El ex jefe del Ejército, Teniente General ® Martín Balza, volvió a despegarse el miércoles (04 mar 15) de cualquier responsabilidad en el caso del contrabando de armas a Croacia. Culpó a la administración del entonces presidente Carlos Menem de los ilícitos denunciados y afirmó que es obra de “Pícaros, bandidos y corruptos”,el haber instalado en la opinión pública, la idea de que el Ejército fue desmantelado por estas operaciones ilegales.
La aseveración de Balza, publicada en la sección de cartas de lectores del diario La Nación, expresa:
Con relación a algunos artículos publicados en el diario La Nación, referidos al conocido caso de contrabando de armas a Croacia entre 1991 y 1995, en los que se alude "a armamento provisto por el Ejército", para esa ilícita operación, deseo, una vez más, resaltar: está cabalmente corroborado en el ámbito judicial que dicha fuerza ha sido totalmente ajena -y toda persona con estado militar con otrora desempeño en jurisdicción de ella- respecto de la comisión de delito alguno. Por cierto, no incluyo a oficiales que revistaban en la empresa Fabricaciones Militares, inicialmente dependientes de los ministros de Defensa Erman González y Oscar Camilión, y, con posterioridad -a partir de 1996-, del Ministerio de Economía, entonces a cargo de Domingo F. Cavallo. Pícaros, bandidos y corruptos, instalaron en la opinión pública un falso e inexistente desmantelamiento logístico del Ejército Argentino. ¿Podría haber pasado inadvertido un faltante de 60.000 fusiles livianos, 8000 fusiles pesados, 65.000 pistolas, más de 20 cañones de 10 toneladas cada uno, miles de misiles y minas antitanques y antipersonas, y miles de morteros y ametralladoras, entre otro armamento y material? Evidentemente, no. Todo salió de distintas dependencias de Fabricaciones Militares, aparentemente bajo el amparo de decretos "dibujados" del Poder Ejecutivo Nacional de ese entonces, propuestos por los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y la empresa citada. Nada anormal registraron, nunca, los inspectores de la fuerza, generales Jorge Halperín, Juan C. Mugnolo, Carlos Alfonso y Mario Castagneto; ni mis sucesores en la máxima instancia jerárquica, generales Ricardo Brinzoni, Roberto Bendini y quienes los sucedieron. Tampoco lo hicieron los ministros de Defensa Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy, Horacio Jaunarena, José Pampuro y Nilda Garré, entre otros. De ser cierto -lo falsamente aseverado en orden a la entrega de armamento para una operación delictiva-, todos ellos, por acción u omisión, habrían cometido, eventualmente, delitos tales como contrabando agravado de armas, asociación ilícita, encubrimiento, omisión de denuncia, falsificación de instrumento público y otros. Ello no fue así porque nunca existió, tal como se adelantó y fue desentrañado por la Justicia, participación alguna del Ejército en los eventos delictivos de mención; se consignó que, a la luz de lo actuado, se mostraba improcedente asignar responsabilidad institucional.