzaco, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert calificaron la iniciativa como un nuevo intento de chavización de las Fuerzas Armadas con el propósito de politizarlas para ponerlas al servicio de los intereses del oficialismo.

El martes pasado, 1º de agosto, se reavivó el recuerdo, al cumplirse 45 años de la bomba que le quitó la vida a Paula Lambruschini, amiga de Lau, mi hermana.

En una feria en Washington, en marzo, el embajador argentino en EE.UU. celebró la llegada de la inversión; ahora el ministro Jorge Taiana pide su “cancelación y suspensión definitiva”.

Los ejércitos de Argentina y Brasil unieron fuerzas en Arandú, un ejercicio combinado que apunta a fortalecer los vínculos entre ambas naciones en materia de cooperación militar, con el fin de defender los intereses de la región como también a prepararse para actuar de manera conjunta ante un potencial invasor.

“PETICIÓN

Dra Patricia Bullrich

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Preocupados por la persecución sin fin de muchos de nuestros Camaradas deseamos expresarle:

El proyecto del intendente de esa ciudad, Gustavo Gennuso, proponía sacarlo del Centro Cívico de esta ciudad y ubicarlo sobre las barrancas que dan al lago Nahuel Huapi; la gobernadora criticó la iniciativa.

Los grandes olvidados de la historia argentina reciente son las víctimas de las bandas guerrilleras que actuaron en la sangrienta década de 1970. Por eso, todo intento por evocarlas y sacarlas del ostracismo merece ser bienvenido y alentado.

El colosal proceso de latrocinio instaurado en la administración Kirchner a través de la obra pública y otros negociados no es menor en significancia al millonario negocio que montaron tras las indemnizaciones a las víctimas de los hechos ocurridos en los 70.